Hace más o menos un año, España se levantaba cada mañana y tiraba 600.000 litros de leche en buen estado a la basura. Lo peor de todo es que no podemos decir que fuera una novedad. Durante años, los ganaderos del país llevan denunciando las prácticas abusivas de muchas grandes empresas lecheras del país.
Ahora la Audiencia Nacional les acaba de dar la razón.
La leche y la Justicia. En julio de 2019, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) emitió una resolución en la que consideraba que ocho empresas lácteas y otras dos asociaciones "formaron un cártel cuya conducta ilícita consistía en intercambiar información comercial sensible para coordinar la compra de leche". Sí, hablamos de 2019.
Pero de 2019 fue la resolución de la CNMC. En realidad, las infracciones que se investigaban eran muy anteriores. Por ejemplo, a Puleva se le ha multado con 10.2 millones de euros por infracciones graves en el periodo entre noviembre de 2001 y enero de 2006.
El recorrido administrativo (primero) y judicial (después) ha durado 20 años. Y, de hecho, eso hace que la mitad de las multas tengan que recalcularse a la baja porque las infracciones ya han prescrito.
¿Quién estaba implicado? Las multas afectan a empresas como Pascual (8,5 millones), Central Lechera Galicia (53.310), Lactatis Iberia (otros 11.6 millones), Nestlé (6,8 millones) o Schreiber Food España (929.000 euros). Danone, Puleva, Comercial Alimentaria Peñasanta y la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia también están afectadas, pero (como decía) las cuantías deben rebajarse por la prescripción.
Según explican en Granada Hoy, la sentencia de la Audiencia Nacional aporta muchísimas pruebas sobre todo esto. Los folios está llenos de reuniones ("reunión entre Clesa, Danone, Nestlé y Puleva, y en la que se hace referencia a un precio concreto para abril de ese año") o de correos internos (en los que Nestlé ponía de manifiesto que "esta empresa conocía las estrategias de precios seguidas por Puleva").
De hecho, aunque la Audiencia reconoce que no todas las empresas participaron de todas las 'conductas', el largo periodo infractor en el que las empresas intercambiaron información para reducir la competencia y el poder de negociación de los ganaderos "configura una infracción única y continuada".
¿Y ahora qué? Ahora los ganaderos que vendieron leche a alguna de estas empresas pueden personarse en la causa y exigir indemnizaciones. Muchos no lo harán. Hay que tener en cuenta que, en los últimos 10 años, "han desaparecido el 49% de los ganaderos de leche" de Andalucía. "El 9% solo el año 2022". Es más que probable que muchos de las empresas ganaderas afectadas ya ni siquiera existan.
Un problema que (eternamente) busca de solución. Desde 2021, existe una nueva "Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria" que tiene como intención equilibrar las relaciones comerciales entre las grandes plataformas agroalimentarias y los productores. Ha fracasado. Desde 2014, existe una "Ley de representatividad de organizaciones agrarias" que favorecer que se desarrollaran mecanismos democráticos de representación en el campo español (el Consejo Agrario). No se han convocado elecciones.
Lo cierto es que, de manera independiente a quién capitalice las movilizaciones de los últimos días, el sector agroalimentario va de cabeza a una de las mayores transiciones industriales de la historia y España está fallando en la puesta en marcha de mecanismos que permitan asegurar la equidad y la competitividad del sector.
El campo español en el laberinto. Los problemas son muchos: laborales, financieros, regulatorios, climáticos, de producción... Como en toda Europa, sí. Pero en el caso español, todo esto es especialmente delicado porque el peso de lo agropecuario está muy por encima de la media. El conjunto de la economía agroalimentaria mueve 110.100 millones de euros y representa el 9,2% del PIB.
Es decir, no podemos dejar pasar el tren de la reconversión porque eso sería como enfrentarnos a uno de los futuros más inciertos que se recuerdan con una mano atada a la espalda. La sentencia de la Audiencia Nacional es una buena noticia, pero no parece que España puede permitirse llegar 20 años tarde a cada problema.
Imagen | USDA
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