En 2018, Amazon cerró una de sus muchas inversiones aparentemente infalibles: Ring, la start up dedicada a comercializar cámaras de vigilancia que permiten a sus compradores contemplar en tiempo real qué está sucediendo tanto en el interior como en el exterior de sus viviendas. Su producto estrella, un timbre de videovigilancia que se instala en la puerta de cada hogar, cuesta menos de 200€ y facilita un streaming permanente del umbral de entrada, y sólo abierto a cada usuario. A priori, una herramienta de seguridad perfecta. Sabes qué está pasando en tu casa en cada momento, estés donde estés.
El problema. Sucede que varias investigaciones periodísticas llevaban meses tras una pista inquietante: Ring había formalizado acuerdos de colaboración con centenares de departamentos policiales de Estados Unidos. Es decir, la aplicación permitía a los mandos policiales, siempre sin autorización judicial, contemplar qué estaba sucediendo en el interior y muy especialmente en el exterior de la vivienda. En la calle. Hoy Ring ha hecho públicas sus colaboraciones. Resultado: más de 400 comisarías del país pueden espiar qué está sucediendo en las casas de sus usuarios.
Las condiciones, según explican desde Ring, son muy concretas: "Las fuerzas del orden sólo pueden enviar solicitudes a los usuarios de un área determinada cuando investigan un caso activo. Ring facilita estas solicitudes y se requiere el consentimiento del usuario para que cualquier grabación o información sea compartida con la policía". Es decir, es un proceso a tres niveles: la policía contacta con Ring por una cuestión concreta; Ring con el usuario; y el usuario da su permiso.
Escándalo. Como es natural, la cuestión ha abierto un debate sobre los límites de la privacidad en un país, por lo demás, acostumbrado durante las dos últimas décadas a ceder derechos en favor de una mayor seguridad. Los usuarios participan de forma voluntaria en el programa, lo que facilita a la Policía un mirador sobre los vecindarios (y la intimidad de sus habitantes) sin necesidad de una orden judicial. Es público que Ring invita a los departamentos de policía a promover y promocionar tanto las cámaras de vigilancias como su aplicación.
Es un win-win para ambas partes. Los primeros ganan penetración de mercado con el marchamo de confianza que otorga la policía; los segundos ganan una herramienta de vigilancia más en los barrios.
Dinero. Las promociones son explícitas e implícitas. Por ejemplo, algunas comisarías del país han recibido dispositivos de Ring gratuitos para repartirlos entre la población. Los departamentos ofrecen descuentos suculentos o concursos mediante los que ganar alguna de las cámaras. Las condiciones de colaboración entre ambas partes son estrictas, y fijadas por Ring: a menudo, los policías se tienen que referir a la aplicación en los términos explícitamente marcados por su gabinete de prensa, y están obligados a fomentar su uso entre la población.
Los ayuntamientos no han sido ajenos a esta dinámica. Muchos gobiernos municipales han subvencionado la compra de dispositivos Ring con hasta $100.000. Dinero del contribuyente destinado a vigilar al contribuyente. Según Ring, las campañas buscan "promover la transparencia", haciendo públicas las condiciones de colaboración con los departamentos de policías, y facilitar el contacto entre vecinos y fuerzas de seguridad "para construir comunidades más fuertes y seguras.
Racismo. Cada usuario de Ring participa en Neighbors, una app comunitaria donde los vecinos crean hilos y suben imágenes de posibles crímenes cometidos en su barrio, en una versión 2.0 de las históricas patrullas vecinales. La aplicación ejerce de foro, ya sea para denunciar robos como para identificar a "visitantes desconocidos". Diversos reportajes han descubierto como la mayor parte de acusaciones tienen un componente racial. Los sospechosos suelen ser afroamericanos, a menudo erróneamente identificados, lo que cierne la sombra de la duda sobre cualquier hombre negro que pase por la zona.
Es improbable que la participación de la policía estadounidense, célebre por sus sesgos raciales, contribuya a tamizar la victimización. Ring recuerda que sus moderadores eliminan las publicaciones "que no cumplen con nuestras pautas de la comunidad".
¿Preocupante? Sí, porque muchos usuarios pueden no ser conscientes de hasta qué punto los dispositivos de Ring invaden su privacidad. Por ejemplo: los empleados, mayoritariamente ubicados en Ucrania, pueden acceder a las grabaciones. Ring utiliza sus cámaras para testar sistemas de reconocimiento de voz y de imagen (a largo plazo, incluyendo la facial). Desde la compañía explican que sólo aquellos vídeos "públicamente de la sección y de una pequeña fracción de los usuarios que han dado su consentimiento explícito" son utilizados para tales fines.
El problema surge de las dinámicas ya conocidas en Facebook: aún no somos conscientes de cómo (ni quién) utilizan nuestros datos las empresas tecnológicas, pese a que los cedamos. Ring explica cuenta con "políticas estrictas para todos los miembros de nuestro equipo" y con "sistemas para restringir y auditar el acceso al información", incluyendo medidas disciplinarias y despidos. En un contexto de creciente preocupación por la privacidad digital, como ya demostrara el caso de FaceApp, Ring lelva el dilema más allá.
Imagen: Jenni Konrad/Flickr
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