Dos meses y medio dan para mucho. Concretamente, para erigirse como uno de los referentes europeos antixenófobos que se reúne con Alemania y Francia para llevar la batuta política a defender un discurso más intransigente incluso que el del Gobierno anterior.
Así han cambiado los gestos y los hechos del Gobierno de Sánchez con respecto a los inmigrantes desde la entrada del Aquarius, recién estrenando cargo, hasta la llegada de los subsaharianos que han agredido a los agentes fronterizos la semana pasada.
Junio: el fervor humanitario y el retorno de la socialdemocracia
12 de junio: “Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Derecho Internacional". Son las palabras del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dando instrucciones para permitir que España acoja a los 600 del Aquarius rechazados por Italia.
13 de junio: al día siguiente la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, matiza que no quiere sentar “un precedente”. Sólo ha sido una “respuesta humanitaria” forzada por las leyes internacionales, y que España no podrá hacerse cargo de todos los inmigrantes que quieran entrar. La advertencia no importa mucho, ya que el gesto del día anterior pone a Sánchez en el mapa simbólico.
14 de junio: Carmen Calvo dice que no descarta derivar a los migrantes del Aquarius a los CIE (aunque finalmente no se cumple).
16 de junio: la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anuncia que Sánchez devolverá la sanidad a los inmigrantes irregulares, después de que el PP la quitase en 2012.
24 de junio: Macron y Sánchez tienen su primera reunión. Defienden su actuación conjunta con el Aquarius (Francia acogió a tantos de sus inmigrantes como España) y anuncian el proyecto de creación de “centros cerrados”, en los que los inmigrantes recién llegados no salgan y una vez allí se decida a quiénes se acoge y a quienes se "acompañaría" a sus países de origen, un eufemismo para designar las expulsiones.
Julio y los nubarrones en la frontera: entradas masivas, salidas calientes
26 de julio: tiene lugar un salto masivo y coordinado de más de 600 subsaharianos en la frontera de Ceuta. En esta entrada se hiere a 22 guardias civiles heridos, varios de ellos con cal viva.
27 de julio: El Ministerio de Interior, presidido por Grande-Marlaska, justifica las devoluciones en caliente de cientos de los subsaharianos que entraron el día anterior. Se asegura que la Guardia Civil cumple la ley y se advierte de que cualquier cambio normativo tendrá que ser a escala europea.
30 de julio: el Ministerio del Interior refuerza la plantilla de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta con 20 nuevos agentes.
30 de julio: el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ratifica que no existe ni en Europa ni en España un problema masivo con la inmigración, tampoco del proveniente de Marruecos. "Esto no es mass migration".
Agosto: mano dura para el desafío migratorio
2 de agosto: el Ministerio del Interior inicia los trámites para expulsar a 15 de los 630 migrantes que llegaron a España en el Aquarius después de que expirara el permiso de estancia temporal que se les dio cuando llegaron.
12 de agosto: España es ya oficialmente el país que más inmigrantes recibe, superando a Italia, según datos de Acnur. Merkel y Sánchez se reúnen en Doñana y acuerdan reforzar el eje antixenófobo en la UE. Quieren meter más dinero europeo pero también dicen estar “tratando de desbloquear fondos europeos para dar más medios a Marruecos”, como dice Sánchez.
13 de agosto: el Aquarius rescata a 141 nuevos migrantes. En un primer momento el Gobierno no se quiere hacer cargo del desembargo, ya que, como aseguran desde Moncloa, a España no le corresponde hacerse cargo. "España no es el puerto más seguro porque no es el puerto más cercano según lo establecido en el derecho internacional", dicen. En junio España tampoco tenía los puertos más seguros para la llegada del Aquarius.
13 de agosto: el Gobierno decide seguir adelante con el recurso que el Ejecutivo de Rajoy presentó ante Estrasburgo contra la decisión de Europa de condenar a España por dos devoluciones en caliente en 2014. El último recurso de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Derechos Humanos reproduce argumentos del Ejecutivo de Rajoy para justificar la expulsión express en Melilla de dos inmigrantes. Es un gesto del Gobierno de Sánchez que acepta de forma implícita que este tipo de devoluciones son correctas en algunos casos.
15 de agosto: después de que se alcanzasen acuerdos comunes con otros cinco países la vicepresidenta Carmen Calvo afirma que España acogerá a 60 nuevos migrantes del Aquarius.
22 de agosto: más de 100 inmigrantes saltan la valla de Ceuta y hieren a siete agentes con cal viva. Es un suceso muy similar al vivido el pasado 26 de julio.
23 de agosto: pese a lo sucedido el día anterior Grande-Marlaska declara el compromiso del Gobierno de reemplazar las concertinas de esta frontera y la de Melilla por otro sistema menos lesivo. Los agentes declaran que llevan años buscándose fronteras menos dañinas sin éxito, y fuentes oficiales de Interior admiten que aún no hay fecha para que se produzca ese reemplazo.
24 de agosto: el Gobierno desempolva el “acuerdo de Corcuera”, un convenio de hace 26 años para expulsar a 116 de los migrantes entrados por Ceuta el mes pasado. Ni Zapatero ni Rajoy habían activado con éxito este acuerdo, y mucho menos para expulsar en templado a tanta gente. “No vamos a consentir la inseguridad de nuestras fronteras. Esta no es una manera aceptable de entrar a nuestro país”, manifiesta Carmen Calvo, quien enfatizó e insistió en la violencia y agresividad de los migrantes para justificar la aplicación de la medida.
27 de agosto: Según Alfonso Sánchez, jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta, Grande-Marlaska le dijo desde Madrid: “¡Les quiero fuera ya!”.
28 de agosto: la Guardia Civil detiene a 10 de las 602 personas que entraron el mes pasado. Se les acusa de atentado a agentes de la autoridad, pertenencia a organización criminal y daños "por organizar y dirigir la intrusión masiva y violenta" de aquel día.
20 de septiembre: entonces tendrá lugar el próximo consejo europeo informal sobre inmigración. El antiguo plan de Bruselas pedía la sanción económica dura de los países que no aplicasen sus compromisos de acogida, pero al fracasar esta medida (sobre todo por la acción de Italia y Hungría) se buscará una nueva fórmula más matizada. Se volverá a tratar de repartir las cargas de un modo menos agresivo pero con un proyecto sobre la mesa que implique más inversión por parte de todos los socios.
