Es oficial: el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la puesta en marcha de una línea de avales del Gobierno valorada en 2.500 millones de euros destinada a hacerle la vida un poco más fácil a los jóvenes y familias con bajos ingresos a la hora de comprar una casa o acceder a una hipoteca. Se trata de una de las primeras medidas en materia de vivienda de 2024, pero lo cierto es que ha llegado con sabor agridulce, originando cierto debate político y económico sobre si esta estrategia podría ser más negativa que positiva.
¿Cómo? Causando que se inflen más los precios o se endurezcan todavía más las condiciones de los bancos a la hora de conceder créditos.
La medida. La confirmó Pedro Sánchez el pasado fin de semana durante un mitin en Vigo aunque ya había sido anunciada hace nueve meses. A grandes rasgos, el Estado se convertirá en avalista de los jóvenes (menores de 35 años) y familias que tengan trabajo y solvencia económica pero que tengan dificultades para pedir una hipoteca y que el banco se la conceda. La condición es que sea vivienda habitual y el primer piso que se adquiere y los ingresos no superen los 37.800 euros brutos al año. De esta manera, el Instituto de Crédito Oficial avalará hasta el 20% del importe del crédito durante 10 años, salvo que la vivienda tenga una calificación energética D o superior, que será del 25%.
Es una garantía, no una subvención. Pero ojo, aquí hay que tener en cuenta que la medida no significa que el Gobierno esté repartiendo dinero, sino que lo que ofrece son avales. Un aval no es una subvención, es un compromiso de pago en favor de un tercero, que recibirá la prestación en caso de no cumplir el avalado. Es decir, que el Gobierno avale un 20% de una hipoteca significa que se compromete a responder por el deudor esta cantidad en caso de que no pague. Una garantía al banco de que el Gobierno pondría el dinero en caso de que el hipotecado no cumpla.
El objetivo es que de esta manera, muchos jóvenes y familias de este país que no han podido hacer conseguir el ahorro suficiente para poder cubrir los gastos asociados a una hipoteca (y a la entrada no cubierta por el préstamo), puedan hacerlo.
Podría inflar los precios. El anuncio, sin embargo, ha caído como un mazazo en la izquierda, provocando ciertas discrepancias entre partidos y expertos economistas. Principalmente porque otros países como Reino Unido han experimentado con medidas similares y eso ha contribuido a incrementar los precios de la vivienda. De hecho, el país británico puso en marcha en 2013 el programa “Help to buy”, que eliminó el año pasado, para permitir a familias vulnerables obtener préstamos hipotecarios de hasta el 95% del valor de la casa avalados por el Estado.
La ayuda, aunque posibilitó el acceso a un hogar a 340.000 familias, también infló los precios del mercado. Es lo que se desprende de un informe elaborado por la Cámara de los Lores: “El plan de ayuda para la compra de casas del gobierno ha hecho subir los precios de la vivienda en Inglaterra y no ha logrado ofrecer una buena relación calidad-precio para los contribuyentes”. El análisis añade que con ese esquema los precios se inflaron por encima del valor de las ayudas, sobre todo en áreas tensionadas. Al final, más gente con capacidad de compra significa más demanda. Y más demanda supone precios más altos.
Las críticas. Algunas formaciones como Sumar no han tardado en criticar la medida ante la posibilidad de que pueda tener un efecto inflacionario y acabe beneficiando a los bancos.. También, porque “puede derivar en que los promotores inmobiliarios absorban toda la ayuda”. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido de que estos avales "van a tener un impacto probable de seguir subiendo el precio de la vivienda". En la misma línea se ha pronunciado el líder de Más País, Íñigo Errejón, que advierte de que “que el Estado funcione como avalista para la compra de vivienda a aquellos que ya se lo pueden permitir es una transferencia de dinero público a manos privadas”.
Y endurecer las condiciones. De hecho, es un escenario que podría darse. Hay que tener en cuenta que el perfil de usuario al que va dirigido este aval es precisamente aquel que el banco considera que tiene un mayor riesgo de insolvencia. Así que la entidad podría restringir el ratio de endeudamiento al máximo y ofrecer un tipo de interés más caro. Es decir, se endurecerían las condiciones y serían a su vez muchas menos las personas que cumplan los requisitos del banco para la concesión del crédito para vivienda.
“Al final, aunque el Gobierno avale el 20 %, quien asume el riesgo es el banco”, explicaba David Espiago, director de negocio de la empresa de intermediación hipotecaria Housfy Hipotecas, quien señala en este artículo de La Vanguardia que la medida no es más que “Propaganda pura y dura”: “los únicos que se han adherido a esta campaña son bancos que ya ofrecían esas hipotecas antes”.
Imagen: Unsplash
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