Hay resacas que duran una eternidad. O casi. Bien lo saben en Cuevas de Almanzora, un pequeño municipio del Levante Almeriense, bañado por las aguas del Mediterráneo. El 17 de enero de 1966 sus vecinos vieron cómo dos aviones del ejército estadounidense colisionaban sobre sus cabezas durante una maniobra que dejó un saldo fatídico: siete fallecidos y, lo más alarmante, el desprendimiento de cuatro bombas termonucleares. Dos se recuperaron poco después, sin daños. Las otras liberaron su carga en Palomares, uno de los núcleos de Cuevas de Almanzora. Casi 60 años después, los hijos y los hijos de los hijos de los testigos del accidente siguen esperando aún que los libren de aquella herencia envenenada.
Y el Gobierno acaba de mover ficha para lograrlo.
¿Qué ha hecho el Gobierno? Desempolvar un acuerdo suscrito hace más de siete años —en octubre de 2015— por los Ejecutivos de Estados Unidos y España y que básicamente contemplaba la retirada de los metros cúbicos de tierra que aún queda contaminada en Palomares para trasladarlos al desierto de Nevada.
La noticia la avanza El País, que asegura que hace unos meses el Ministerio de Exteriores solicitó oficialmente a la Secretaría de Estado de EEUU que lo acordado en 2015 pase del papel a la práctica. La petición habría llegado ya al Departamento de Energía de EEUU y, si bien Washington no se ha pronunciado aún, las fuentes consultadas por el diario aseguran que su acogida inicial ha resultado "positiva".
¿Qué decía el pacto de 2015? Lo que plasmaba era un compromiso político, una declaración de intenciones en la que ambos Gobiernos, entonces liderados por Barack Obama y Mariano Rajoy, mostraban su voluntad de solventar un problema heredado de la Guerra Fría. El acuerdo lo anunciaron en octubre el secretario de Estado, John Kerry, y el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y ponía deberes a los dos Ejecutivos: el objetivo era que Madrid y Washington cerrasen "tan pronto como sea posible" un acuerdo para Palomares.
El pacto no tenía un valor jurídico, pero llegaba acompañado de dos buenas señales: primero, evidenciaba que el tema estaba en la agenda pública; segundo, los dos Estados aseguraban que su intención era negociar un "acuerdo vinculante". El planteamiento pasaría por que España asumiese las labores de limpieza y EEUU gestionase las tierras contaminadas, encargándose de ellas en "un emplazamiento adecuado". Y en su suelo. "Repara el error que se cometió hace 50 años", celebraba García-Margallo. Supuestamente, el texto final estaba ya "muy avanzado".
¿Y por qué retomar el tema ahora? Pese a las buenas palabras, la rueda de prensa conjunta de Kerry y García-Margallo y las declaraciones que apuntaban a un acuerdo vinculante inmediato, la realidad —asegura El País— es que el tratado no llegó a desarrollarse. El marco político no ayudó. Meses después en España se celebraban unas elecciones generales que dejaron un escenario tan complejo que los comicios se repitieron apenas medio año más tarde. Al otro lado del Atlántico hubo además un relevo importante que desalojó a los demócratas de la Casa Blanca: en enero de 2017 Trump se convertía en presidente de EEUU.
Ahora el escenario tiene sus propias peculiaridades. España vuelve a estar en año electoral y EEUU tiene también una cita presidencial con las urnas en noviembre de 2024. No solo eso. La normativa española mantiene las zonas contaminadas por radioactividad en un limbo normativo y desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) —clave en el desarrollo del reglamento que despeje ese escenario— han reconocido a El País que los trabajos están muy rezagados. A mayores está el hándicap del coste que la operación tendría para las arcas españolas.
¿Son todo desventajas entonces? Desde el Gobierno deslizan el buen momento por el que pasan las relaciones entre Madrid y Washington, un telón de fondo que confían en que ayude a lograr un acuerdo en plazo. No es el único factor que compone el lienzo. El Ejecutivo ha desempolvado su petición en un momento muy especial, coincidiendo con las negociaciones con EEUU para ampliar el número de destructores de la Navy destacados en Rota, todavía sin un acuerdo definitivo. Los planes del Gobierno pasarían en cualquier caso por abordarlas como dos cuestiones distintas y no utilizarlo para presionar en Palomares.
¿Qué queda del accidente de 1966? "Un estigma" que se recuerda todos los años, lamenta el alcalde de Cuevas de Almanzora, Antonio Fernández. No todo el legado del accidente de 1966 es sin embargo abstracto y simbólico. Recordemos. Aquel 17 de enero colisionaron en plena maniobra de reabastecimiento un B-52 y un avión cisterna KC-135 de EEUU. Como resultado se desprendieron cuatro bombas termonucleares. Dos acabaron dispersando su carga de plutonio.
Estados Unidos no tardó en desplegar un dispositivo para recuperar los proyectiles y limpiar la zona, un trabajo que se saldó con 4.810 barriles repletos de tierras y residuos radiactivos. El Régimen lo dio por bueno y unos meses después expedía 900 certificados en los que garantizaba a los lugareños que los terrenos estaban libres de contaminación. Y para remarcarlo, tanto de cara a la galería nacional como la extranjera, el mismísimo ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, se embutió en un bañador para darse un chapuzón en la playa.
¿Por qué tanto revuelo ahora, entonces? Porque el entorno no quedó tan limpio como entonces vendieron el Régimen y EEUU. En 2008 España hallaba dos zanjas de tierra altamente radiactiva, con una profundidad media de tres metros, 10 de ancho y 30 de largo. "Han aparecido dos trincheras de 1.000 metro cúbicos cada una con material radiactivo", explicaban por entonces desde el Ciemat. El legado que aún perdura en la zona ha llevado a vallar varias parcelas que ocupan una superficie de alrededor de 40 hectáreas. En total se calcula que la tierra contaminada con medio kilo de plutonio suma 50.000 metros cúbicos.
El plan de descontaminación trazado ya en 2010 contemplaba tratar la tierra afectada para reducirla a unos 6.00 m3. La tierra compactada se introduciría en contenedores que podrían trasladarse al puerto de Cartagena para que emprendan su viaje a EEUU. Según se calculaba cuando García-Margallo y Kerry anunciaron el acuerdo, la operación llevaría entre uno y dos años y costaría unos 640 millones de euros. Las arcas españolas asumirían 200 para compactar, envasar y transporte.
Imagen de portada: Mike McBey (Flickr)
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