Europa se ha cansado. Concretamente se ha cansado de que se muevan en su territorio unos 200.000 millones de euros (según sus cálculos) en actividades ilícitas de todo tipo, una parte de ese dinero que podría fiscalizarse con normalidad y otra que no, pero cuya prevenció podría ayudar a la lucha contra las drogas o el terrorismo, entre otros. La Comisión Europea se reunió este mes para anunciar la creación de la quinta directiva de lucha contra el blanqueo de capitales, que se hará efectiva en enero de 2020.
Nuevos tiempos, nuevos defraudadores: a fecha de 2017, Europa constataba 40 productos y servicios que suponían una potencial vunerabilidad del sistema. A esas se le añaden ahora otros siete: los puertos libres con fiscalidad propia (como los que tenemos en Ceuta, Melilla y Canarias), los datafonos privados, el mundo del fútbol profesional (muy tocado por las revelaciones del Football Leaks) o las visas y pasaportes dorados, por las que inversiones y compras inmobiliarias conceden permisos de residencia en el país invertido (una fórmula que ha ganado muchísimo peso en España entre ricos chinos y rusos).
¿Por qué luchar contra el fraude fiscal ahora? Se preguntan muchos, dado que Europa tiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en esta materia. El problema es que, según las últimas investigaciones de la Comisión, pese a que contamos con un montón de normativas y organismos para luchas contra el fraude, son muy inefectivas. Hay multitud de organismos que comparten responsabilidades sin métodos de control y supervisión de las mismas.
Buena parte de la culpa la tienen los bancos. De su mismo texto: “os bancos no cumplieron con los requisitos básicos de las directivas, como la evaluación de riesgos o la denuncia de transacciones y actividades sospechosas a las Unidades de inteligencia financiera. Y las autoridades públicas solo intervinieron después de que hubieran ocurrido riesgos significativos o cuando se enfrentaron con fallas repetidas de cumplimiento y gobernabilidad”. Los bancos hacen poco o nada y los Estados sólo intervienen cuando se trata de un gran escándalo.
El año negro del fraude bancario: Bruselas se estremeció al conocer el caso del Danske Bank, banco danés sobre el que se filtró la sospecha de que 15.000 clientes habían blanqueado 200.000 millones de euros a lo largo de siete años a través de la filial estonia (Danske no ha estado sólo, y le han salido imitadores de estas sospechas de fraude masivo, como el alemán Deustche Bank, el holandés ING, el lituano ABLV o el maltés Pilatus Bank).
Pero todo terminó cuando la Autoridad Bancaria Europea (EBA) cerró la investigación oficial sin investigar más a fondo. La Comisión Europea se alarmó de que el máximo organismo europeo pasase de puntillas por un supuesto fraude mayor, y empezó a planear que los poderes antifraude contasen con mayor poder e independencia.
Todos a una: estas medidas también se acompañan de otras políticas para intentar armonizar la presión fiscal en la Eurozona, de forma que no se creen zonas de excepcionalidad económica para particulares ni para empresas (véase, Irlanda). La ingeniería y creatividad fiscal de las grandes empresas en Europea se está comiendo, según un informe, 825.000 millones de euros.
