Europa quiere reducir sus emisiones en un 55% para 2030. Y el camino para conseguirlo se les está haciendo cuesta arriba. Es por eso que en los últimos meses están lanzando medidas drásticas para conseguirlo como sea. Hoy ha llegado el último paso del bloque para descarbonizar el continente: un arancel climático que gravará las importaciones de los productos que produzcan más dióxido de carbono (CO2). Se trata del primer arancel climático del mundo y comienza en octubre de 2023.
La medida. Tras una larga negociación, la UE ha llegado al fin a un acuerdo político para su nuevo plan: imponer un arancel sobre las emisiones de dióxido de carbono a las importaciones de productos contaminantes como el acero, el hierro, el cemento, fertilizantes, aluminio, electricidad e incluso hidrógeno. Las empresas que importen mercancías a Europa deberán comprar certificados para cubrir las emisiones incorporadas a ellas.
El plan está diseñado para aplicar el mismo coste de CO2 a las empresas extranjeras y las industrias nacionales de la UE. Hay que recordar que estas últimas ya están obligadas a comprar permisos del mercado de carbono cuando contaminan. Hasta el momento, no está claro si se compensarán las exportaciones de la UE, que no estarán protegidas por el arancel.
¿Qué significa? Que cualquier empresa que importe esos productos tendrá que comprar certificados para cubrir las emisiones de carbono contenidas en ellos, a menos que puedan demostrar que ya han sido contabilizados por la legislación climática en el país productor. Hasta ahora, la UE otorga permisos de CO2 gratuitos a la industria nacional para protegerlos de la competencia extranjera, pero planea eliminar esos permisos gratuitos cuando se introduzca la nueva tarifa, y cumplir así con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
¿Qué importaciones? En las negociaciones, el Parlamento Europeo ha presionado para expandir el número de sectores cubiertos por el impuesto más allá de lo que había sugerido la Comisión Europea en 2021. Los legisladores han logrado incluir el hidrógeno, por ejemplo, que se produce principalmente a partir de carbón en países no pertenecientes a la UE. Aunque estas importaciones son actualmente bastante bajas en el presente, se prevé que crezcan en los próximos años.
El Parlamento también ha incluído productos procesados, como tornillos, pernos y otros similares hechos de hierro o acero. Podrían añadirse también los químicos orgánicos y plásticos, que se evaluarán antes del final del período de transición. Junto a estos, quieren incluir las emisiones indirectas, aquellas causadas por la producción de la energía utilizada en el proceso de fabricación, que sólo se incluirán "bajo ciertas circunstancias".
El problema con China. Una de las preocupaciones del bloque desde hace años es la llamada "fuga de carbono": que algunas industrias abandonen la UE hacia otros países en los que no se existe este mercado de carbono y, por lo tanto, no tengan que pagar. Por eso se pensó en una tasa de carbono mundial y aunque después de Europa se han puesto en marcha otros mercados, como el de China, los temores a la deslocalización siguen existiendo en la UE al no existir un mecanismo para todo el mundo.
El objetivo de este nuevo arancel es entonces evitar que la industria europea se vea afectada por bienes más baratos fabricados en países con normas ambientales más débiles. Lo que se sabe de momento es que Bruselas ha dicho que los países podrían estar exentos si ya tienen un precio doméstico de CO2 similar al de la UE u objetivos de cambio climático similares como Estados Unidos, que podría eludir el impuesto sobre esta base.
Imagen: Unsplash
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