Javier Jiménez
Editor Senior - CienciaEl 20 de mayo, justo antes de que el Tribunal Supremo cerrara definitivamente la puerta a las aspiraciones de los regantes de mantener el trasvase Tajo-Segura como hasta ahora, la portavoz de la Junta de Castilla - La Mancha se plantó frente a los medios y lo dijo: no se puede limitar el agua a los regantes de la región mientras en el Levante "se riega a mansalva", vino a decir.
Ese es el cotilleo, pero la noticia no es esa. La noticia es que, 47 años después de la inauguración del trasvase y tras una década de conflicto judicial, la batalla por el agua del Tajo vuelve a la mesa de negociación. No por los caudales ecológicos; eso (salvo sorpesa) ya está decidido: a vuelto a la mesa porque queda lo más difícil.
Decir quién paga la cuenta.
¿De quién es el agua? Porque ese es el cogollo de la cuestión y donde Castilla - La Mancha se equivoca. Como he explicado el Supremo, los argumentos del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura no aplican, precisamente, porque no se trata de quitarle el agua a 'alguien' para dárselo a otro 'alguien'.
Los caudales ecológicos (que vienen impuestos por la jurisprudencia del mismo tribunal y por la directiva de la UE) no pueden tener "carácter de uso, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de explotación".
El problema es que esos caudales suponen, según los informes técnicos, una pérdida de agua del orden del 40% para los regantes del levante. Regantes que, recordemos, tienen derecho a ese agua según las reglas actuales del trasvase, que han hecho inversiones y han levantado negocios ('medios de vida') contando con ese agua que les había concedido el Estado.
Reglas que no se aplican. Debido a la batalla judicial, los nuevos caudales no han entrado en vigor y, en estos momentos, siguen usándose las antiguas reglas para enviar agua hacia la cuenca del Segura. De hecho, para el trimestre abril-junio hay autorizados 180hm3 (cantidad bastante mayor a la que correspondería con el nuevo estándar).
Y los regantes están nerviosos. Con sentido, además: la alternativa de las Administraciones (la desalación) está perdida en combate. Y, en todo caso, ese es agua es entre tres y diez veces más cara.
Esto es importante porque (según se explica desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena) "la superficie regable no se ha ampliado ni un metro cuadrado desde 2017". No es ya una cuestión de que sin agua no pueden crecer; es una cuestión de que sin agua no "pueden mantener lo que ya cultivamos". Y eso nos llevaría a una reconversión industrial más que considerable en toda la región.
Pero tampoco parece que haya otra solución. Porque, como vemos, laos recortes son por imperativo legal. Las administraciones tienen poco más que hacer: ya llevan años retrasando la aplicación de los caudales ecológicos y la situación no ha mejorado ni un ápice.
No quiere decir que todo esto haya acabado. Es probable que el Sindicato recurra al Tribunal Europeo, pero la reorientación del modelo agrario en el sudeste es ya improrrogable si queremos que siga vivo.
Es decir: llega la ora de la verdad. Durante décadas, los políticos se han ido pasando la patata caliente sin tomar las medidas que sean necesarias (por muy dolorosas que sean). Esa es la factura económica, ecológica y social que estamos pagando ahora. La única pregunta razonable es si habremos aprendido la lección.
Imagen | David Algás Oroquieta
Ver 0 comentarios