¿Podría Europa cubrir parte de sus necesidades energéticas basándose únicamente en la energía solar? Un nuevo proyecto que tiene como objetivo construir una gigantesca planta solar en el Sahara pretende demostrar que sí.
El objetivo de esa planta sería el de producir 4,5 GW de potencia —suficientes para cubrir las necesidades de 5 millones de hogares europeos—, que luego se transmitirían a través del Mediterráneo desde Túnez a la Europa continental.
La obsolescencia programada es una de las grandes condenas de nuestro tiempo. Las máquinas con las que convivimos están mal hechas. Bueno, exagero: están bien hechas, pero parecen estar diseñadas para hacer lo que tienen que hacer durante un periodo específico de tiempo. Tienen fecha de caducidad cuando no deberían tenerla.
Los usuarios finales convivimos con esa pesada carga, y lo hacemos con una mezcla de hastío y expectación. Reparar un producto para alargar su vida es cada vez más complejo, pero eso también nos da la excusa perfecta para acudir a eso que es más nuevo y que promete siempre ser mejor. Esa lucha contra la obsolescencia programada parece imposible de ganar, pero hay quien está luchando contra ella ferozmente.
El Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo ha publicado un borrador que precisamente defiende lo que algunos gobernantes pretenden erradicar: nuestra privacidad.
Lo hace a través de una regulación en la que se recomienda el impulso del cifrado de punto a punto (o de extremo a extremo, E2E) en todas las comunicaciones electrónicas de la UE, además de prohibir el uso de potenciales puertas traseras en esos sistemas de comunicación.
Las webs de descarga han estado jugando con la legalidad en cuanto a la propiedad intelectual al no alojar por sí mismas los archivos. Así lo consideraba la Unión Europea el año pasado, determinando que las webs de descarga no se trataba de algo ilegal, pero ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia que las webs como The Pirate Bay juegan un rol esencial en facilitar que se infrinjan los derechos de autor al "constituir un acto de comunicación publica".
Así, el año pasado el Tribunal se basaba en que éste y otros portales de descargas no tenían ánimo de lucro y que por tanto no era ilegal. Pero la institución ha cambiado de parecer y consideran que hacer que el contenido protegido con copyright esté disponible online y se comparta "puede constituir el que se infrinja el copyright", según detallan en el comunicado.
Las cosas podrían ponerse muy difíciles para Uber en la Unión Europea: uno de los asesores del Tribunal de Justicia de la UE ha indicado que su aplicación móvil proporciona servicios de transporte.
Esa afirmación podría parecer poco relevante, pero lo cambia todo: hasta ahora Uber era considerada intermediaria entre conductores y pasjeros, lo que le libraba de la regulación que afecta a los servicios de transporte. Esas declaraciones no son vinculantes, cuidado: el Tribunal de Justicia normalmente sigue las recomendaciones de sus asesores, pero esto no siempre es así.
Cuando hace casi dos años la Comisión Europea presentaba su plan para el Mercado Único Digital, saltaba la polémica: además del fin del roaming se planteaba una limitación de los bloqueos geográficos y las fronteras "digitales" que ya no existen en su versión física. ¿Y por qué digo polémica? Pues porque a los distribuidores de contenidos no les gustó nada la idea.
Quizá porque se trataba de un "globo sonda" o porque la Comisión no dejó demasiado claro el alcance de su propuesta (hablaban de "tiendas" y dejaba lugar a la especulación), ésta se ha ido debilitando durante el largo camino de su negociación y aprobación. La versión que acaba de aprobar la Unión Europea no incluye nada relativo a lo anterior, y se limita a regular el acceso a contenidos digitales cuando viajas fuera de tu país de origen.
Para nadie es una sorpresa que los robots serán los trabajadores del futuro, en los últimos años hemos visto casos, como los de McDonalds, Tesla, y Foxconn, donde las máquinas sustituirán a los seres humanos. El objetivo de esto es reducir costes y ampliar las jornadas de trabajo, además de eliminar accidentes o 'fallos humanos', entre otros beneficios, y también potenciales problemas.
Como la implementación de robots significará un cambio radical en la forma en la que concebimos el trabajo, algunos gobiernos ya están empezando a plantearse escenarios que pueden aprovechar esta solución. Como es el caso de la Unión Europea, quien el año pasado presentó un borrador para cambiar el estatus de los robots, y que ahora ha sido ajustado para añadir reglas y una serie de derechos y responsabilidades a las que los robots deberán alinearse en caso de que se apruebe.
Hace meses que en el Reino Unido luchan por convertirse en el país con las herramientas de espionaje masivo más poderosas del planeta. Lograron ese dudoso honor hace unos días, cuando la Casa Real británica convirtió en ley la Investigatory Powers Act.
Dicha ley ha sido no obstante repudiada por la Unión Europea, que en dos casos distintos ha sentenciado de forma clara y contundente contra ese tipo de leyes: "los Estados Miembros no pueden imponer obligaciones generales para la retención de datos a los proveedores de servicios de comunicación electrónica". Lo que es legal en Reino Unido no lo es en la Unión Europea.
Con los avances tecnológicos cada vez son más habituales las batallas legales, sobre todo cuando en algunos casos hay una violación de las leyes como ocurre con el reconocimiento facial de Facebook y otros en Europa. Pero ahora la Comisión Europea ha sancionado a Sony, Panasonic y Sanyo con un total de 166 millones de euros por algo que no es nuevo ni mucho menos: las baterías recargables de litio.
La Comisión comunica que ha impuesto esta multa a dichos fabricantes al saberse que éstos habían formado un consorcio o cártel con el fin de establecer acuerdos para coordinar los precios de estas piezas y evitar una competición agresiva en este mercado. Esto habría implicado el intercambio de información sensible acerca de suministros de baterías recargables violando las leyes contra el monopolio de la Unión Europea.
Los tiempos cambian y la adopción de nuevas tecnologías se amplía en diversas disciplinas, sin embargo, aún existen leyes que no están preparadas para dar ese salto. Tal era el caso del préstamo de libros electrónicos en bibliotecas, algo que no tenía una regulación clara, lo que ocasionaba que cada institución implementara sus propias reglas.
Desde junio pasado, Maciej Szpunar, abogado general ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJUE), ha mencionado que el préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas públicas debe equipararse al de los ejemplares tradicionales en materia de protección de los derechos de autor de los escritores. Y hoy finalmente ha sido publicada la sentencia que confirma esto.
