Encontrar piso en Madrid se ha vuelto, literalmente, una pesadilla. No sólo es la falta de oferta, el incremento drástico de los precios del alquiler o la inflación, sino que a la larga lista de obstáculos que los inquilinos tienen que hacer frente a la hora de buscar una casa hay que sumarle también las prácticas ilegales que llevan a cabo algunas inmobiliarias con tal de sacar rédito económico y exprimir más un ya moribundo usuario.
"Honorarios de agencia", "gastos de gestión", "servicio de personal Shopper", "estudio de solvencia"... cualquier nombre sirve para enmascarar el fraude inmobiliario tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, que establece que las agencias ya no pueden cobrar a los inquilinos el tradicionalmente conocido "mes de agencia", sino que deben ser los propietarios los únicos que deben hacerse caso de este coste.
Pero el problema persiste.
En Xataka nos hemos puesto en contacto con algunas personas que han estado buscando piso recientemente para conocer cómo está ahora mismo la situación tras la nueva Ley de Vivienda, para tomar el pulso a un sector al que el común de los mortales le ha cogido verdadero pavor. Y la realidad es que está igual de mal que antes. O peor.
"Historias para no dormir. Mi pareja y yo fuimos a ver un piso en el que el anuncio no decía nada de que hubieran gastos de agencia. Nos gustó y cuando fuimos a firmar el contrato me dijeron que me darían el número de cuenta para que le hiciera una transferencia del mes en curso, el mes de fianza y otra cantidad similar a una mensualidad en concepto de 'estudios de solvencia y seguro de alquiler'", nos explica Ismael García (nombre ficticio, ya que ha preferido no revelarlo). Concretamente, relata que les pidieron 1.150 euros.
La sorpresa de Ismael llegó cuando el agente inmobiliario le dijo que ese último importe (el del "estudio de solvencia") tendría que abonarlo en metálico. Anonadado, el inquilino le contestó en la llamada si podían enviarle por Whatsapp la documentación y lo que necesitaban detalladamente, pero el agente dijo que no hacía falta, que con la palabra valía. Evidentemente, la agencia no quería que quedara ningún rastro de este requerimiento fraudulento, ya que va contra la ley.
¿Pero qué es concretamente este "estudio de solvencia" que algunas inmobiliarias cobran por más de mil euros? Según apunta Idealista, no es más que un análisis sobre las finanzas del futuro inquilino y se efectúa para conocer si el candidato posee los requisitos necesarios, especialmente económicos, para poder hacer frente al pago de las mensualidades del alquiler. En muchas ocasiones este trabajo se reduce a mirar las tres últimas nóminas e introducir el nombre del futuro inquilino en un registro de morosos para ver si figura en el sistema.
Folleto de Alquiler Plus | Pablo Bumper (X)
La historia de Ismael no termina ahí. En otra ocasión la reconocida inmobiliaria Engel & Völkers le hizo rellenar un formulario donde se indica que es la agencia quien te está buscando el piso, y por lo tanto ofreciéndote un servicio de "personal shopper inmobiliario" con su respectivo coste. Obviamente, quien estaba eligiendo los pisos en el portal de Idealista era el inquilino, pero es otra forma de sacar dinero a aquellos desesperados por encontrar vivienda. La mala noticia llegó cuando la agencia le avisó de que había que contratar este servicio primero para poder concertar la vivienda.
El caso de Jorge Pardo es similar. En una conversación con Xataka relata cómo La Casa Agency le solicitó algo menos de 1.100 euros en concepto de "estudio de solvencia para el seguro". También se guardaron de pedirlo por escrito. "Nos llamaron para enseñarnos a mí y a mi pareja un piso por el que nos pedían 300 euros en concepto de reserva. Aceptamos porque nos gustó y fuimos con la chica que nos enseñó ese piso a la agencia. Allí nuestra sorpresa fue que la cantidad pasó de 300 a 1.000 euros en concepto de 'estudio de solvencia' que se comprometieron a devolvernos (firma incluida) si no salía adelante. El problema es que nunca nos dijeron qué pasaba si ese 'estudio de solvencia' salía adelante", explica.
"El caso es que pagamos y solo avisándoles de que les íbamos a denunciar aceptaron a devolvernos ese dinero", añade. Pardo también recuerda otro caso en el que otra agencia, Gesvilar Inmobiliaria, le pedía una cantidad similar a una mensualidad en concepto de "gastos de gestión" (1.000 euros): "Como ya estábamos sobre aviso, les comentamos que eso que estaban haciendo era ilegal, pero no les importó. Les dijimos que entonces no estábamos interesados y ahí se terminó la cosa". Todo esto sucedió el pasado diciembre en Madrid.
Qué dice la ley sobre el tema
En Xataka nos hemos puesto en contacto con el Sindicato de Inquilinos de Madrid para conocer más sobre este fenómeno y aseguran que están al tanto de multitud de casos similares: "Las inmobiliarias solicitan dinero para estudios de solvencia para enmascarar el cobro ilegal de la comisión de agencia, en muchos casos llegan hasta el 10% de una anualidad de renta + IVA. Esta treta, junto con otras como, obligarte a pagar asesoramiento legal o investigar pisos según el perfil del inquilino son muy normales cuando 'negocias' (son imposiciones) con una inmobiliaria", explican.
Hacen hincapié en que esta práctica es ilegal según el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que establece que "los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador". Es decir, una estafa que cometen algunas inmobiliarias valiéndose de la posición de poder que tienen, a sabiendas de que siempre pueden encontrar a otro inquilino.
Cartel de "Se Alquila" | Amazon
Según apunta el Sindicato, aunque lo lógico sería no aceptarlo, a veces se hace difícil negociar cuando queremos alquilar un piso y la inmobiliaria nos recuerda continuamente que detrás de nosotros hay una gran lista de gente dispuesta a aceptarlo, y podemos llegar a plantearnos la posibilidad de firmar y después reclamar.
Para reclamar en este supuesto, recomiendan dejar constancia de todas las conversaciones que tengamos con la inmobiliaria en todo momento. Y la mejor opción para ello es tenerlas por escrito o grabadas a través de las llamadas de voz. Aconsejan pagar siempre el dinero mediante transferencia y poner como concepto "gastos de gestión inmobiliaria". Y, por supuesto, asegurarnos de que nos dan una factura de lo que hemos pagado. De hecho, si se considera que la agencia inmobiliaria no ha cumplido la ley, se puede poner una reclamación ante la autoridad de consumo correspondiente en cada comunidad autónoma, que son quienes tienen las competencias en materia de Consumo.
Una trampa para ratones
A la protesta del Sindicato se suma una investigación de la organización de consumidores FACUA, que recientemente ha denunciado a un total de 33 inmobiliarias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Palma de Mallorca "por vulnerar la ley de vivienda". Concretamente el punto mencionado de que "los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador".
La organización manifiesta que desde el mismo día en que se publicó en el BOE la nueva legislación, han estado recibiendo consultas y denuncias de irregularidades sobre la cuestión de los honorarios bajo nuevos y originales conceptos. Hay algunas que incluso intentan evadir la ley diciendo que no son una inmobiliaria, sino una "asesoría inmobiliaria", y que no se trata de "honorarios", sino de "honorarios por prestación de servicios" basados en "dar seguridad jurídica a todas las partes".
¿Qué dicen las inmobiliarias? La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) aseguraba en este artículo de El Español que la agencias "están cumpliendo la ley y que hay tolerancia cero" con las malas prácticas premeditadas de unos pocos, por lo que lamenta los ataques al sector.
En la misma línea la Agencia Negociadora del Alquiler entiende que esto va en contra de la profesionalización del sector y que supondrá más carga de trabajo para los jueces, ya que es un sector complicado en el que si ambas partes optan por no contratar a una inmobiliaria, pueden añadir en los contratos cláusulas ilegales y acabar todo siendo un "reino de taifas". La pregunta que nos hacemos es entonces: ¿en qué reino vivimos ahora?
Imagen: Flickr / X / Amazon
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