La batalla legal que está lidiando BlaBlaCar viene de antiguo, y en los últimos meses hemos visto cómo se defendió de la demanda de Confebús argumentando que ellos son una red social.
El juez encargado del caso desestimó el cierre cautelar que pedía Confebús, pero el juicio real empezaba en mayo de 2016 —aún está pendiente de resolución—, a lo que se sumó que la empresa sería sancionada por la Comunidad de Madrid por considerar que no cumple la ley. Ahora llega el último capítulo de esta saga: BlaBlaCar contraataca y ha denunciado a España ante la Comisión Europea.
Son una red social, no una empresa de transportes
Jaime Rodríguez, director general de BlaBlaCar España, explicaba las razones de esa denuncia, que se ha realizado tras las acciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, y que según los responsables de esta empresa suponen "una vulneración del derecho europeo; en concreto, de la libre prestación de servicios y de la libertad de establecimiento".
El máximo responsable de la empresa en España destacaba nuevamente que BlaBlaCar "no es una empresa de transporte. Es una red social", y como tal debería estar regulada por la Directiva de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Simplemente ponen en contacto a conductores y pasajeros para compartir gastos de viaje "sin ánimo de lucro".
La demanda sobre BlaBlaCar en nuestro país es la única existente en toda la Unión Europea, y Rodríguez idnicaba que "las sanciones impuestas por la Comunidad de Madrid se basan en la exigencia de unas licencias que ni BlaBlaCar, ni sus usuarios, necesitan en ninguna parte de Europa y que, aunque quisieran, les sería imposible obtener en España". Para este directivo esto es un claro obstáculo a la libre prestación de sus servicios.
Según BlaBlaCar, la Comunidad de Madrid afirma en sus sanciones que los usuarios del servicio habrían percibido ingresos superiores a los costes derivados de sus viajes, "pero no aporta ni explicación ni cálculo alguno que sostenga esa afirmación. De hecho, tampoco existe en España un umbral legal que marque la diferencia entre la compartición de gastos y la obtención de un beneficio económico; por lo que las sanciones carecen de referencia legal aplicable"
Para Rodríguez "compartir coche es igual de legal hoy que lo ha sido siempre. Y es un derecho que vamos a defender hasta el final". La empresa cuenta con más de tres millones de usuarios en España, y según sus datos 400.000 de ellos son ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
¿Y ahora qué?
La denuncia de BlaBlaCar ante la Comisión Europea afecta a todo el Reino de España y no solo a la Comunidad de Madrid por cuestiones legales, aunque esta medida tenga como objetivo rebatir los argumentos con los que la Comunidad de Madrid indicó que aplicaría sanciones a BlaBlaCar.
A partir de aquí tendrá lugar una primera fase administrativa en la que la Comisión Europea recibe la denuncia y decide si nombra a un equipo instructor para llevar el caso. Este proceso suele durar entre 6 y 18 meses.
En una segunda fase judicial se produce la denuncia efectiva al estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE, tras lo cual el proceso concluiría con una resolución que deberían cumplir todos los estados miembros de la Unión Europea.
Rodríguez aclaraba además que aunque esta denuncia se ha llevado a la Comisión Europea, también tienen intención de "agotar las vías legales nacionales": también denunciarán en nuestro país por las recientes sanciones de la Comunidad de Madrid.
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