Guerra abierta en Madrid y Barcelona. El fracaso de las negociaciones entre organizaciones taxistas, ayuntamientos y empresas VTC ha derivado en una agria y conflictiva huelga indefinida. Los colectivos taxistas han cortado diversos puntos de acceso a las dos principales ciudades españolas y se han enfrentado a representantes públicos, fuerzas del orden y, muy especialmente, conductores de VTC.
Es decir, al objetivo de sus protestas: Cabify y Uber. Las escenas de boicots, atropellos involuntarios (o provocados) y destrozos de vehículos (con su conductor dentro) se han repetido en ambas ciudades entre ayer y hoy. Y amenazan con prolongarse de forma indefinida.
¿Por qué? De fondo, el conflicto que ya ha paralizado en otras ocasiones las principales urbes del país: quién puede o no puede transportar a gente de un punto a otro de la ciudad. El sector del taxi ha presionado a los ayuntamientos para limitar el número de licencias VTC (la famosa ratio 1 por cada 30 taxis) y también ha exigido que los servicios deban reservarse con horas de antelación. De momento, sin demasiado éxito.
Esto es intolerable. No se puede acosar ni mucho menos agredir a nadie que simplemente está trabajando. Y los usuarios tienen perfecto derecho a elegir si se desplazan en taxi, VTC o lo que quieran. Libertad y respeto, no imposición ni violencia. pic.twitter.com/Gas3syFAA8
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de enero de 2019
En esencia, es una lucha por el monopolio del sector. Una en la que el rol de los partidos políticos será clave y que, de forma similar a los chalecos amarillos en Francia, amenaza con saltar por encima de las tradicionales líneas ideológicas. La mejor prueba es la posición antagonista que ha tomado Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, era rodeado hoy por una turba de manifestantes taxistas a su llegada a Madrid.
¿Qué opina cada uno? Las posiciones de las formaciones son claves. De momento las decisiones sobre el sector han quedado en manos de las autonomías y muy especialmente de los ayuntamientos, tras la cesión voluntaria de competencias por parte del estado central. La lucha entre el taxi y los servicios VTC es un gigantesco problema político que, a escala nacional, los partidos han dejado de lado. Esto opinan, grosso modo, al respecto.
Partido Popular: vuelta a la ratio 1/30
El PP tiene una posición de relativa comodidad en el conflicto: en 2015, el gobierno de Mariano Rajoy reformó la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y reintrodujo la ratio 1/30 (una licencia VTC por cada treinta dedicadas al taxi). Aquella ratio, hoy reivindicación fundamental del sector del taxi, había quedado anulada en 2009, y había permitido seis años de relativa liberalización en la que se solicitaron miles de licencias.
Una vez más, podemos estar orgullosos de lo que hicimos anteriormente. Frente a las soluciones que aprobamos, con el consenso de todos, para el sector del taxi y VTC tenemos enfrente a un Gobierno incompetente que en vez de resolver problemas los crea. #HuelgaTaxis pic.twitter.com/16YSnKZzef
— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 30 de julio de 2018
Pablo Casado pide algo simple: volver a la reforma de 2015. Según él, es la mejor forma de ahorrar movilizaciones y conflictos en las calles. El problema es más profundo: las miles de licencias concedidas entre 2009 y 2015 no pueden ser expropiadas (el Supremo las avala: desde 2015 no se han concedido nuevas) y la ratio es ya 1/6. El actual gobierno trató de solucionar esto reformando la ley, y delegando en las CCAA.
Para Casado, "la situación estaba arreglada" gracias al PP, y el PSOE la ha "roto".
PSOE: una posición complicada
A nivel nacional, la doctrina del PSOE también ha sido simple: es cuestión de las autonomías. A priori, la reforma del año pasado debería haber sido una gran victoria para el taxi. El ministro de Fomento, Ábalos, prometió la recuperación de la ratio 1/30 a cambio de parar las tumultuosas movilizaciones del verano. En la práctica el gobierno no podía reinstaurarla (sobre el terreno ya no existe), así que se lavó las manos.
Resultado: desde el gobierno, el PSOE ha optado por delegar en los gobiernos autonómicos y municipales. Las ciudades tendrán que regular la situación de las VTC. ¿Y qué opina en Madrid y Barcelona? En la capital, ya en la oposición, pide "regular" las licencias mediante ordenanza municipal (aunque no especifica cómo). Su sesgo es pro-taxi.
En Barcelona, el PSC apoyó la iniciativa de Colau para reintroducir la ratio 1/30 con un permiso específico del ayuntamiento para las VTC (sin la cual no podrían operar, pese a contar con la licencia nacional). Jaume Collboni, líder socialista en la ciudad, ha reclamado una protección "especial" para los taxistas, dado su carácter de "servicio público", y una "regulación claramente diferenciada" para Uber y Cabify.
Unidos Podemos: nítido apoyo al taxi
Rotundidad en favor del taxi. Podemos e Izquierda Unida han sido muy vocales en su oposición a empresas como Cabify o Uber, a quienes consideran un paradigma de la "uberización" de la economía (empleos precarios y con escasas garantías laborales sobre los que se propulsan servicios telemáticos y a la carta). Ambos defienden las "más de 100.000 familias" a las que sostiene el taxi y siempre han apoyado sus movilizaciones.
Podemos ha sido particularmente agresivo en su relato sobre el taxi. Ha acusado a Cabify de no pagar impuestos en España y de tener la sede fiscal en Delaware. La campaña contra la empresa derivó en una demanda de la compañía, CEO de la misma, contra la formación, acusada de difamación y "daño al honor".
Pablo Iglesias respondió a la denuncia de Cabify mediante una larga carta en la que plasmaba de forma explícita su apoyo al colectivo del taxi y su oposición frontal a la desregulación del sector. Podemos ha producido vídeos en los que se ha dirigido a ambas empresas de forma muy explícita, tomando una posición tan nítida como llamativa. En Madrid, ha planteado, vía Ahora Madrid, la doble licencia para VTC (cumpliendo la ratio 1/30).
Ciudadanos: por la liberalización
Sólo un partido se ha mostrado favorable a la causa de Cabify, Uber y otras empresas que puedan operar mediante licencias VTC: Ciudadanos. Lo ha hecho defendiendo desde un primer momento una liberalización del sector y el fin del monopolio del taxi. Ciudadanos votó en contra del decreto planteado por Ábalos en octubre y ahora, en plena huelga, sigue defendiendo la imposibilidad de "poner puertas al campo".
Sigo pensando hoy aún más que ayer que los ciudadanos tienen derecho a elegir si se desplazan en taxi, VTC o como quieran. (3/3) pic.twitter.com/9OxMj15fBb
— Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de enero de 2019
Se refiere a la llegada irreversible de otro modelo de transporte interurbano. No por casualidad ha sido Albert Rivera el único líder político acosado por los manifestantes taxistas. Tanto Ignacio Aguado como Begoña Villacís como Toni Roldán han defendido en abierto la necesidad de un marco regulatorio equilibrado, que genere una "competencia leal y en igualdad de condiciones". Y por supuesto que las licencias ya existentes se queden.
De ahí que Cs también reclame la recuperación de la competencia por parte del gobierno central, a quien acusan de dejación de funciones. "¿Alguien piensa que esto se soluciona dejando que Colau o Carmena?", llegó a declarar Rivera. Aquí coincide con el PP en la necesidad de una "ley nacional", pero sus objetivos difieren de forma notable. La liberalización casa bien con las bases ideológicas del partido, y es una rara avis dentro del Congreso.
Los dos grandes ayuntamientos
Medidas similares. Barcelona es el que tiene más terreno recorrido: Ada Colau logró que la mayoría de grupos municipales se sumaran a su propuesta de reintroducir la ratio 1/30 para la ciudad. La alcaldesa siempre se ha mostrado partidaria del sector del taxi, declarando que "no podemos permitir que por una grieta legal se aprovechen las plataformas digitales y pretendan invadir con miles de vehículos nuestras ciudades".
Desde el año pasado, el Área Metropolitana de Barcelona exige una licencia extra a los conductores de Uber y Cabify. Sin ella, no pueden circular por la ciudad. Es la forma en la que el ayuntamiento aspira a recuperar la ratio 1/30. Contó con el apoyo de PSC, ERC, CUP y PDeCAT.
El Govern, por su parte, tiene otros problemas. El decreto sobre las licencias VTC planteado por Damià Calvet aspira a complementar las regulaciones desarrolladas por el AMB y toca un aspecto crucial tanto para Cabify y Uber como para el taxi: el tiempo previo requerido para reservar un servicio VTC. El ejecutivo catalán lo ha fijado en 15 minutos. El taxi quiere más. Cabify y Uber, lógicamente, quieren menos.
La ruptura de las negociaciones entre todas las partes es lo que ha provocado que la huelga se extienda por cinco días en Barcelona, paralizando la ciudad. ¿Cuál es la posición de Colau y su gobierno? Una intermedia: una hora de reserva previa para solicitar un VTC. El Govern ya ha anunciado que si no se paraliza la huelga y se negocia sin "chantajes" aprobará su decreto tal y como está.
En Madrid la pelota está en el tejado del gobierno autonómico. El taxi ha logrado arrancarle a la comunidad una victoria: los VTC tendrán que circular desde aquellas ciudades que hayan expedido su licencia. Es decir: un coche registrado en el municipio de Madrid podrá llevar a un cliente desde el centro de la ciudad a Alcorcón, pero no podrá realizar un servicio con destino y llegada en Alcorcón. Era una de las peticiones del taxi.
Ahora bien, hay un problema: la comunidad no quiere regular la precontratación, como sí hará el Govern. Es el motivo por el que no se ha desconvocado la huelga. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid, está a la espera. Inés Sabanés ha apoyado introducir una doble licencia similar a la de Barcelona que recupere la ratio 1/30 (aunque su viabilidad judicial es incierta). El consistorio está apoyando al colectivo del taxi.
Para ello, ha abierto un periodo de consultas públicas entre la ciudadanía. Pero es probable que apruebe una regulación similar a la de Colau antes de que se agote la legislatura. En ambos casos, las ciudades están utilizando la competencia regulatoria cedida por el gobierno para limitar el alcance de Cabify y Uber.
Imagen: Víctor J Blanco/GTRES
