Isra Fdez
EditorEl aeropuerto de Ibiza se diseñó para tratar los residuos de entre 5 y 6 millones de pasajeros al año. Ahora mismo gestiona más de 9. Con una ocupación del 91,59%, algo más, de hecho. Pero la depuradora sigue siendo la misma de entonces. Y ya no da abasto: vierte aguas fecales muy por encima del límite legal directamente al Torrent de sa Font, un cauce que nace en la Serra Grossa, recorre nueve kilómetros y desemboca en la playa de Es Codolar, dentro del precioso Parc Natural de ses Salines de Eivissa i Formentera. Una situación de mierda en un espacio protegido.
Números y muestras. Cuatro muestras de la Alianza por el Agua, tomadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear, detectaron incumplimientos en las cuatro ocasiones. Casi 150.000 personas no pueden beber agua del grifo.
El peor resultado llegó el 8 de julio: la contaminación orgánica multiplica por 17 el límite permitido, los sólidos en suspensión lo multiplican por 18. La normativa fija un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros para reutilizar el agua en riego. Las muestras superan las 2.420 unidades. Este solo es el techo que el propio método del laboratorio es capaz de medir. La concentración real podría ser aún mayor. Y esto ocurre a las puertas de un espacio protegido por la Red Natura 2000, zona de descanso y nidificación de flamencos.
Tres frentes de caca. Rafa Tur, de la Alianza por el Agua, resume el problema en tres frentes. Uno: el acuífero del aeropuerto está salinizado, y ese proceso genera salmuera "sin que sepamos dónde acaba". Dos: parte del agua depurada riega los jardines del aeropuerto sin cumplir los parámetros exigidos para la reutilización. Tres: se vierten aguas insuficientemente tratadas dentro de un parque natural.
Todo ello, denuncia, sin la autorización correspondiente. AENA se defendía alegando que "algo de agua ya tratada" se puede escapar a veces. El año pasado, esta problemática afectaba a poco más de 5.000 habitantes. Al parecer, desde entonces no se han tomado medidas especiales. Y Menorca se lleva la peor parte: Sant Josep Zona I lleva 13 analíticas no aptas desde 2016, Es Canar Cosmi lleva 8 desde 2016. En ambas se detecta conductividad, sulfato y cloruro muy por encima de los valores de salubridad. Las zonas de mayor riesgo son Siesta, Cala Llonga, urbanización Buenavista y Montañas Verdes, todas en Santa Eulalia del Río, además de la urbanización Isla Blanca (San Juan de Labritja) y San Rafael (San Antonio de Portmany).
Denuncia sin consecuencia. Más de una decena de entidades firmaron la denuncia: sociales, ecologistas, vecinales y en defensa del agua. Entre ellas está la asociación vecinal de Sa Caleta, representada por Mario Riera, también portavoz de Can Frígoles y Can Palleu. Las entidades remiten ya los resultados a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil, y piden algo muy concreto: que se suspenda cautelarmente el riego con esta agua y que se analicen con urgencia las aguas de baño de Es Codolar, la playa a la que llega el vertido.
"La instalación está claramente sobrepasada", resumía Tur. Mientras tanto, AENA prepara una ampliación de 230 millones de euros —incluyendo una sala VIP más grande— que aspira a llevar el aeropuerto hasta los 11 millones de pasajeros. Tur no se muerde la lengua: "Menos sala VIP y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales". En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales firman además un manifiesto conjunto contra el proyecto de ampliación.
AENA responde. Argumentan que el aeropuerto se abastece "exclusivamente" de cinco pozos propios autorizados, agua de lluvia y agua regenerada, siempre dentro de los volúmenes que autorizan las administraciones. Asegura que reporta sus datos de forma periódica a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a la Dirección General de Recursos Hídricos y a la Agencia Tributaria de las Illes Balears, y que cuenta con autorización de Recursos Hídricos para regar sus propios jardines con el agua saliente de la depuradora.
El PP de Ibiza exigió más transparencia. El diputado José Vicente Marí Bosó y el senador Miquel Jerez llevaron preguntas parlamentarias al Congreso y al Senado sobre desde cuándo conoce AENA la situación y qué medidas correctoras aplica. No es el único frente abierto en la isla: el grupo ecologista GEN-GOB pide aparte a la Guardia Civil que investigue posibles extracciones ilegales de agua potable en el mismo aeropuerto.
Fuera de Baleares. En Málaga, el Ayuntamiento cerró al baño Pedregalejo y El Palo a finales de julio por niveles de E. coli superiores a los legales, detectados en los puntos de muestreo Acacias y Casa Pedro. La Junta de Andalucía abrió investigación para determinar el origen del vertido. Este verano cruzarán la Costa del Sol más de 13 millones de viajeros, sobre una infraestructura de saneamiento pensada para la población residente, no para los picos de agosto.
Parece que España arrastra este problema como un tronco. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó al Estado español en diciembre de 2025 por incumplir de forma reiterada la directiva europea sobre aguas residuales urbanas, tras una multa previa en 2018 de 12 millones de euros fijos más 10,95 millones por cada semestre de retraso.
Y Ecologistas en Acción certificó el patrón en su informe anual Banderas Negras: de las 48 banderas negras que reparte por todo el litoral español este año, 14 corresponden a vertidos y sistemas de saneamiento deficientes, la categoría más numerosa del informe. "Nos estamos bañando en muchos casos en nuestra propia mierda", resumía el portavoz de la organización, Lucas Barrero. Ibiza vende sol, fiesta y agua turquesa a nueve millones de personas al año. La cifra crece cada temporada y la depuradora no, así que parece que la factura de ese desajuste sale por el mismo grifo que se supone debía tratarla.
Imágenes | Flickr (Patrick Semler)
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