Qué es el "decreto Maricarmen" y por qué amenaza con convertir la vivienda en el motor de un nuevo 15-M

Desde hace años (de forma recurrente), el CIS nos recuerda una realidad: lo que más quita el sueño a los españoles no es la guerra, la corrupción ni la Inteligencia Artificial. Ni siquiera la inflación. Nuestra lista de preocupaciones la lidera algo mucho más simple: la vivienda, cada vez más cara e inaccesible. El Gobierno lo sabe y ha intentado en varias ocasiones cambiar su marco legal sin demasiado éxito. La última fue en julio, cuando ante la falta de apoyo parlamentario, Moncloa decidió frenar la tramitación de un decreto sobre vivienda.

Ahora el Ejecutivo afronta el mismo reto, pero el contexto ya no es el mismo: el desahucio de Maricarmen ha hecho que la crisis habitacional ya no sea solo un tema señalado por el CIS, es la palanca que amaga con un nuevo 15M.

Una tarea pendiente. Aunque lleva años insistiendo que es una de sus "prioridades", al Gobierno se le ha atragantado la vivienda. La falta de una mayoría fuerte, el reparto de competencias con las CCAA y la necesidad de equilibrar las sensibilidades de aliados tan dispares como Sumar y Junts ha hecho que sus medidas en ese campo a menudo queden descafeinadas.

En algún caso incluso han muerto durante su fase de tramitación. Ocurrió en julio, cuando el ministerio arrojó la toalla y renunció a aprobar un real decreto antes del parón estival. A falta de apoyos y para no sumar un cuarta propuesta falluta, decidió dar una patada a la pelota y pasarla al mes de septiembre.

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Y llegó el caso Maricarmen. Con lo que probablemente no contaba el Gobierno es que en septiembre las cosas iban a ser aún más complicadas. El desahucio de Maricarmen, una madrileña de 87 años expulsada del que había sido su hogar durante siete décadas por un 'fondo buitre', ha generado una ola de indignación que ha ido creciendo hasta amagar con un nuevo 15M.

En los últimos días Madrid ha registrado protestas multitudinarias y desde el sábado la Puerta del Sol vuelve a acoger tiendas de campaña, igual que en mayo 2011. En esta ocasión sin embargo no hay 'indignados' coreando "El pueblo unido jamás será vencido", sino inquilinos (y jóvenes frustrados por la imposibilidad de emanciparse) con carteles en los que se lee "Ser casero no es una profesión". 

A diferencia de lo que ocurrió el 15M no hay un movimiento trasversal que busca una reforma general (y más o menos vaga) de las instituciones, sino un cambio profundo y quirúrgico: se quiere algo muy concreto, vivienda asequible.    

¿"Punto de inflexión"?. Desde Moncloa confesaban hace unos días su esperanza de que el 'caso Maricarmen' suponga "un punto de inflexión" para el debate sobre la vivienda en el Congreso, una palanca que permita cambiar el voto de "los partidos que tenían bloqueado" su real decreto ley. Una "ventana de oportunidad", en palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El domingo, con las tiendas Quechua desplegándose poco a poco por Puerta del Sol, el Ejecutivo incluso anunció que estaba trabajando a contra reloj para llevar al Consejo de Ministros del martes un Real Decreto Ley sobre Vivienda. "Pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado. Es una cuestión de humanidad", clamó Sánchez en Getafe.

"El decreto Maricarmen". La realidad es que la polémica surgida por el desahucio quizás abra una "ventana de oportunidad", pero también aumenta la presión sobre el Ministerio de Vivienda y ha elevado el rango político de la negociación en la antesala de un año con elecciones generales y locales. 

El motivo no es solo el desalojo de la anciana. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CIS) y el Sindicato de Madrid han hecho bandera del caso y exigen lo que ya se conoce como "decreto Maricarmen", una serie de propuestas que, reclaman, debe guiar el texto que llegue mañana al Consejo de Ministros.

¿Qué reclaman? El viernes los portavoces de CIS ponían cinco propuestas sobre la mesa: "medidas estructurales" para impedir los desahucios, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, congelar los precios actuales, aprobar "prórrogas efectivas" y una renovación automática de los contratos "para que pasen a indefinidos".

Desde entonces el colectivo se ha mantenido firme en sus líneas rojas e insiste en que la regulación de los contratos indefinidos es "irrenunciable" y el decreto debe contemplar también las prórrogas automáticas. Es importante no solo por lo que dicen, sino por cuándo y cómo lo hacen. Hoy mismo las protestas por la vivienda han llegado a Barcelona, donde Sánchez participaba en un acto público.

Subiendo el tono. "No vamos a aceptar migajas ni medidas vacías. (...) Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos", remarcaba esta mañana Alicia del Río, portavoz del sindicato de arrendatarios. No es la única que se ha pronunciado en ese sentido. Otros miembros insisten en que la organización no está dispuesta a dar por bueno "un decreto falso o tibio". 

"Queremos el decreto Maricarmen".

Presión en la calle… Y en los despachos, que es dónde el Gobierno debe dar forma al decreto que lleve mañana al Consejo de Ministros. El departamento de Isabel Rodríguez no solo tiene ante sí el reto de elaborar un texto que convenza a su socio de coalición, Sumar, que ya ha amenazado con dar plantón al PSOE si considera que el decreto solo ofrece "parches". Aun en el caso de que el decreto reciba el OK del Consejo de Ministros, deberá superar otra prueba, igual o más compleja: someterse a votación en el Congreso en un plazo de 30 días.

Esa convalidación es clave. Y compleja. Vivienda debe elaborar un texto que convenza a socios tan dispares como Sumar y Junts, que ha exigido por ejemplo rebajas fiscales para los propietarios, una medida que Sumar considera "injusta". La pregunta ahora es qué equilibrios logrará tejer el Gobierno y hasta qué punto los socios harán cesiones. De momento y con las protestas extendiéndose a Barcelona, Sumar advertía hace unas horas que el decreto sigue "muy lejos".

¿Y qué hay sobre la mesa? Aunque habrá que esperar para saber a dónde llevan las negociaciones a contrarreloj del Gobierno y hasta qué punto reflejan las exigencias de los inquilinas, por lo pronto se sabe que sobre la mesa hay una serie de propuestas. ¿Cuáles? Protección frente a desahucios, limitar la especulación de los fondos buitre en el mercado de la vivienda, ayudas para acceder a la vivienda y una "estabilización" de los contratos de arrendamiento. 

El País avanza también que en la lista se incluyen cambios en el tratamiento fiscal a caseros e inquilinos, reforzar el parque estatal y endurecer el marco tanto para los alquileres de temporada como los apartamentos turísticos, dos de los frentes en los que ha centrado el foco Moncloa durante los últimos años.

Imagen | Nick Bruno (Unsplash)

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