España no sabe qué hacer con Uber. Ni con Cabify. Ni con el taxi. La frase es literal: el gobierno central, abrumado por la envergadura política del reto, optó por ceder las competencias en materia de taxi y VTC a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Resultado: dos huelgas simultáneas en Madrid y Barcelona mientras los gobiernos regionales, más pequeños, negocian las nuevas regulaciones.
¿Es así en todos los demás países? Lejos de la excepcionalidad, España ha pasado a engrosar la larga lista de países europeos que no tienen demasiado claro qué hacer con el conflicto latente entre el mundo viejo que no acaba de morir (el taxi) y el mundo nuevo que no acaba de nacer (el VTC). Todos los países, casi sin excepción, se han enfrentado a "guerras" similares, y cada uno ha aplicado soluciones distintas para aplacarla.
Antes de comparar, recordemos el panorama actual en España:
En 2009 se aprueba en el Congreso la Ley Ómnibus que elimina la ratio 1/30: es decir, la obligatoriedad de que haya una licencia VTC por cada treinta taxistas. El colectivo protesta la medida.
Se solicitan miles de licencias VTC, y el estado las tramita, dado que ya no hay obstáculos legales que limiten el número de vehículos privados operando sobre el terreno. El número se dispara hasta las 20.000. En la práctica, habrá un VTC por cada seis taxistas.
En 2015 el gobierno de Mariano Rajoy vuelve a reformar la ley y vuelve a reintroducir la ratio 1/30. Para entonces la situación es, en muchos sentidos, irreversibles. El Supremo avala todas las licencias concedidas entre 2009 y 2015. Si el estado quiere recuperar la ratio 1/30, como reclaman los taxistas, debe expropiar. No lo hace.
En 2018 el gobierno de Pedro Sánchez introduce otra reforma de la ley. Se lava las manos y cede las competencias en materia VTC y taxi a las comunidades autónomas y las ciudades.
En la práctica, esto permite a las dos grandes urbes (Madrid y Barcelona) introducir (o anunciar) una nueva licencia para operar dentro de su término municipal. Cabify y Uber requerirán de una doble licencia. Es el instrumento que se reservan los ayuntamientos para recuperar la ratio 1/30. Se vuelve a desatar la huelga durante las negociaciones de las regulaciones.
Y ahora, algunos ejemplos de Europa.
Alemania: prohibición y subcontratas
Alemania ha sido uno de los país más hostiles a la implantación de Uber. La empresa se introdujo en los mercados urbanos del país de forma típica a sus primeros años: colocando un montón de vehículos en las calles y haciendo caso omiso de las regulaciones locales. El servicio UberPop, el más barato, empleaba a conductores autónomos, a menudo sin licencia para el transporte de pasajeros y sin permiso local.
Eso cambió cuando los sectores del taxi llevaron a Uber frente a la justicia. En 2015, un tribunal regional extendió una prohibición local al resto del país. UberPop pasaba a mejor vida.
Taxistas en huelga hoy en Madrid. (Victor J Blanco/GTRES)
Uber siguió desplegando sus servicios de lujo, y cuando afrontaron problemas, optó por empezar de cero. Ya no emplea a trabajadores "independientes", sino que subcontrata a compañías profesionales dedicadas al transporte de pasajeros. Todas ellas cuentan con licencia y permiso administrativo, y cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por las ordenanzas municipales. De momento, sólo Berlín y Múnich cuentan con servicios.
El actual gobierno de Angela Merkel ha declarado su intención de legislar a nivel nacional para dar cobertura legal a empresas como Uber.
Francia: Estado y enfrentamientos
En Francia la dinámica fue muy similar a la alemana. Uber aterrizó en el país en 2014, e introdujo su servicio UberPop sin consultar a las administraciones locales. De igual modo, y por emplear a conductores individuales sin registrar y sin licencia para transportar a pasajeros, las autoridades comenzaron a limitar su actividad. En 2015 UberPop moría para siempre en Francia: Uber necesitaría de conductores licenciados.
Taxistas franceses en huelga en 2016. (Christophe Ena/AP)
La decisión francesa fue respaldada años después por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que delegó todas las competencias en materia de transporte a los estados miembros. Uber argumentaba que sólo ofrecía un servicio intermedio, contactando a usuarios y transportistas. Francia defendía que, muy al contrario, Uber era el servicio de transporte en sí mismo. Y que por tanto debía someterse a la regulación estatal.
En el camino, cosas típicamente francesas: los taxistas se levantaron en armas y causaron serios disturbios en París, atacando a los vehículos de la aplicación (cuando no prendiéndoles fuego). Uber ha seguido operando bajo mínimos y utilizando a conductores con licencia. No sin problemas: los tribunales franceses han reconocido, además, que los conductores de Uber son sus trabajadores, y no empleados subcontratados.
Reino Unido: el gran dilema londinense
Habla de Uber en Reino Unido es hablar de Londres. Es uno de los mercados más grandes de la compañía y una de sus primeras conquistas. La ciudad recibió con los brazos abiertos a la aplicación en 2012, sin mayores cortapisas, pero las circunstancias han ido cambiando poco a poco.
A las continuas protestas y parones iniciados por los taxistas locales en 2014 le siguieron diversos intentos regulatorios tanto por parte de Boris Johnson como de Sadiq Khan. Londres logró adecuar a Uber a la mayor parte de estándares municipales, implementando nuevas regulaciones y licencias para sus nuevos conductores. La situación llegó a un punto de no retorno en el verano de 2017: la ciudad le retiró la licencia para operar.
Taxistas en huelga en Londres, en 2014. (Sang Tan/AP)
¿Los motivos? Variados. Pese a que Uber operaba con licencia, Londres juzgaba insuficientes sus garantías para circular por la vía pública. Las numerosas denuncias a sus conductores por acoso, la presión de los colectivos taxistas y el tráfico acrecentado del centro de la ciudad jugaron un papel clave. Uber logró revocar judicialmente la prohibición en junio de 2018. Tiene hasta otoño de este año para extenderla.
Uber ha afrontado problemas idénticos en York o Brighton. De funcionar sin mayores problemas a perder su licencia. De forma paralela y al igual que en Francia, la empresa ha perdido la batalla contra los trabajadores: son suyos y tienen derechos laborales.
Dinamarca: batalla sin cuartel
Dinamarca ha sido uno de los países que con más fiereza ha batallado a Uber desde su llegada a Copenhague en 2014. A finales de aquel año las autoridades iniciaban una doble vía, una judicial y otra policial, para investigar y penalizar las posibles infracciones cometidas por Uber. Desde el gobierno la respuesta fue clara: Uber operaba sin licencia, cuestión inasumible dentro del ordenamiento legal danés.
Las barreras fueron continuas. En 2016 un tribunal declaraba ilegal el funcionamiento de Uber en Dinamarca. Más aún: multaba a un grupo de seis conductores que habían funcionado sin licencia en Copenhague, extendiendo la batalla a la empresa y a sus irregulares empleados. Un año más tarde y agotada la vía legal, Uber anunciaba el cierre de sus operaciones en Dinamarca. El estado había salido victorioso en su pugna.
Aún hoy algunos conductores están siendo multados por la justicia por transportar pasajeros sin licencia durante el tiempo en que Uber estuvo operativo. La compañía quiere volver, eso sí.
Italia: escasas licencias VTC
Al igual que la mayoría de países europeos, Italia prohibió UberPop, el servicio que logró popularizar a la aplicación en Estados Unidos, en cuanto tuvo la ocasión. Sucedió en 2015. El juez esgrimió argumentos familiares: al delegar en conductores no profesionales y sin licencia de transporte, Uber estaba compitiendo de forma ilícita con el sector del taxi. Si quería entrar en el negocio, debería hacerlo de otro modo.
(Núcleo Editorial/Flickr)
Uber (y el resto de servicios similares) optó entonces por el mismo camino que España: las licencias VTC. De igual modo, estas son potestad del ayuntamiento, que ha congelado virtualmente la expedición de licencias durante el último lustro. Uber, por tanto, funciona con una flota más pequeña que el colectivo del taxi (en contraposición a Londres, donde el mercado es más libre) y sólo mediante servicios específicos (con licencia).
La empresa bordeó la total prohibición el año pasado cuando una asociación de taxistas le llevó a los tribunales, de nuevo, por competencia desleal. Uber perdió el juicio en Roma, pero ganó el recurso en segunda instancia. Como resultado, recibió un espaldarazo legal para seguir operando tanto en Roma como en Milán (las dos ciudades donde ha obtenido el suficiente número de licencias, no más de 1.000, para funcionar).
Portugal: regulación a favor del VTC
Uno caso excepcional. Tras cuatro años sumergidos en un limbo legal, los servicios de Uber, Cabify y Taxify (empresa estonia similar a la española) entraron en la legalidad portuguesa por la puerta grande. En julio del año pasado el Congreso aprobaba la "Lei de Uber", una regularización profunda del mercado del taxi. Todas las compañías obtendrían derecho a operar libremente si cumplían unas determinadas condiciones.
(Flickr)
¿Cuáles? El estado se asegura el 5% de cada carrera realizada por los conductores, un tipo impositivo muy superior al de los taxistas portugueses. Las tres compañías VTC tendrán que contratar a sus empleados (no bastará la figura del autónomo). Los conductores se atendrán a un horario semanal regulado por el estado (es decir, no podrán hacer horas sin límite). Y, además de la licencia, tendrán que superar un cursillo de conducción específico (como los taxistas).
La aprobación de la ley, entre huelgas estridentes, incidentes violentos y rupturas parlamentarias, fue extremadamente polémica. Pero entró en vigor en noviembre tras ser sancionada por el presidente de la república. La legislación no impone ratios ni limita el número de VTC a circular (Portugal tenía pocos taxis, en comparación a España), lo cual ha motivado amargas quejas por el sector del taxi. Es una liberalización parcial.
Finlandia: liberalización total
Por último, merece la pena hablar de Finlandia. Al igual que Dinamarca, el país impuso severas restricciones al funcionamiento de Uber en Helsinki (la única ciudad donde ha operado). La compañía aterrizó en el país mediante su procedimiento habitual: lanzando UberPop y operando mediante conductores sin licencia para entrar en el mercado sin cortapisas. En 2016, dos años después de su llegada, la justicia lo prohibió.
Desde entonces Uber ha tenido que valerse de licencias alternativas, al igual que en el resto de Europa. En 2017 anunciaba una paralización total de sus operaciones en Finlandia. ¿El motivo? El parlamento nacional estudiaba una reforma integral del sector del taxi, con miras a su aprobación en verano de 2018. Dicho y hecho: Finlandia cortó el conflicto por lo sano y liberalizó la industria del taxi.
Los aspectos más relevantes del texto se pueden leer aquí (en inglés): se introdujo una licencia única para todos los conductores, certificando su entrenamiento específico y su capacidad para ofrecer un buen servicio; se eliminaron las ratios, permitiendo en la práctica que haya tantos taxis como el mercado sostenga; se liberalizaron las tarifas; se tumbaron las limitaciones geográficas y horarias; y se permitió la entrada de otros tipos de vehículos.
El estado ahora vela por el correcto funcionamiento de la industria y del mercado, como hace en tantos otros sectores. La expedición de licencias está sujeta a una serie de condiciones, supervisadas por la administración. Pero en la práctica Finlandia acabó con el mercado regulado y dio vía libre a Uber y a otras aplicaciones. Es, hasta la fecha, la victoria más resonante de las VTC en toda Europa.
Imagen: Víctor J Blanco/GTRES
