El Grupo Parlamentario español Unidos Podemos ha presentado una Proposición de Ley contra la discriminación del colectivo LGTB y, de llegar a aplicarse, supondría la implementación de sanciones administrativas para personas que manifiesten opiniones en redes sociales como Twitter o Facebook.
Abogados y expertos en derecho digital como Carlos Sánchez Almeida, David Maeztu o David Bravo se han mostrado en contra de esta propuesta y ya hablan de una especie de Ley Mordaza aplicada en este caso al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Lo que dice la Proposición de Ley
En el artículo 94 de la citada Proposición de Ley se consideran infracciones graves (multas desde 501 hasta 10.000 euros) varios puntos relacionados con la libertad de expresión, pero los apartados c) y f) mencionan directamente a las redes sociales:
c) Reincidir en la publicación en Internet o en las redes sociales de expresiones, imágenes o
contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorios por razón de orientación sexual, identidad o
expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias.
f) Difundir en Internet o en las redes cualquier tipo de expresiones, imágenes o contenidos que sean
ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características
sexuales contra las personas LGTBI o sus familias.
¿Qué supondría esto? Según Carlos Sánchez Almeida, multas administrativas que podrían aplicarse si tuiteamos o publicamos contenido en redes sociales potencialmente ofensivo para el colectivo LGTB. Algo que el propio David Bravo resume como una especie de Ley Mordaza para proteger a este colectivo:
El problema que señalan tanto Almeida como Bravo es que un conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos como el que se produce en este caso, "debe ser competencia exclusiva del Poder Judicial", según señala Almeida, y no ser resuelto por la vía administrativa. Es decir, si publicas una imagen o un tuit ofensivo, debería ser un juez quien decida y no un funcionario.
¿Una propuesta inconstitucional?
El de la libertad de expresión en redes sociales no es el único punto polémico de la Proposición de Ley de Podemos, también hay un apartado dedicado a retirar publicaciones de Internet por la vía administrativa. Artículo 96, apartado 4:
4) Ante cualquier infracción, cualquiera que sea su naturaleza, se procederá al decomiso y
destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte
objeto de las infracción administrativas contempladas en la presente Ley o por medio de las cuales se
hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la
comunicación, se acordará-la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de
acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente
los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de
la prestación del mismo.
Aquí Almeida aclara que sólo se podrá acordar el secuestro de publicaciones (inluyendo las de Internet) a través de una resolución judicial y no administrativa:
Por este motivo, el abogado señala que esta Proposición de Ley es inconstitucional porque daría a la Administración un poder que recae legalmente en los jueces.
De hecho, esta medida se ha visto como una manera por parte de Podemos de apartar a los jueces para darle más agilidad al proceso y proteger con más efectividad al colectivo LGTB. El abogado David Maeztu opina que más que apartar a los jueces, sería necesario darles más medios:
Por el momento Podemos no ha hecho ningún comentario sobre esta Proposición de Ley.
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