Miguel Jorge
EditorFrancia prohibió el uso de la clordecona en su territorio continental en 1990. Sin embargo, tres años antes de que desapareciera definitivamente de las Antillas francesas, ya existían advertencias sobre su toxicidad e incluso Estados Unidos la había vetado desde 1976. El resultado fue una de las mayores crisis ambientales y sanitarias de la historia reciente del país: un pesticida pensado para proteger las plantaciones de plátano acabó contaminando el suelo durante siglos y marcando la vida de casi toda la población de Martinica y Guadalupe.
Un pesticida para salvar las plantaciones de plátano. A comienzos de la década de 1970, las plantaciones de plátano de Martinica y Guadalupe se enfrentaban a un enemigo temible: el picudo del plátano. La respuesta fue la clordecona, un insecticida considerado extremadamente eficaz contra la plaga.
Entre 1972 y 1993 se utilizaron cientos de toneladas del producto sobre los cultivos, una decisión que en aquel momento parecía garantizar el futuro de una de las industrias más importantes de las islas.
El mundo empezó a prohibirlo. Francia siguió utilizándolo. Las primeras señales de alarma llegaron muy pronto. Estados Unidos prohibió la clordecona en 1976 tras comprobar sus efectos tóxicos, y las investigaciones científicas seguían acumulando evidencias sobre sus riesgos para la salud y el medio ambiente.
Pese a ello, Francia mantuvo autorizaciones excepcionales para seguir utilizándola en Martinica y Guadalupe incluso después de prohibirla en la Francia continental, prolongando su uso hasta 1993 por la presión de la industria bananera y el temor a las consecuencias económicas.
El problema no estaba en las plantas, sino en la tierra. La tragedia comenzó cuando se comprendió que la clordecona no desaparecía. El pesticida penetró en los suelos, alcanzó ríos y sedimentos y terminó extendiéndose por toda la cadena alimentaria.
Su persistencia es extraordinaria: distintos estudios estiman que puede permanecer en el terreno durante alrededor de seis siglos, convirtiendo una decisión agrícola de unas pocas décadas en un problema ambiental que afectará a numerosas generaciones.
Plantación en Martinica
Un pesticida acabó llegando a casi toda la población. La contaminación dejó de ser un problema exclusivo de los trabajadores agrícolas. Las verduras cultivadas en terrenos afectados, el ganado que pastaba sobre ellos e incluso parte del pescado y el marisco incorporaron restos de clordecona.
Con el paso de los años, las investigaciones revelaron que cerca del 90% de los habitantes de Martinica y Guadalupe presentaban trazas del pesticida en la sangre, una exposición muy superior a la que inicialmente se había imaginado.
La factura apareció décadas después en los hospitales. Las consecuencias sanitarias tardaron años en hacerse visibles. Numerosos estudios vincularon la exposición a la clordecona con un incremento significativo del riesgo de cáncer de próstata, una enfermedad cuya incidencia en ambas islas figura entre las más altas del mundo.
Las investigaciones también apuntan a efectos sobre el sistema hormonal, la reproducción, el sistema nervioso y otros órganos, ampliando una lista de posibles daños que sigue estudiándose.
Los trabajadores empezaron a pedir algo más que explicaciones. Muchos antiguos empleados de las plantaciones recuerdan haber manipulado el pesticida con las manos desnudas, sin mascarillas ni guantes, e incluso comer sin lavarse tras esparcir el polvo alrededor de los plataneros.
Con los años llegaron los diagnósticos de cáncer y otras enfermedades, mientras crecía la sensación de que las autoridades conocían los riesgos mucho antes de actuar. Las reclamaciones derivaron en demandas judiciales, fondos de compensación y una larga batalla por el reconocimiento de las víctimas.
El problema seguirá ahí durante siglos. En 2026 el Parlamento francés reconoció oficialmente la responsabilidad parcial del Estado por los daños sanitarios, ambientales, económicos y morales derivados del uso prolongado de la clordecona. La nueva legislación fija como objetivo descontaminar los suelos y las aguas y ampliar las compensaciones a los afectados.
Sin embargo, existe una realidad imposible de cambiar con una ley: el pesticida continúa enterrado bajo buena parte de Martinica y Guadalupe, y los científicos creen que seguirá formando parte de sus suelos durante cientos de años.
Imagen | webermat
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