En Asturias hay más de 300 profesores de asturiano y tienen un problema: llevan años esperando a una oposición que no existe

  • El Ministerio de Educación reformará tres reales decretos para que las lenguas con protección legal, pero sin cooficialidad, tengan especialidad docente propia

  • El cambio no crea plazas ni hace obligatoria la asignatura: deja que unos 300 interinos opositen a una plaza fija

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Isra Fdez

Editor

Antes de preguntarnos si se habla mucho o poco asturiano, empecemos por una historia: una noche de marzo, un grupo de profesores de asturiano durmió en el gimnasio de un colegio de Gijón. Los acompañaban sindicalistas de CCOO y SUATEA. Salieron a primera hora del viernes con la misma situación con la que entraron: sin plaza fija. Algunos encadenaban contratos desde hacía 40 años. No perdieron ninguna oposición, porque ni siquiera había. La especialidad que los ampara no existe.

La iniciativa

La asignatura arrancó en 1984 en media docena de escuelas, como optativa. Desde la ley de 1998 todos los centros deben ofrecerla, pero cada alumno decide si la cursa. Lo que nunca tuvo es especialidad propia. Sus docentes la reclaman desde hace 42 años. Mientras tanto, los interinos cubren con contratos temporales una necesidad permanente. Lo admite hasta el texto de la reforma.

En el último curso hubo 318 docentes: 295 de asturiano y 23 de eonaviego, la variedad del occidente que la ley de 1998 llama gallego-asturiano. Otro recuento de marzo daba 332. Como fuera, la matrícula subió: más de 30.000 alumnos, un 34% más que el curso anterior, empujada en parte por Infantil.

La frase

El real decreto de Secundaria solo prevé especialidad propia para las lenguas de comunidades con lengua cooficial. Hay que tocar además el de Maestros y el de las Escuelas Oficiales de Idiomas. La reforma abre la lista a las lenguas no oficiales con protección legal. El Ministerio se apoya en el artículo 3.3 de la Constitución, que protege la riqueza de las modalidades lingüísticas, y en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. España la ratificó en 2001 e incluyó en su declaración a las lenguas que los estatutos protegen.

La cuestión es que un real decreto no pasa por las Cortes: todavía faltan el informe del Consejo de Estado y la aprobación del Consejo de Ministros. Después llegará el turno del Principado: un único decreto para asturiano y eonaviego y, a partir de ahí, las convocatorias.

El pulso de un año

Durante meses, el Ministerio respondió que no: el asturiano no es lengua oficial. Solo el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano podían ser especialidad. En julio de 2025, tras la huelga docente de mayo y junio, el Principado firmó el pacto Asturias Educa y se comprometió a pedir el cambio. En diciembre, los profesores fueron al Defensor del Pueblo. 

En febrero, el parlamento asturiano aprobó reclamarlo y el PP acusó a Barbón de vender humo. A finales de marzo, decenas de docentes se encadenaron ante el Ministerio, en Madrid. En mayo hubo otro encierro, esta vez en la Consejería. El 9 de julio, con Milagros Tolón ya en el cargo, llegó el acuerdo. La ministra lo presentó como un gesto de respeto a la diversidad lingüística del país.

Qué cambia

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Nada para el alumno: la asignatura sigue siendo voluntaria. Para el profesor cambia casi todo. Podrá presentarse a oposiciones para una plaza en propiedad. Tendrá además un marco propio de selección, provisión y movilidad. Barbón lo plantea como un problema laboral: la interinidad prolongada contraviene, dice, el Estatuto Básico del Empleado Público. El decreto lo formula en términos de gestión: acceder a las plazas por el cauce ordinario, cubrir vacantes y sustituciones, planificar las plantillas.

Y la especialidad no oficializa nada: sirve justo para las lenguas que no lo son. Pero ahí está la pelea. El artículo 4 del Estatuto protege el asturiano y promete promover su enseñanza, con aprendizaje voluntario. Oficializarlo exige reformar el Estatuto con 27 de los 45 votos de la Junta General. En junio de 2025, la propuesta sumó 22 votos, con 21 en contra. El 23 de septiembre, Barbón propuso que la reforma fuera una de las primeras leyes de la próxima legislatura.

Dos cuentas

Los docentes ya existen y ya cobran, así que lo que ha cambiado es su contrato. El gasto visible está en otro sitio. El Principado presupuestó 5 millones para llevar la lengua a Infantil, con un centenar de docentes, y aprobó una estrategia de 245 medidas hasta 2030. Cultura destina 415.320 euros a los servicios de normalización de 36 concejos, que abarcan el 60% de la población. El presupuesto autonómico de 2026 es de 6.993 millones.

Vox hace una cuenta distinta. Estima que el Principado gasta al menos 55 millones de euros en promover la lengua y que la oficialidad costaría 250 millones al año. Acusa al Gobierno de colar esa oficialidad por vía indirecta. En 2024, la Academia de la Llingua, defensora de esa oficialidad, calculó 25 millones anuales, 14 más que la inversión de entonces en normalización. Gobierno y sindicatos hablan de otra cosa: derechos laborales de un colectivo que sostiene una enseñanza protegida por el Estatuto.

Más allá de Asturias 

La norma habla de lenguas no oficiales con protección legal. La ministra citó también otras lenguas protegidas por ley, y crear la especialidad le tocará a cada comunidad que así lo quiera. El leonés encaja: el Estatuto de Castilla y León le promete protección específica. En 2022, la consejera de Educación juzgó imposible enseñarlo: faltaban una gramática oficial y profesorado titulado.

Leoneses

En 2023, el Procurador del Común pidió a la Junta financiar su enseñanza, con una recomendación del Consejo de Europa de respaldo. Desde 2024, la Universidad de León ofreció ‘El leonés en el aula’, un curso de diez euros pensado para entre 10 y 40 docentes. La Junta dota con 70.000 euros al año a la Cátedra de Estudios Leoneses. En diciembre de 2024, PP y Vox tumbaron una moción del PSOE para ofertar la asignatura.

¿Y el aragonés?

Es la única lengua exclusiva de Aragón. Y no la hablan muchos. El último recuento, basado en un viejo censo de 2011, contó 25.556 personas que dicen saber hablarlo, un 1,9% de los aragoneses. Buena parte son hablantes pasivos que lo usan solo en situaciones excepcionales. Se conserva sobre todo en el norte de Aragón, en el área que va de Ansó a Benás, y la UNESCO lo considera una lengua en peligro. El dato tiene ya quince años: el Consejo de Europa pidió a España precisar cuántos lo hablan y el Gobierno de Aragón impulsó en 2023 un estudio sociolingüístico. 

La enseñanza del aragonés arrancó con cuatro maestros en Jaca, Biescas, L'Aínsa y Benasque. Llegó a una veintena de docentes y cerca de 1.500 alumnos en unas 60 escuelas. Hoy quedan unos 20 profesores, interinos desde el curso 1997-1998 y sin opción de consolidar plaza. La Universidad de Zaragoza ofrece en Huesca, desde 2020-2021, un grado de Magisterio con mención en Lengua Aragonesa. La reforma estatal les abre la puerta a una plaza fija, pero no crea ninguna: primero hay que modificar tres decretos y después decide Aragón.

La enseñanza arrancó con cuatro maestros en Jaca, Biescas, L'Aínsa y Benasque. Llegó a una veintena de docentes y cerca de 1.500 alumnos en unas 60 escuelas. Hoy son unos 20 profesores, interinos desde el curso 1997-1998 y sin opción de consolidar plaza. La Universidad de Zaragoza ofrece desde 2020-2021 una mención en lengua aragonesa en los grados de Infantil y Primaria. La reforma estatal les abre la puerta a una plaza fija, pero no crea ninguna: primero hay que modificar tres decretos y después decide Aragón. Aragón ya movió ficha en 2022, cuando sometió a información pública una orden propia para establecer la especialidad. 

El aragonés tiene amparo en el Estatuto y en una ley de 2013, pero, según un estudio de 2021, en los colegios e institutos oscenses su presencia depende de la voluntad de cada centro. Hoy gobiernan PP y Vox, y el pacto que firmaron en 2023 contemplaba revisar la ley de lenguas. En 2024, Vox propuso quitar al aragonés y al catalán la condición de lenguas propias en la ley de patrimonio cultural, y el PP votó en contra. Sobre la especialidad, el Ejecutivo aragonés no se pronunció públicamente, que sepamos. Sumar registró en el Congreso una proposición para reconocerla.

Tic-tac. La consulta pública previa cerró el curso pasado, el 31 de julio. Contado desde el anuncio, el plazo de cinco o seis meses cae entre diciembre y enero de 2027. Después, el Principado necesita su decreto. Hasta entonces, más de 300 interinos siguen esperando.

Imágenes | Unsplash (Stewart Munro) / Pexels (Artem Podrez)

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