Hace ahora casi un año, el Gobierno anunciaba su intención de regular la financiación colectiva de startups o empresas a cambio de acciones (o equity crowdfunding). Por aquel entonces se hablaba de limitar en un millón de euros la cantidad máxima que una empresa podía conseguir a través de este método, no pudiendo superar cada aportación los 3.000 euros.
La ley de Fomento de la Financiación Empresarial, como paradójicamente la llamaron, pasó meses después al Congreso de los Diputados, donde se ha estado debatiendo y modificando hasta ahora. La Comisión de Economía y Competitividad la aprobará hoy, aunque con algún cambio sustancial respecto al planteamiento inicial que conocimos en su día. Uno de los más importantes es que se sube el límite del importe que una startup puede recaudar por equity crowdfunding hasta los 5 millones de euros si el dinero procede de inversores acreditados.
¿Qué es un inversor acreditado? Según queda establecido en las modificaciones que se han hecho sobre dicha propuesta, son personas con rentas superiores a 50.000 euros o con un patrimonio superior a 100.000, o empresas que cumplan determinados requisitos. Este tipo de inversores no tendrán un límite en cuanto a posible cantidad a invertir, pero una startup sólo podrá recaudar 5 millones de euros en total, como decíamos antes.
¿Y si alguien que no cumple esos requisitos quiere invertir? Para startups que reciban dinero de inversores acreditados como no acreditados, el límite se ha fijado en un total 2 millones de euros. En este caso, sí que hay límite por inversor: 3.000 euros por proyecto o 10.000 euros anuales en total por plataforma. ¿El objetivo de la ley que se aprobará esta tarde? Según el Gobierno, "fortalecer el desarrollo de este sector y, al tiempo, salvaguardar la necesaria estabilidad financiera".
Hoy se aprueba en el Congreso y después pasa al Senado
El "crowdfunding tradicional" no se ve afectado
El «crowdfunding» es un fenómeno con diversas manifestaciones, si bien sólo se pretende regular aquí las figuras en las que prime el componente financiero de la actividad o, dicho de otro modo, en las que el inversor espera recibir una remuneración dineraria por su participación, dejando por tanto fuera del ámbito de esta norma al «crowdfunding» instrumentado mediante compraventas o donaciones.
El texto que aparece sobre estas líneas está extraído del texto remitido al Congreso. Cabe señalar que esta legislación afecta al equity crowdfunding, es decir, cuando a cambio de dinero se ofrecen acciones, o al crowdlending, referente al préstamo entre empresas. El crowdfunding tradicional, en el que no se ofrece nada a cambio o lo que se ofrece son recompensas materiales (pero no acciones o participaciones en los beneficios), no parece estar de momento en el punto de mira del Gobierno.
Vía | El Confidencial
Imagen | LendingMemo (CC)
En El Blog Salmón | ¿Limitar la inversión a través de crowdfunding es la mejor manera de regularlo?
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