Cuando el precio del petróleo se dispara por una guerra, los gobiernos buscan formas de reducir su consumo. Esto es algo que ya sucedió con la crisis del petróleo del 73 y se está repitiendo de nuevo con la guerra entre Irán, Israel y EEUU.
Una de las más rápidas suele ser que la gente deje de desplazarse al trabajo. Lo que está ocurriendo ahora nos deja un cierto déjà vu de 2020, con la diferencia de que el motivo ya no es un virus, si no una crisis energética y el objetivo es ahorrar energía.
Asia ya ha sacado el manual de 2020. Dada su mayor dependencia del crudo iraní, los primeros movimientos han llegado desde el sudeste asiático. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, anunció que los funcionarios vinculados con la Administración implementarán el teletrabajo para reducir el consumo de combustible.
Filipinas optó por recortar la semana laboral a cuatro días para los funcionarios del ejecutivo, con el mismo objetivo. La medida tiene un precedente en 1990, cuando el país vivió una situación similar a la actual durante la Guerra del Golfo. Sri Lanka y Pakistán también implantaron la semana de cuatro días en sus dependencias del Estado, y países como Vietnam y Tailandia pedían explícitamente el teletrabajo para reducir desplazamientos innecesarios.
La Agencia Internacional de la Energía recomienda el teletrabajo. La Agencia Internacional de la Energía publicó un decálogo de medidas para reducir el impacto de la subida de la energía. El teletrabajo encabeza esa lista por su efecto directo sobre el consumo de combustible en los desplazamientos diarios.
La recomendación del organismo energético para reducir el volumen de desplazamientos no es baladí, el informe señala que " tres días adicionales de teletrabajo, para quienes lo permitan, podrían reducir el consumo de petróleo de los automóviles entre un 2 % y un 6 %, con reducciones potenciales promedio de alrededor del 20 % para los conductores individuales".
España adelanta sus planes de movilidad un año. El Gobierno aprobó el 20 de marzo el Real Decreto-ley que pone en marcha el 'Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio' con una movilización de 5.000 millones de euros. Una las medidas que también incluye este plan es adelantar la entrada en vigor de los planes de movilidad al trabajo previstos en la Ley de Movilidad Sostenible que ya estaba aprobada, pasando de 24 a 12 meses.
Esta Ley de Movilidad recogía la obligación para empresas con centros de trabajo con 200 trabajadores o más (o turnos de más de 100 trabajadores) de crear planes de movilidad sostenible que deben incluir medidas concretas para reducir desplazamientos mediante movilidad activa, transporte colectivo y, esta es la clave, ofrecer opciones de teletrabajo en los puestos que lo permitan.
El teletrabajo ya está en la ley, aunque nadie lo haya impuesto. En 2020, el teletrabajo fue una medida de emergencia y sin base normativa previa que la regulara. Ahora, sí existe una Ley de Trabajo a Distancia y se está integrando en los planes de movilidad sostenible, con plazos y sanciones. Las empresas no están obligadas a ofrecer teletrabajo de forma generalizada a sus empleados, pero sí a diseñar una estrategia para reducir desplazamientos, lo que en muchos casos pasa por el trabajo en remoto.
No tener teletrabajo no acarrea sanción directa. No tener un plan de movilidad, sí las tiene, lo que convierte al teletrabajo en una opción cada vez menos discrecional para determinadas empresas. Si la crisis energética se prolonga, el salto desde la recomendación hasta la obligación tiene ahora mucho menos recorrido que hace cinco años, porque la base legal ya está en vigor.
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Imagen | Freepik, Unsplash (Jan Baborák)
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