Nuevo mes, nuevo escándalo político en Reino Unido. Aunque las magnitudes de lo desvelado esta semana por un informe sobre fraude electoral elaborado por Eric Pickles, diputado conservador, son sustancialmente menores al terremoto político post-Brexit, la inmigración, la corrupción política y la naturaleza misma de la democracia británica vuelven a ocupar el centro del debate político nacional. En esta ocasión, en forma de supuestos amaños electorales promovidos, según Pickles, de forma particularmente notoria en las comunidades musulmanas.
La historia, hoy, pivota en torno a las investigaciones de Pickles sobre las posibles prácticas coercitivas y fraudulentas en pequeños municipios o barrios ingleses, allí donde las comunidades musulmanes e inmigrantes habrían sido el escenario de irregularidades. Pero se remonta más allá: a un previo escándalo de fraude electoral que terminó con la alcaldía de un político independiente musulmán en Tower Hamlets, Londres, y al propio funcionamiento del voto en Reino Unido, algo que podría estar a un paso de cambiar.
De modo que, para entenderla, lo mejor es acudir al origen.
¿Qué es el informe Pickles?
Una investigación articulada por el anterior gobierno de David Cameron tras su reválida en las urnas el pasado verano. Al igual que el informe Chilcot, Tiene carácter oficial y ha sido dirigida por un representante de la Cámara de los Comunes, Eric Pickles, conservador. Pickles y su equipo han trabajado durante el último año en diversas comunidades locales buscando pruebas de fraude electoral. Tales pruebas han consistido en formas de coerción a los votantes y manipulación de votos. En el informe, Pickles afirma que la corrupción electoral, si bien no endémica, tiene cierta extensión en Reino Unido.
¿Por qué se inicia el informe Pickles?
Lo anterior, claro, es un problema.
Pero la investigación no surge del vacío, ni de una particular lucha moral del gobierno conservador contra el fraude. Al contrario, lo hace espoleada por los hechos acaecidos en las elecciones a la alcaldía de Tower Hamlets, un borough de Londres. Allí, en 2015, un alcalde independiente nacido en Bangladesh y de confesión musulmana, Lutfur Rahman, derrotó a su competidor laborista y se proclamó alcalde. El título le duró poco: al tiempo, la Comisión Electoral de Reino Unido atendió a diversas denuncias, investigó la elección y la anuló.
¿Por qué? Por diversos motivos. Como explica aquí la BBC, Rahman logró manipular el conteo de algunos votos, sobornó a diversas organizaciones para que incidieran en su campaña repleta de falsedades sobre la naturaleza de su rival, regaló toda clase de favores económicos y materiales a sus potenciales votantes reclamando el voto a cambio y, lo más importante para entender hoy el informe Pickles, intimidó a la comunidad musulmana amparando su elección en cuestiones de fe, apoyado por diversos imames del distrito.
Rahman lo negó. Otras investigaciones policiales criticaron la falta de consistencia de la Comisión Electoral. En última instancia, tuvo que dimitir.
¿A qué conclusiones llega la investigación?
Los hechos de Tower Hamlets impactaron en el espacio mediático británico, en especial en los tabloides sensacionalistas tan recelosos de la inmigración. Pickles, autoproclamado como el gran vigilante contra la corrupción, promovió la investigación. Cameron la aceptó. El elemento religioso era clave: un alcalde musulmán se habría valido del carácter influenciable, por la vía religiosa de sus votantes, para manipular unas elecciones locales. Dada la creciente preocupación británica hacia la inmigración, era un escándalo para muchos inquietante.
La pregunta que Pickles, en muchos sentidos, aspiraba a responder era si las comunidades musulmanas eran más proclives al fraude electoral que otras. Su informe, al menos, refuerza esa idea: "Hay evidencias de presión ejercida en los miembros más vulnerables de algunas minorías étnicas, particularmente en las mujeres y en los más jóvenes, para votar acorde al deseo de los más mayores, en especial en aquellas comunidades pakistaníes o bengalíes". Pikcles apunta directamente a la importante población musulmana de Reino Unido.
En su informe, además, señala que si el gobierno y el parlamento no se han planteado investigar a fondo estas cuestiones, es por su negativa a tratar cuestiones sensibles como la religión o la etnia. Puntos claves, según él: el poder de los líderes religiosos en las comunidades musulmanas, y por ende el poco arraigo democrático de las mismas, habría conducido a situaciones de fraude y a diversas irregularidades electorales, extendidas por todo el país. Para Pickles, el establishment británico está en fase de negación.
¿Soluciones? Una evidente, otra no tanto. La primera, requerir de identificación personal en los colegios electorales. La segunda, prohibir la utilización de otra lengua que no sea la inglesas ("extranjeras") en los mismos.
¿Qué pasa con el sistema de voto británico?
"Un segundo, ¿no se pide una identificación a los votantes?". No, y aquí es donde el informe Pickles enlaza con el sistema electoral.
Los votantes ingleses, galeses y escoceses (no así los norirlandeses) no tienen obligación alguna de presentar documento acreditativo de su identidad en el colegio electoral. Llegan, dicen su nombre y su dirección, votan y se van. Al contrario que en otros países, donde el DNI es obligatorio, Reino Unido ofrece pocos cortafuegos. La situación facilita el fraude. Dado que el país se niega a tener una suerte de DNI, Pickles propone presentar un carnet de conducir o un pasarpote. Sería un cambio drástico en el modelo de voto.
Además, sugiere rodear los colegios de policías para que vigilen actos intimidatorios o coercitivos.
¿Tiene el informe algún tipo de sesgo?
Es posible.
Pese a que la investigación original de la Comisión Electoral delegaba toda la responsabilidad del fraude de Tower Hamltes en el alcalde, y desligaba cualquier interpretación de carácter racial o religioso, enfocada en las particularidades de la comunidad pakistaní o bengalí, Pickles se centra de forma especial en las mismas. Como apunta aquí Chris Rennard, miembro de la Cámra de los Lores por los Lib-Dem, el informe Pickles obvia otras formas de discriminación que otros votantes sufren en su día a día, y que también suponen un problema.
Pickles, por su parte, tiene un largo historial de comentarios públicos mostrando su escepticismo frente a la inmigración. En una ocasión, por ejemplo, señaló que aquellos que no conocieran la lengua inglesa de forma elevada no eran "plenos miebros" de la sociedad británica, y que podrían quedar fuera de ciertos beneficios sociales. Como encargado del gobierno local durante el primer gobierno de Cameron, introdujo reformas que discriminaban de forma efectiva a los concejales no cristianos, obligando la asistencia a rezos públicos.
Las recomendaciones de Pickles, en las que, además, se busca prohibir la utilización de otro idioma que no sea el inglés en las cabinas de voto, podría alejar a los electores inmigrantes de las votaciones. El Partido Conservador, cuya ala euroescéptica ha agitado junto al UKIP mensajes de carácter xenófobo durante la campaña del Brexit, tiene menos apoyos entre las poblaciones inmigrantes.
Por último, es posible que las soluciones propuestas por Pickles ni siquiera sean efectivas. Según señala Josiah Mortimer en The Huffington Post, miembro de Electoral Reform Society, la introducción de la tarjeta identificativa para acceder al voto redundaría en mayores trabas de registro para numerosas bolsas de población más vulnerables dentro del sistema político. Es decir, dificultaría el acceso al voto de comunidades pobres o extranjeras, más aún si se censura su idioma nativo en los colegios electorales. Esto, según Mortimer, no evitaría tanto el fraude (muy limitado, según él) como apartaría a algunos votantes.
Imagen | David Holt, RachelH_
