A escasos tres meses vista de que el Reino Unido abandone la Unión Europea, con o sin acuerdo, son escasas las certezas identificables en el proceso de salida. Una es el estatus de los más de dos millones de ciudadanos británicos en la UE y de los más de tres millones de ciudadanos europeos en Reino Unido: seguirá igual. Así al menos lo marcaba el Acuerdo de Transición alcanzado a finales del año pasado.
Los europeos en suelo británico no lo tienen tan claro.
La teoría. Fue uno de los grandes caballos de batalla de la Comisión Europea, y salió victoriosa. El acuerdo estipula que los europeos en suelo británico retendrán sus derechos (laborales, sociales, de residencia) previos al Brexit. Su estatus no cambiará. Sin embargo, Reino Unido incluyó un mecanismo que ya levantó sospechas hace un año: los europeos migrados tendrán que solicitar su permanencia en el país. No será automático.
Los europeos que vivan allí, al margen del tiempo que lleven en el país, tendrán que pedir que les devuelvan sus derechos.
¿Qué significa? Que si eres español y vives en Reino Unido tendrás que rellenar un formulario declarando al estado que deseas seguir residiendo allí. Para ello, previo pago de una tasa de 71 euros, tendrás que presentar tus declaraciones fiscales (nacionales municipales), y/o pruebas que acrediten tu residencia en Reino Unido previa a la salida de la Unión Europea (como los contratos de las hipotecas o las facturas de la luz).
Lo incierto. El Home Office británico ha asegurado que "por defecto" aceptará todas las solicitudes. Es decir, que es un mero procedimiento protocolario. Sin embargo, hay motivos para la incertidumbre: el estado se reserva el derecho a la deportación si, por ejemplo, tienes condenas criminales; y el porcentaje de error en el procesamiento de las solicitudes suele oscilar entre el 10% y el 27%. Es decir, te puedes ir a casa por error.
EU citizens and their families will need to apply to the EU Settlement Scheme to continue living in the UK after 31 December 2020.
— Home Office (@ukhomeoffice) 27 de diciembre de 2018
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Hace algunas semanas, el gobierno británico lanzó una aplicación "beta" para testar el proceso de solicitud y registro de sus ciudadanos europeos. ¿Resultado? Un desastre. La app fallaba de forma permanente, denegando peticiones o procesando de forma errónea la información. Es una cuestión delicada, y que puede convertirse en una pesadilla logística cuando tres millones de personas inicien su proceso de solicitud.
El vídeo. Para colmo de males, el Ministerio del Interior publicó ayer un vídeo en el que explicaba las claves del proceso para los ciudadanos europeos en suelo británico. La música y las fotos de stock, repletas de felices personas en situaciones ordinarias provocaron un pequeño escándalo entre la comunidad de inmigrantes europeos. Lo juzgaban una frivolidad, dado el duro discurso migratorio del gobierno y la obligatoriedad del registro.
Y el antecedente. ¿Una paranoia colectiva de ciudadanos europeos frente a un mero proceso administrativo? Puede ser, pero hay antecedentes. A principios de este año la ministra de Interior tenía que dimitir por el escándalo "Windrush". El gobierno detuvo y deportó a unas 70 personas afrocaribeñas residentes en el país desde antes de 1973 o directamente nacidas allí. ¿El motivo? El endurecimiento oficial de la política migratoria del gobierno.
Interior denegó arbitrariamente la ciudadanía o derechos adquiridos a muchos inmigrantes naturalizados tras la Segunda Guerra Mundial, provenientes de antiguas colonias, o a sus descendientes. Es un tenebroso precedente en un país impulsado por un discurso más duro contra la inmigración. De cualquier tipo.
Imagen: Tim Ireland/AP
