Hace unas semanas el gobierno de los Estados Unidos impuso limitaciones a la hora de llevar portátiles en ciertos vuelos a EE.UU. El veto inicial que afectaba a países de África y Oriente Medio, apuntaron después, podría extenderse a Europa.
Esos rumores parecen diluirse ahora: la BBC indicaba ayer que responsables de estas medidas en Estados Unidos y en la Unión Europea han decidido ir en contra de tal veto, aunque hay "otras medidas" en consideración.
Hace algunos años saltaron las alarmas de que Facebook y otras redes sociales espiaban a los usuarios recurriendo a las cookies, aunque la compañía en su momento lo negó diciendo que no había venta de la información a terceros y que era por seguridad. Pero desde el CNIL han determinado que el rastreo de cookies de Facebook no cumple del todo la Ley de Protección de Datos.
Este organismo administrativo francés, encargado de velar por la privacidad y de asegurar que se cumpla dicha ley, ha publicado hoy (en francés) que la empresa de Mark Zuckerberg sería penalizada con una sanción de 150.000 euros. El motivo son una serie de violaciones de esta ley, encontradas tras una investigación en la que han participado varios gobiernos.
El Grupo Parlamentario español Unidos Podemos ha presentado una Proposición de Ley contra la discriminación del colectivo LGTB y, de llegar a aplicarse, supondría la implementación de sanciones administrativas para personas que manifiesten opiniones en redes sociales como Twitter o Facebook.
Abogados y expertos en derecho digital como Carlos Sánchez Almeida, David Maeztu o David Bravo se han mostrado en contra de esta propuesta y ya hablan de una especie de Ley Mordaza aplicada en este caso al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
En el artículo 94 de la citada Proposición de Ley se consideran infracciones graves (multas desde 501 hasta 10.000 euros) varios puntos relacionados con la libertad de expresión, pero los apartados c) y f) mencionan directamente a las redes sociales:
c) Reincidir en la publicación en Internet o en las redes sociales de expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorios por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias.
f) Difundir en Internet o en las redes cualquier tipo de expresiones, imágenes o contenidos que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias.
¿Qué supondría esto? Según Carlos Sánchez Almeida, multas administrativas que podrían aplicarse si tuiteamos o publicamos contenido en redes sociales potencialmente ofensivo para el colectivo LGTB. Algo que el propio David Bravo resume como una especie de Ley Mordaza para proteger a este colectivo:
El resumen que me pedís: PODEMOS propone apartar a los jueces con su propia Ley Mordaza pero no pasa nada porque es una mordaza para EL BIEN
— David Bravo (@dbravo) 12 de mayo de 2017
El problema que señalan tanto Almeida como Bravo es que un conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos como el que se produce en este caso, "debe ser competencia exclusiva del Poder Judicial", según señala Almeida, y no ser resuelto por la vía administrativa. Es decir, si publicas una imagen o un tuit ofensivo, debería ser un juez quien decida y no un funcionario.
El de la libertad de expresión en redes sociales no es el único punto polémico de la Proposición de Ley de Podemos, también hay un apartado dedicado a retirar publicaciones de Internet por la vía administrativa. Artículo 96, apartado 4:
4) Ante cualquier infracción, cualquiera que sea su naturaleza, se procederá al decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto de las infracción administrativas contempladas en la presente Ley o por medio de las cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará-la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo.
Aquí Almeida aclara que sólo se podrá acordar el secuestro de publicaciones (inluyendo las de Internet) a través de una resolución judicial y no administrativa:
Artículo 20: Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
— Almeida (@bufetalmeida) 12 de mayo de 2017
Por este motivo, el abogado señala que esta Proposición de Ley es inconstitucional porque daría a la Administración un poder que recae legalmente en los jueces.
De hecho, esta medida se ha visto como una manera por parte de Podemos de apartar a los jueces para darle más agilidad al proceso y proteger con más efectividad al colectivo LGTB. El abogado David Maeztu opina que más que apartar a los jueces, sería necesario darles más medios:
Si el problema es que juzgados no llegan a tiempo resolver los problemas, igual tenemos que darles medios. no quitarlos de en medio, ¿no?
— David Maeztu (@davidmaeztu) 12 de mayo de 2017
Por el momento Podemos no ha hecho ningún comentario sobre esta Proposición de Ley.
En Magnet | Cómo poner a prueba las situaciones más absurdas de la Ley Mordaza por unos cómodos 35.000 euros
Demostrar la poca seguridad de la entidad responsable del cobro del canon AEDE y conmemorar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual (26 de abril). Esos son, entre otros, los motivos que el grupo de hackers La Nueve ha dado para explicar el hackeo a CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos.
La organización lo hizo público desde su cuenta de Twitter con un comunicado en el que afirman que se han colado en sus servidores accediendo a todos los datos de sus socios. Lo que dejan claro que su objetivo no es hacerlos públicos, sino que se sepa que han accedido y que se inste a la entidad si se quiere saber "por qué tiene vuestros datos al alcance de cualquier delincuente".
Para la Coalición de Creadores, asociación formada por diversas entidades de gestión de derechos de autor, ya es tradición presentar anualmente un informe que dice lo malos que somos los internautas españoles y lo mucho que descargamos (os hablamos de él en 2015 y también en 2016). Este año no ha sido una excepción y ya han publicado una nueva edición de su particular Observatorio de la Piratería.
En esta nueva versión hay alguna novedad: dicen que "la piratería desciende un 4%", pero eso tampoco son buenas noticias para ellos y piden nuevas medidas dado que "aumentó un 6,8% el lucro cesante sufrido por las industrias culturales y de contenidos, alcanzando los 1.783 millones". Pero ¿qué metodología utilizan para calcular este lucro cesante?
La policía de Cleveland (Ohio, EE.UU.) está buscando al sospechoso del asesinato de un hombre de 74 años que retransmitió el asesinato a través de Facebook. No en Facebook Live en directo como se indicó inicialmente, sino que se subió a la cuenta de Facebook del sospechoso tras haber ocurrido.
El vídeo ha sido eliminado de la plataforma tres horas después del suceso, y en él Stephens indicaba que había "encontrado a alguien a quien voy a matar, este tío de aquí, este viejo". El crimen ha levantado una nueva polémica sobre esa dificultad para censurar ciertos contenidos en redes sociales y hacerlo además a tiempo.
Eran un secreto a voces, y hoy en cierto modo lo siguen siendo: los portales de descargas no autorizadas de contenido mediante P2P han estado presentes desde los primeros días de las conexiones de banda ancha. Y más de uno seguro que recuerda visitar a diario alguno de esos portales hace una década o incluso más, independientemente de si a día de hoy lo sigue haciendo o se ha pasado a utilizar otros servicios.
Ahora la pregunta es: ¿siguen existiendo? ¿Han sobrevivido esos portales a la legislación internacional o la nacional de sus respectivos países y siguen dando guerra o han cambiado de algún modo? ¿O quizás han muerto directamente? Vamos a repasar qué portales de descarga triunfaban hace diez años y cuáles de ellos siguen en activo hoy en día.
La legislación sobre temas tecnológicos aún tiene un camino por recorrer, pero la llamada "Ley Mordaza" tiene su efecto en nuestro comportamiento en redes. Tras la petición de la fiscalía hace unos meses, Cassandra ha sido condenada a un año de prisión por publicar tweets en tono de burla sobre Carrero Blanco.
La sentencia viene de Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que concluye en su auto que las declaraciones de Cassandra "no resultan convincentes" según recogen en El Confidencial. De este modo, lo que para la usuaria era hacer humor para las autoridades es un acto de humillación contra las víctimas de terrorismo.
Suele hablarse de las consecuencias sociales de virtualización de hábitos, es decir, de cómo está influyendo internet y la presencia de dispositivos móviles tras unos años de extensión y ampliación de usos. Pero a nivel laboral estas antiguas "nuevas tecnologías" también han tenido un efecto y ahora el Gobierno de España también se plantea regular en cuanto al derecho de una desconexión digital laboral.
Una medida que puede que nos sea familiar, porque aunque de momento no se está dando en muchos países no es una iniciativa pionera de España. Ya vimos que en el caso de Francia también hubo una propuesta similar encaminada también a que la jornada finalice tanto física como electrónicamente.
La lucha contra la piratería se ha intensificado a medida que esta crecía e iba ocupando tanto el espacio físico como el virtual. Una labor que corre a cargo tanto de las autoridades como de las propias herramientas donde se aloja, y en esta ocasión la nueva batalla la protagoniza el gobierno de Reino Unido con la firma de un nuevo Código de conducta con Google y otros buscadores importantes y organizaciones implicadas. Pero, ¿implica eso que habrá nuevas medidas para las webs que no respeten las leyes sobre contenido? No exactamente.
Lo ambiguo del comunicado y el hecho de que el texto en sí no sea público ha dado lugar a alguna que otra malinterpretación. The Guardian decía ayer, por ejemplo, que las páginas para descargar música o para ver streamings no autorizados de partidos de fútbol pasarían a ser menos visibles. ¿El problema con esto? Que no será del todo así: según fuentes de Google han explicado a Xataka, esto lleva meses aplicándose y no sólo en UK, sino en todo el mundo.
