Isra Fdez
EditorImagínate la escena. Un pueblo diminuto, rodeado de montes y silencio, apenas 300 vecinos censados, reciben de pronto la invasión: miles de desconocidos irrumpen, despliegan kilómetros de cables y levantan inmensos muros de altavoces. Así amaneció La Granja, con techno a todo volumen, como en ‘Sirat’.
Este pequeño municipio situado en el norte de Cáceres se ha comido tantos coches (unos 2.000) y caravanas que hasta han ocupado varias fincas privadas cerca de una piscina natural, justo al lado del cauce del río Ambroz. El pueblo se lo está tomando bien: “no se meten con nadie”, “si pudiera, hubiese ido”. El problema es que más de 3.000 personas siguen allí, algunas desde el pasado jueves 13 de agosto. Y cinco días después, la Guardia Civil sigue sin poder cerrarla.
Una ciudad dentro de un pueblo. El campamento tiene dos escenarios, música tecno sonando 18 horas al día, puestos de comida y artesanía, y caravanas llegadas de Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y Bélgica. Los asistentes acamparon entre los montes de Trasierra y el río Ambroz, tras romper una alambrada de fincas colindantes para entrar campo a través cuando la Guardia Civil intentó cortar el acceso. La acumulación de tráfico llegó a cortar la autovía A-66, obligando a los agentes a priorizar la circulación antes que impedir la entrada de más gente.
El alcalde, Óscar Martín, interrumpió sus vacaciones al enterarse y descartó el desalojo por "contraproducente" para la seguridad. Su mayor miedo no era el ruido: era el fuego. Y no se equivocaba: el sábado se declaró un incendio forestal en la zona, controlado tras la intervención de dos unidades de bomberos, un helicóptero y 16 efectivos del Infoex. La Guardia Civil, por su parte, tuvo que gestionar un traslado sanitario involuntario por consumo de estupefacientes y varias denuncias por tenencia de drogas. Se están haciendo controles de alcohol y drogas todos los días. Los chavales, entretanto, tan felices.
Quién pincha en esta fiesta sin cartel. Nadie y todos. Se pincha hardtek, el psytrance y el frenchcore. No hay cartel público, ni line-up, ni promotor visible. Es el modus operandi clásico de las free parties o el teknival: colectivos de sound systems itinerantes, generalmente anónimos, montan equipo propio y se turnan en sesiones maratonianas sin cobrar entrada. El concepto viene de Reino Unido a finales de los 80, cruzó a Francia en 1993 con el primer teknival en Fontainebleau, y desde entonces se ha convertido en un circuito europeo que salta de país en país según dónde encuentre terreno libre y policía permisiva.
Vacío legal hecho a medida. España no tiene ley específica contra las raves. Los ayuntamientos aplican ordenanzas generales y el Real Decreto 2816/1982 sobre espectáculos públicos, con multas que van de 3.005 a 601.012 euros según comunidad autónoma y gravedad. Cuando hay ocupación de terreno privado o daños medioambientales, entra el Código Penal: desórdenes públicos pueden suponer entre seis meses y tres años de prisión.
Pero perseguir a un organizador anónimo que se disuelve en la nada al terminar la fiesta es, en la práctica, complicado. Porque este es exactamente el tipo de lugar que estos colectivos itinerantes buscan: aislado, con agua cerca y de fácil acceso por autovía. La Guardia Civil, mientras tanto, mantiene lo que ella misma llama "blindaje completo": no entra a desalojar, pero tampoco deja pasar a nadie más, y espera a que la fiesta se apague por agotamiento antes que por orden judicial. Lo han denominado una fortaleza de acero, si bien ya han comenzado a salir los primeros vehículos.
Francia va en dirección contraria. El proyecto de ley RIPOST, aprobado en marzo de 2026, castiga con dos años de prisión y 30.000 euros de multa a quien organice un evento así, sumado a sanciones para los asistentes. La urgencia legislativa tiene motivo: en mayo de 2026, más de 20.000 personas asistieron a un Teknival ilegal en un antiguo recinto militar entre Bourges y Cornusse, con riesgo de munición sin explotar bajo tierra, y acabó con 33 intoxicados por drogas y 600 multas. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, tuvo que desplazarse en persona a denunciar el evento.
La Peza, el precedente. La Peza (Granada) tiene 1.170 habitantes y, durante el el 30 de diciembre de 2022 y el 6 de enero de 2023, sumó otros 5.000. Cerca de 40 colectivos musicales de toda Europa organizaron el evento bajo el nombre "Big Fucking Party", y llegaron a congregar ocho días de música ininterrumpida. El balance final fue sorprendentemente bajo: cuatro detenciones, una de ellas por atropellar a un guardia civil en un control. El campamento se instaló a cuatro kilómetros del pueblo, lo que ayudó a minimizar fricciones con los vecinos, y la fiesta se disolvió de forma voluntaria y pacífica. El episodio se recuerda con cariño. Solo fue una fiesta simpática “que se salió de madre”.
Todo lo desplegado (generadores industriales, luces láser y alguna carpa) tendrá que desmontarse. Los ancianos del lugar han observado perplejos el desfile diario de jóvenes con teñidos locos, tatuajes extensos y ropa fluorescente. Los precios también son agradables: cervezas a 3 euros, melones enteros a lo mismo, café solo a 1 euro y chupitos de tequila a 2. Y aunque la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lanzó quejas amargas por la falta de anticipación, en general el ambiente es positivo, si lo comparamos con los 33 intoxicados en la rave de Teknival, celebrada en un campo de tiro entre Bourges y Cornusse. Claro, allí fueron más de 40.000 ravers.
Imágenes | Guardia Civil
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