Isra Fdez
EditorAlgunas costumbres sobreviven por pura inercia. En España, una de ellas consiste en salir a una terraza, pedir una caña y asumir que alguien, tarde o temprano, encenderá un cigarrillo a medio metro de tu mesa. Da igual que estés comiendo, que haya un carrito de bebé y una madre amamantando. Da igual que te llegue el humo antes que el camarero.
Hasta ahora: el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de la mayor reforma antitabaco desde la prohibición de fumar en bares y restaurantes de 2011. Para ejemplificar la potestad y alcance de esta medida: solo en Madrid se calculan más de 6.300 bares, casi 64.000 mesas y más de 200.000 sillas en terrazas. Eso es mucho dinero.
La terraza ya no será un cenicero compartido. La medida más visible afecta a uno de los grandes símbolos de la hostelería española: las terrazas. Cuando la ley entre en vigor tras su tramitación parlamentaria, no se podrá fumar en las terrazas de bares y restaurantes. Tampoco vapear. El Gobierno equipara los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina al tabaco convencional en la mayor parte de las restricciones.
Decía la encuesta del Ministerio de Sanidad, ESTUDES 2025, que la prevalencia de fumadores diarios entre adolescentes estaba registrando mínimos históricos, desde que se empezó a contabilizar en 1994. Sin embargo, parece que el problema reside más bien en una distorsión de las muestras.
El peligro del vapeo. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyc) advirtió en cambio que el problema, más que desaparecer, se ha desplazado: el 90,5% de los fumadores menores de edad usa tanto vapers como cigarrillos convencionales. Muchos jóvenes, de hecho, no fuman otros cigarros que no sean electrónicos, más en consonancia con otros estilos de vida y apariencias más limpios y modernos. Una alternativa, a todas luces, defectuosa.
Si bien la legislación protegía el interior de los locales pero dejaba un enorme vacío legal en los espacios exteriores, esto ya se ha terminado, entendiendo que existe y persiste un riesgo, especialmente para niños, embarazadas y trabajadores de hostelería que pasan jornadas completas respirando ese ambiente. Ahora la hostería se tendrá que enfrentar a esta nueva realidad que deja sin margen al fumador local y lo equipara con el de Suecia, único país de la UE donde está prohibido fumar en espacios públicos.
El tabaco también desaparece del campus. La reforma promovida por la ministra Mónica García busca ampliar los espacios sin humo a marquesinas, festivales de música y eventos al aire libre o no (además de teatros, cines, y cualquier recinto cerrado) y, por primera vez, prohíbe expresamente fumar a los menores de edad. Es un cambio cultural.
Y hay más: el texto, que modifica la Ley 28/2005, suma también como espacio libre de cigarros las playas, tanto marítimas como fluviales, los centros deportivos y piscinas públicas, la red de Parques Nacionales y el propio vehículo de trabajo, siempre y cuando estés de servicio profesional.
Desnormalizar el consumo de tabaco. O eso dice la norma: que fumar deje de formar parte del paisaje cotidiano. Si ves fumar, es más probable que acabes fumando. Porque si un adolescente pasa toda su vida viendo fumar en terrazas, conciertos, universidades o piscinas, acaba percibiéndolo como una conducta normal. Reducir esa presencia también reduce el atractivo social del cigarrillo, según la evidencia científica en la que se apoya el Ministerio.
"La realidad del tabaquismo ha cambiado y esta reforma persigue un objetivo muy claro: avanzar hacia una generación libre de tabaco", ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García. Y los datos parecen sostener su afirmación.
La gran novedad: los menores. Hasta ahora, la ley impedía vender tabaco a menores de edad. Ahora también les prohíbe consumirlo. Puede parecer una diferencia semántica, pero tiene importantes consecuencias jurídicas. El texto incorpora una prohibición expresa para fumar, vapear o utilizar bolsas de nicotina siendo menor. Las sanciones recaerán sobre los responsables legales cuando proceda y buscan reforzar el mensaje preventivo más que la recaudación.
Eso sí, la reforma modifica el régimen sancionador y establece multas desde 200 euros para estas infracciones. En el caso de los menores, la responsabilidad económica recaerá sobre los progenitores o tutores legales, como siempre. Pero el proyecto también prevé que esa sanción económica pueda sustituirse por trabajos en beneficio de la comunidad, con un claro enfoque educativo y preventivo, similar a la que ya existe en otras normativas dirigidas a menores.
Imágenes | Pexels (Eyüpcan Timur, Helena Lopes)
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