Isra Fdez
EditorEl fraude eléctrico en Barcelona ha llegado a tal nivel que ya no hay que buscarlo en pisos con plantaciones de marihuana: lo tienes a la vuelta de la esquina, en el súper que abre a las tres de la madrugada para venderte unos tampones o bolsas de hielo. El pasado 29 de octubre, el Ayuntamiento inspeccionó 23 supermercados 24 horas de la Vila de Gràcia y ordenó 11 cierres cautelares, según El Periódico. Nueve de ellos tenían la luz pinchada o alguna otra anomalía en el suministro. Ah, y otros tres tenían plagas.
Operativo con invitados. La actuación, enmarcada en el Plan Endreça, movilizó a un centenar de efectivos: Guardia Urbana, técnicos municipales, Inspecció del Treball, Agencia Tributaria, Policía Nacional y, ojo, la propia Endesa. La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, defendió este enorme operativo porque así permite inspecciones con asesoramiento experto y personal que no pertenece solo al Ayuntamiento.
242 infracciones. Según 3Cat, 99 son de licencias de actividad, 52 de paisaje urbano, 23 de salud pública y otras 23 de residuos. Hay además 10 laborales, cinco de ocupación de la vía pública y 30 tributarias (15 municipales y 15 estatales). Bonet resumió que este modelo está “expulsando al comercio tradicional” y cambiando la identidad de la ciudad. Es la decimoséptima macroinspección en este mismo mandato: desde noviembre de 2023 se han revisado 682 establecimientos, con 5.097 infracciones y 110 medidas cautelares.
Licencias congeladas (algunas). En mayo, el Ayuntamiento suspendió durante un año las nuevas licencias de supermercados 24 horas para frenar el “monocultivo” que denunció el alcalde Collboni. Hay unas 1.300 concedidas. Aun así, os puedo garantizar que varios han abierto en las últimas semanas porque los he visto, unos con licencia anterior a la suspensión y otros sin ella, como el de la antigua librería Ona, en Gran de Gràcia, que será clausurado en breve.
Antecedente. En diciembre de 2025, la operación Nihari descubrió que 24 de 26 supermercados inspeccionados en seis distritos, Gràcia incluido, recurrían a electricidad que no pasaba por el contador. El fraude ascendía a 2,85 millones de kWh, el consumo anual de 814 viviendas. Muchos eran franquicias de cadenas conocidas y por entonces la Guardia Civil abrió diligencias contra 26 personas.
Del cultivo indoor al escaparate. Hasta ahora, la cara del enganche ilegal era la plantación de marihuana, un tema que en Xataka hemos tratado en varias ocasiones. Según Endesa, una plantación indoor media consume lo mismo que 80 viviendas y, en cinco años, su filial de redes desmanteló la instalación eléctrica de unas 10.600. España concentra el 73 % de las incautaciones de marihuana de la UE, y de ahí salen historias como la de un chalet de Madrid alquilado y convertido en un indoor de 391 plantas, o la de una casa en Castellón comprada sin saber que tenía una plantación dentro.
El problema es que… bueno, que el problema no va a menos. Endesa detectó 72.700 fraudes en 2025, la cifra más alta en cinco años; en Barcelona capital hubo 5.487 casos, 891 más que en 2024. La CNMC calcula que estas prácticas encarecen la factura en unos 150 millones de euros. Y claro, esos euros los pagamos todos.
El algoritmo mira Instagram. Las distribuidoras ya no esperan a que alguien denuncie. e-distribución, la filial de redes de Endesa, usa machine learning y aprendizaje profundo para detectar anomalías y, según eEXcellence, encuentra robo de energía en una de cada dos inspecciones, el doble que en 2017. Hace unos días ya contamos cómo su IA cruzó datos de consumo con vídeos de influencers en 16 restaurantes de Barcelona: locales enormes, repletos en redes y con un consumo ínfimo, que no cuadraba con la afluencia.
¿Iberdrola? Su distribuidora, i-DE, no ha detallado públicamente un caso tan concreto, pero la compañía asegura que lleva más de diez años usando IA, con más de 150 casos de uso. También identifica las pérdidas no técnicas, esas causadas por enganches o contadores manipulados, como un problema que quiere atajar desde su centro de innovación en redes inteligentes. También financió el proyecto FRAC, con el que la Universidad Pontificia Comillas desarrolló un sistema de redes neuronales para detectar anomalías y fraude en los registros de consumo.
Lo que dice la ley. Defraudar fluido eléctrico se castiga con multa de tres a doce meses (artículo 255 del Código Penal), aunque la Fiscalía ya ha criticado que no haya penas más duras. La reforma de 2026 añadió prisión, pero solo para plantaciones de marihuana, así que un supermercado se queda al margen. La distribuidora, eso sí, puede cortar el suministro y facturar con efectos retroactivos.
Porque esto no es una cuestión de porosidad ni una IA entrenada. La IA no ha inventado el fraude, pero está erradicando esa comodidad de quien se pensaba que podía enganchar al vuelo o eludir el contador. Los actuales cierres son cautelares (y las infracciones, presuntas hasta que se resuelvan los expedientes). Lo que está claro es que los esquinados 24 horas con sus máquinas de vending y luz mortecina que no pagan luz tienen los días contados.
Imagen | Flickr
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