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El impuesto a las tecnológicas sigue adelante y rebaja su mínimo de facturación fijándose en Uber, Cabify o Airbnb

El impuesto a las tecnológicas sigue adelante y rebaja su mínimo de facturación fijándose en Uber, Cabify o Airbnb
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó este jueves en una comparecencia en la comisión de Hacienda del Senado el impuesto que gravará a las grandes tecnológicas. Tendrá un tipo del 3 % y gravará ingresos derivados de la publicidad, la venta de datos o la intermediación, incluyendo plataformas como Uber, Airbnb o Cabify.

El actual Gobierno de España ha seguido la idea de gravar a las grandes compañías del Ejecutivo anterior, una propuesta que venía de la Comisión Europea, aunque los parámetros básicos son diferentes.

La intermediación mediante plataformas de transporte o alojamiento es una de las actividades que pretende gravar este nuevo impuesto a las tecnológicas

Porque este nuevo gravamen que se pretende impulsar de cara a 2019, en este caso, afectaría a compañías con una facturación superior a los 750 millones de euros en el mundo y 3 millones de euros en España. Así pues, no afectaría a pymes tecnológicas y sí a compañías digitales de transportes y alojamiento dedicadas a la intermediación.

"Generan miles de millones y no tributan"

Un coche de lujo

Sobre el negocio del transportes y el alojamiento, ha dicho la ministra, se dejará guiar por la reflexión tributaria abierta en la Unión Europea al respecto. Aunque también se fijará en negocios tecnológicos relacionados con el comercio y la hostelería. Será un impuesto indirecto por cada operación que se ha llegado a llamar "tasa digital" o incluso "tasa Google", aunque no tenga que ver con la otra "tasa Google".

La titular de Hacienda, que no ha dado más detalles, ha insistido a su salida de la comparecencia en la cámara alta que debe darse un tratamiento fiscal adecuado a la llamada economía colaborativa. Especialmente, insistía, a las plataformas digitales de los sectores del alojamiento o el transporte, entre las que incluiríamos a compañías como Airbnb, Uber o Cabify.

Montero: "La fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia desleal con sectores tradicionales"

"Hay plataformas dedicadas a este servicio que generan miles de millones y no tributan de manera adecuada, porque la fiscalidad actual no reconoce este tipo de actividad y entran en competencia desleal con sectores tradicionales", ha asegurado la ministra Montero.

Esta es una de las razones por la que el rumbo del gravamen español discrepará de la propuesta de Bruselas, que colocaba el umbral de la facturación en un país en 7 millones de euros. Una cifra que España ha querido rebajar hasta los 3 millones para ir más allá.

Como bien señalan en esta pieza de La Información, el objetivo sería lograr que precisamente ese tipo de compañías sobre las que pone el acento la ministra entren en los parámetros del impuesto y deban contribuir a las arcas públicas españolas. En 2017, por ejemplo, Uber facturó 2,8 millones de euros en España. Por otro lado, Airbnb, según los datos que maneja el medio económico, registró ingresos de 2,9 millones en 2016.

Uber y Airbnb, en años venideros, muy probablemente superen los 3 millones y deban pagar el impuesto. También deberían pasar por caja otras compañías que ya superan por poco dicha cantidad, como Twitter o LinkedIn, por ejemplo, y el resto de verdaderos gigantes empresariales. A pesar de que este tipo de tecnológicas es habitual que mantengan en España una facturación baja, dado que muchas facturan sus servicios desde sedes ubicadas en otros países.

El umbral de los 3 millones de euros tendría como objetivo que las compañías como Cabify, Uber o Airbnb deban pagar el impuesto

Poco después de la comparecencia de la ministra de Hacienda, Airbnb salió al paso para asegurar en un comunicado que cumplen con la regulación y pagan todos los impuestos correspondientes en los lugares donde opera. "La oficina en España ofrece servicios de marketing y paga todos los impuestos aplicables, incluido el IVA", aseguran.

Para impulsar este gravamen tecnológico será necesaria una aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva legislación que lo establezca, de modo que se tramitará como una proposición de ley para la que Hacienda y el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá buscar el apoyo de otras fuerzas políticas presentes en el hemiciclo.

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