Málaga multaba por su ZBE con Madrid como ejemplo. Ahora las devuelve justo cuando el Gobierno cambia las normas

El ayuntamiento de Málaga devolverá de oficio las multas de su ZBE y deja abierta una puerta al debate

Malaga Panoramica
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Alberto de la Torre

Editor - Xataka Movilidad
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Alberto de la Torre

Editor - Xataka Movilidad

ZBE. Zona de Bajas Emisiones. Obligatorias desde 2023 para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Medida aplicada en algunas. Sin noticias de ellas en otras. Un sinsentido en algunas de las que quedan. Málaga es una de las ciudades que estaba aplicando la normativa pero la Justicia se la ha tumbado. Ahora devolverá el dinero y se abre la puerta, una vez más, a qué es una ZBE y cómo debe aplicarse.

El caso de Málaga. Desde diciembre de 2024, Málaga ha estado aplicando una zona de bajas emisiones (ZBE) en su casco histórico y las calles aledañas. A partir de diciembre de 2025, a ella podían entrar coches de todo tipo si estaban empadronados en Málaga pero los coches sin etiqueta empadronados fuera de Málaga no podían acceder. Desde diciembre de 2026, las sanciones se ampliaban a los coches con etiqueta B de fuera de Málaga. 

Vox denunció esta decisión en junio de 2025 y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón al grupo parlamentario aduciendo que multar solo a los coches que vienen de fuera es discriminatorio. Finalmente, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado hace unos días que deja de multar por el acceso a las ZBE y que devolverá de oficio todas las multas. Para ello está habilitado este espacio.

¿Hay más casos iguales? Sí. El caso más representativo de una ZBE en la que se multa a quienes vienen de fuera y no a los coches empadronados en la ciudad es Madrid. La ciudad sanciona a los coches no empadronados que acceden al municipio sin etiqueta medioambiental. Sin embargo, tras varios cambios de parecer, sigue permitiendo una total libertad a los que sí están empadronados. 

La ciudad de Madrid también ha visto cómo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmaba que parte de las multas impuestas son ilegales, después de una denuncia de Vox. En este caso, el dinero no se devuelve de oficio y hay que reclamarlo. 

La diferencia es que en este caso se alegó que el informe económico que defendía la nueva ZBE era insuficiente. Esto ha provocado que Madrid publicara una nueva ordenanza paliando este error y, por tanto, la ZBE madrileña sigue en marcha.

Un lío. El problema con las ZBE es que los ayuntamientos han podido aplicarlas como han querido y de la forma que más les interesaba, conscientes de que es un tema que quita votos. Para buscar el origen hay que ir a 2023. Desde el 1 de enero, todas las ciudades con más de 50.000 habitantes deben tener una ZBE en marcha.

Sin embargo, hay ciudades que siguen sin ponerlas en marcha. Otras como Sevilla se las han llevado a zonas de bajo impacto en el día a día. Y otras como Ciudad Real se han inventado zonas de bajas emisiones que no multan a nadie, lo que no sirve para nada en la práctica. 

En total, España tiene 149 municipios que deben aplicar estas restricciones pero muchas de ellas han hecho caso omiso a las mismas. El motivo es muy sencillo: el Gobierno obligaba a ello pero dejaba en manos de los ayuntamientos que aplicaran la norma como quisieran. Y, además, no había castigo alguno si no se aplicaba.

El Gobierno habla. La decisión malagueña coincide con el último movimiento del Gobierno. El Consejo de Ministros del pasado martes 3 de noviembre aprobó una modificación del Real Decreto 1052/2022 que ha pasado desapercibida por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Con este cambio, las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a poner en marcha una ZBE que castigue a los coches que no pueden entrar en la misma. En la nota de prensa, el Gobierno señala lo siguiente: 

"La modificación exige que las ordenanzas municipales contemplen y apliquen el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico, sin recurrir a sistemas transitorios que demoren su efectividad. De este modo, se pretende garantizar que las restricciones establecidas cuentan con mecanismos reales de cumplimiento y que su eficacia puede ser evaluada"

Las multas. Cuando se puso en marcha la normativa que obligaba a los ayuntamientos a montar una ZBE no se especificaba la multa concreta que se debía imponer. Esto fue utilizado por algunos consistorios para no multar por el paso indebido de los vehículos o dejarlas en un proceso de transición que, en la práctica, dejaba pasar a todo el mundo.

Con un cambio en la Ley de Tráfico, saltarse las normas de la ZBE está castigado desde hace años con 200 euros de multa. Una sanción que se aplica para quien sobrepasa unos carteles diseñados por la DGT donde debe quedar reflejado claramente quién puede pasar y quién no. 

Y (casi) nada cambia. Aunque el Gobierno ahora obliga a que los ayuntamientos multen a los coches que tengan prohibido el acceso a las zonas de bajas emisiones y elimine los sistemas transitorios, lo cierto es que muy probablemente cambien muy pocas cosas. 

Y es que se sigue dejando en manos de los consistorios que sean estos quienes apliquen las ZBE donde quieran y con las restricciones que quieran. Es decir, se puede poner una ZBE donde el impacto sea mínimo porque se haga en un lugar de poco tráfico o que sólo ponga límites a los vehículos comerciales. 

De igual modo tampoco se refleja un posible castigo a las ciudades que hagan oídos sordos de esta obligación por lo que habrá que ver si los ayuntamientos dan un paso adelante o, por el contrario, siguen demorando esta implantación. 

Foto | Maciej Marko 

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