Eva R. de Luis
Editor SeniorEn 1940, Costa Rica era un auténtico vergel: el 75% del país estaba cubierto de bosque tropical. En 1987, esa cobertura forestal se había desplomado hasta apenas un 21%. Casi medio siglo de devastadora deforestación que puede ser la sentencia de muerte para biodiversidad. En la era del cambio climático, poca broma con la desertificación. Sin embargo, el país centroamericano decidió ponerse manos a la obra y en poco más de 30 años consiguió dar marcha atrás con éxito: hoy más de la mitad de su territorio vuelve a ser bosque.
Adiós a la selva en medio siglo. ¿Qué pasó desde los años 40 hasta los 90 para que la selvas de Costa Rica se redujeran tanto? Básicamente, la expansión ganadera y agrícola. La FAO lo concentra en el mercado internacional de la carne, más concretamente en la producción de carne bovina, así como de algunos productos agrícolas como el banano, el café y el cacao.
Cobertura Forestal de Costa Rica desde 1940 hasta 1997. FONAFIFO y Edgar Ortiz
El volantazo ambiental de Costa Rica. El motor del cambio fue la Ley Forestal N.º 7575, aprobada en 1996, que prohibió talar bosques sin la autorización del estado y después introdujo el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). En pocas palabras: pagar a quienes poseen la tierra por su conservación (o mejor dicho, su reforestación).
Según el organismo encargado de su administración, FONAFIFO, en 20 años ha destinado 524 millones de dólares y ha salvado más de un millón de hectáreas de bosque, aproximadamente la quinta parte del país. No obstante, también se dieron otros factores como el crecimiento del ecoturismo, el abandono de tierra, el éxodo rural o la caída de los precios de la carne y el consecuente abandono de tierras.
Simple pero efectivo. Esta normativa implicaba un cambio de paradigma respecto a lo habitual: en lugar de prohibir y castigar, se diseñó la conservación como un incentivo económico. La pregunta del millón: ¿cómo se financió? Principalmente con un ecoimpuesto a los combustibles fósiles, más concretamente a las compañías petroleras. En la actualidad este ecoimpuesto genera 26,5 millones de dólares anuales.
El mecanismo del PSA es sorprendentemente simple: quien posee la tierra inscribe su parcela en FONAFIFO, que la inspecciona, mapea y clasifica. Después, les ofrece un contrato que dura entre tres y 15 años en función de la especie, la actividad (no es lo mismo proteger el bosque que reforestar) y si la parcela está en un corredor biológico o en una cuenca para abastecimiento. Según el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), desde su creación el programa ha intervenido 1.472.544 hectáreas (el 30% del territorio) y ha movilizado unos 750 millones de dólares, que han ido a parar a 21.000 personas propietarias de parcelas.
Portada | Etienne Delorieux
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