Mayo empieza con turbulencias para SpaceX. Después del desastre de la plataforma de lanzamiento de Starship, un grupo de asociaciones ecologistas acaba de demandar a la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU por prevaricación. Es decir, por no analizar correctamente el daño ambiental que podía causar el "mayor cohete jamás construido".
El desastre de Boca Chica. El primer vuelo de Starship estuvo lleno de imprevistos. El más llamativo fue que, apenas un puñado de minutos después del lanzamiento y viendo que las fases del cohete no se separaban, SpaceX se vio obligada a destruir el vehículo sobre las aguas del Golfo de México. El más importante, no obstante, pasó casi inadvertido.
Como el mismo Elon Musk reconoció días después, la compañía aeroespacial llevaba meses trabajando en una nueva base de lanzamiento que no estuvo lista a tiempo y, confiados de que la que tenían aguantaría el empuje del SuperHeavy, decidieron seguir adelante. El problema es que no aguantó.
Y la onda expansiva de ceniza, cascotes y arena llegó muchos kilómetros más allá de lo que los informes oficiales más pesimistas previeron que iba a llegar. Más allá de las decenas de vídeos que se viralizaron mostrando los destrozos que causó la explosión, los análisis preliminares sobre la "pulverización" de la base (y la propagación de posibles materiales contaminantes) hizo saltar todas las alarmas.
¿Y ahora qué? La consecuencia más directa es que, como suele ser habitual tras incidentes como este, la FAA suspendió temporalmente el programa hasta determinar el impacto real en la salud de los vecinos, en el ecosistema y en las especies animales de la comarca. Sin embargo, rápidamente empezaron a surgir voces expertas señalando que la FAA era parte del problema.
De ahí la demanda. "El sitio de lanzamiento de Boca Chica de SpaceX está rodeado de parques estatales, de tierras del Refugio Nacional de Vida Silvestre y de un hábitat importante para la vida silvestre en peligro", explicaban desde el Centro para la Diversidad Biológica, uno de los promotores de la demanda.
"Los lanzamientos de cohetes y las explosiones [vinculadas] causan un daño significativo [en los hábitats] a través del aumento del tráfico de vehículos, del intenso calor, del ruido o de la contaminación lumínica de las actividades de construcción y lanzamiento". Por eso no se entiende bien el papel de la FAA en todo este asunto.
Basta con recordar que la agencia exigió a SpaceX que pusiera en marcha toda una batería de casi un centenar de acciones de mitigación del impacto ambiental, pero no ordenó que volviera a hacerse un estudio de impacto ambiental más estricto (pese a que había datos más que suficientes para asumir que el anterior informe estaba desactualizado).
¿En qué quedará todo esto? Lo cierto es que el recorrido judicial de la demanda no está claro, pero en esta coyuntura quizás no sea lo más importante. Porque, en realidad, lo que hace esta estrategia es poner el foco de atención en la FAA y en sus decisiones.
En principio, SpaceX tiene autorización federal para realizar 20 lanzamientos de Starship al año durante los próximos cinco años. Sin embargo, esa autorización está completamente en el aire. Sobre todo, si la FAA se pone realmente seria con el asunto.
¿Cuándo veremos el próximo lanzamiento? No está claro. Hace unos días, Musk decía que la empresa estaría lista para volver a intentarlo en un plazo de entre seis y ocho semanas. Es un plazo que encaja con los tiempo que viene manejando SpaceX y con lo que se comentó justo después del primer lanzamiento.
No obstante, ahora mismo el futuro cercano del "cohete más grande jamás construido" sigue siendo una gran incógnita.
Imagen | SpaceX
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