Alba Otero
Colaboradora"¡Alcalde! ¿Dónde estás?". El grito retumbó este miércoles en la céntrica plaza de San Marcelo. Según las crónicas locales, cientos de personas acudieron a la llamada de la Asociación de Vecinos Barrio de la Lastra para intentar detener la construcción de la gigantesca planta de biomasa proyectada en el sur de la ciudad. El punto es que no se trata de una marcha aislada: los vecinos de La Lastra y Puente Castro han unido fuerzas en una movilización conjunta que refleja el hartazgo de los barrios del sur ante un impacto ambiental inminente.
Pero más allá del ruido de las pancartas, hay un miedo muy concreto. Tal y como explica Ruth Sanz, portavoz vecinal de La Lastra, el gran problema oculto llegará "cuando el viento cambie de dirección". La advertencia ciudadana es tajante: si la planta entra en funcionamiento, no solo llegará olor a otros barrios de la capital, sino que el aire arrastrará sustancias nocivas. Por ello, con el lema de "nuestra salud no se vende", los vecinos exigen paralizar las excavadoras.
El inicio de la indignación. Para entender este estallido social hay que mirar a los despachos. Como detalla la revista especializada Retema, el proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento pretende crear una "Red de Calor Sostenible". A través de Somacyl, la administración autonómica busca construir una central térmica que abastezca de calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas y 150 edificios de la capital. Sin embargo, la indignación tiene también un componente político. Como subraya el Heraldo de León, los vecinos acusan directamente al alcalde socialista, José Antonio Diez, de una grave incoherencia: recuerdan que, cuando estaba en la oposición, encabezó las protestas contra una planta de biomasa similar en Cantamilanos, y ahora permite una instalación que es siete veces mayor.
Además, el enfado vecinal radica en cómo se ha gestado. Según revela elDiario.es, la Junta ha tramitado este inmenso complejo de 22 hectáreas —ubicado a los pies de la ciudad, junto al cementerio municipal y los ríos Torío y Bernesga— bajo la controvertida figura de 'Proyecto Regional'. Este movimiento administrativo sirve, tal y como explica este medio, para "blindar" el complejo, unificar contratos por la vía de urgencia, acelerar expropiaciones y esquivar las trabas urbanísticas de índole local.
¿Energía verde o riesgo ambiental? ¿Energía verde o riesgo ambiental? El proyecto escenifica un choque frontal de realidades. En el discurso oficial, es la iniciativa ecológica definitiva ya que las administraciones defienden que la infraestructura es clave para la descarbonización. Prometen que permitirá apagar progresivamente más de 1.200 calderas de combustibles fósiles, evitará la emisión de 35.000 toneladas de CO₂ anuales y logrará que las comunidades de vecinos ahorren entre un 20% y un 30% en su factura.
El reverso oscuro de esta "promesa verde" lo aportan los defensores del entorno. Tal y como argumenta Ecologistas en Acción en sus alegaciones, la instalación de estas dimensiones cerca de zonas habitadas es ambientalmente insostenible. La entidad advierte de que la combustión a nivel industrial provocará emisiones altamente peligrosas, liberando al aire "benzopireno, metales pesados y partículas". Además, los ecologistas tiran por tierra el argumento de la sostenibilidad de los recursos. El complejo engullirá hasta 128.000 toneladas anuales de astillas forestales —un volumen que amenaza con sobreexplotar los montes— y consumirá la friolera de 35.000 metros cúbicos de agua de la red urbana, sin que el Ayuntamiento haya emitido informes técnicos que garanticen que esto no afectará al suministro de la población.
Cifras faraónicas y fango legal. El tamaño del proyecto resulta difícil de asimilar sin asomarse a los datos puros. Según los datos técnicos desgranados por León Noticias, el horizonte del sur leonés quedará modificado por la instalación de cuatro enormes chimeneas de 35 metros de altura (una cota equivalente a un bloque de viviendas de once plantas). A nivel logístico, la actividad de los hornos generará cada año 4.480 toneladas de ceniza, escorias y polvo, y provocará un incesante trasiego diario de hasta 20 camiones pesados por el barrio. Con semejante impacto en el horizonte, la batalla ya no solo está en la calle, sino en los tribunales. Como reporta Heraldo de León, el proyecto se encuentra profundamente judicializado. Los vecinos y ecologistas están a la espera de que el Juzgado resuelva un recurso contencioso-administrativo presentado contra las licencias municipales concedidas para la red de tuberías.
La opacidad del proceso ha avivado la llama de la sospecha. La portavoz vecinal denunció en la plaza de San Marcelo que las obras se iniciaron "sin las licencias pertinentes", tildando la operación de un "negocio de dos". La indignación y la desconfianza llegan a tal punto que los vecinos han llegado a augurar que en el futuro este caso "saltará por los aires" igual que hizo la conocida 'Trama Eólica', demostrándose que todo responde a «intereses de ciertas personas y no a un bien común.
La cuenta atrás de León. Mientras los jueces deliberan y las movilizaciones no cesan, el reloj corre. Ha comenzado una cuenta atrás inapelable: hay un límite legal de cinco años para que las infraestructuras tomen forma o, por el contrario, el proyecto decaiga definitivamente.
La ciudad de León se asoma así a una encrucijada histórica. En un lado de la balanza, el sueño institucional de erigirse como una urbe pionera en Europa en transición energética e independencia térmica. En el otro, el terror de miles de familias que ven cómo se instala un monstruo industrial en la puerta de sus casas. En los próximos años se decidirá el desenlace; mientras tanto, los barrios del sur seguirán saliendo a la calle, mirando con recelo al cielo y esperando que la justicia actúe antes de que cambie el viento.
Imagen | Wikieditorarigurosa y Asociación de Vecinos Barrio de La Lastra
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