Con las sucesivas olas de calor que están asolando nuestro país este verano, el único consuelo asequible para muchos es aliviar los calores sumergiéndose en una piscina, aunque sea de esas desmontables. Sin embargo, instalar ese tipo de piscinas en el jardín o terraza puede dar lugar a interpretaciones y causarte algunos problemas además de una subida en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Daniel y su piscina desmontable. El verano de Daniel, un francés residente al norte de París, prometía ser relajante y apacible gracias a la inversión que había hecho en una nueva piscina desmontable para su jardín. No es una piscina cualquiera, pese a ser desmontable, mide 10 metros de larga y 5 de ancha y tiene una profundidad de 1,30 metros con capacidad para 54.368 litros de agua. Una señora piscina, pero desmontable.
El plan era instalarla sobre una base de hormigón que hay en el jardín que en invierno se usa para almacenar la leña aislándola de la humedad. Por lo que al final del verano, el plan es desmontar la piscina y guardarla en el garaje hasta el verano siguiente.
Una piscina al borde de la legalidad. Daniel era consciente de que el catastro francés, al igual que en España, obliga a registrar las nuevas construcciones que puedan incrementar el valor de la propiedad y con ello se incrementa el importe del impuesto que lo regula. En España, el Impuesto de Bienes Inmuebles o IBI.
No obstante, tras consultar a su ayuntamiento y a varios gestores expertos en la materia, Daniel eligió un modelo de piscina que, aunque en el límite, no superaba las condiciones que la normativa exigía para considerarla un bien mueble (no inmueble). Es decir, un elemento que no está anclado y puede moverse o desmontarse, por lo que no implica incrementar el valor de la propiedad como lo haría una piscina de obra o prefabricada.
La notificación de Hacienda. Las malas noticias llegan para Daniel en forma de notificación del catastro francés. En ella se le indicó que el sistema de detección automática había detectado que tenía una piscina no declarada y debía regularizar la situación registrándola, lo cual incrementará el importe del IBI.
Pese a que todo indica que Daniel está dentro de la legalidad, su piscina, pese a ser desmontable, se encuentra en un limbo legal sujeto a interpretaciones. Llegados al punto en el que se encuentra Daniel solo un organismo arbitral de reclamación podrá determinar si la piscina incrementará su IBI o no. Por el momento, Daniel ya se ha llevado un jarro de agua fría y no ha sido en su piscina.
Piscinas desmontables en España. El caso de Daniel, pese a haber sucedido a 800 km de la frontera de los Pirineos, es perfectamente extrapolable a España. Ambos países comparten legislaciones y métodos de detección similares. En España la regulación del IBI corresponde a los ayuntamientos, por lo que puede haber diferencias en las normativas entre poblaciones, pero hay algo que debe quedar claro: las piscinas desmontables en España están exentas de pagar IBI.
Las normativas locales son bastante similares entre ellas, pero en el ámbito de las piscinas desmontables de unas dimensiones considerables (más de 5 m3), puede haber más problemas por la interpretación de cada consistorio. El diablo está en los detalles por lo que, pese a estar exentas, convienen consultar la normativa local para salir de dudas.
Catastro desde el aire. En 2013 Catastro Inmobiliario en España inició una campaña de regularización de las referencias catastrales en la que se utilizan imágenes por satélite y drones para detectar nuevas edificaciones y piscinas no declaradas. Estos medios aéreos permiten localizar nuevas construcciones en el interior de patios y jardines que, de otro modo sería imposible.
Sin embargo, aunque son anecdóticos, este sistema de detección aérea puede dar lugar a errores por no ofrecer un mayor nivel de detalle confundiendo una piscina desmontable de grandes dimensiones con una fija. Solo en 2020, Catastro localizó 7.132 piscinas no regularizadas solo en Galicia. En Madrid fueron más de 11.500.
Notificación y regulación. Cuando el Catastro detecta una infraestructura ilegal, pasa a notificarla al propietario para que la regularice en un plazo de 15 días. En ese momento, el propietario debe aportar imágenes actualizadas o pruebas y redactar las alegaciones ante Tribunal Económico Administrativo o ante la Gerencia del Catastro para evitar que la piscina desmontable sea considerada como construcción fija. Añadir una piscina a la vivienda puede incrementar entre un 5% y un 15% el importe del IBI.
No es tan importante la piscina como el uso. Más allá del hecho de consultar en el ayuntamiento la normativa de instalación de piscinas desmontables, es importante informarse de la ordenanza de uso y llenado de las mismas. Es posible que puedas instalarla en tu patio o jardín, pero las restricciones de agua locales ocasionadas por la sequía puede que te impidan llenarla o usarla en determinadas condiciones. Estas restricciones afectan, sobre todo, a aquellas piscinas de más de 5 m3.
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Imagen | Pexels (Kindel Media)
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