El campo se ha levantado en Europa, y con fuerza. Las protestas que se originaron en Francia hace dos semanas y que analizamos en Xataka a lo largo de varios artículos se ha extendido rápidamente a otros países de la Eurozona, incluído España. Los agricultores protestan por la crisis del sector y por las políticas agrarias de la Unión Europea. Eso se ha materializado en España en decenas de manifestaciones, cortes y bloqueos de carreteras. Un caos para el transporte y la logística nacional.
La movilización y sus consecuencias han sido tal que apenas dos semanas de que se iniciaran, ya han visto varios resultados en las instituciones. Por un lado, la Comisión Europea ha anunciado la eliminación de la normativa de reducción de pesticidas. Y por otro, el Gobierno ha concedido 269 millones en ayudas para el campo además de comprometerse a "fortalecer" la Ley de la Cadena Alimentaria.
Lo primero: ¿qué piden? Antes de entrar a comentar los logros burocráticos que se han conseguido en los últimos días para el sector agrícola (y lo que queda por delante), hay que mencionar cuáles son las peticiones principales y el motivo de queja de un sector esencial para el buen funcionamiento de la cadena alimentaria. Tal como indican las organizaciones agrarias, lo que se busca es mejorar las condiciones del sector en un momento de subida de precios por la crisis energética, la guerra de Ucrania y la sequía. Además de aplicar medidas que relajen los costes de producción y simplifiquen la Política Agraria Común (PAC).
De hecho, uno de los principales reclamos del campo español puede entenderse también desde una visión general europea, es en realidad lo mismo que piden los miles de agricultores que han salido a las calles de París, Berlín o Bruselas: que termine la "competencia desleal" de terceros países, especialmente de Marruecos y países asiáticos, donde, según ellos, no se aplican los mismo controles fitosanitarios. "Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y España", explican en su comunicado ASAJA, COAG y UPA.
La respuesta del Gobierno. Con decenas de bloqueos en las principales carreteras del país, el Gobierno de España tenía que hacer algo rápido antes de que el país se sume en el caos. Y hace unas horas comunicaba que ha lanzado de forma extraordinaria una ayuda para los autónomos agricultores de 269 millones de euros. Según el Ministerio de Agricultura, alrededor de 140.000 profesionales del sector agrario serán los beneficiarios de esta ayuda, que va dirigida a productores de tierra de cultivo de secano, arroz y tomate de industria para “amortiguar el impacto de la sequía y la guerra de Ucrania en el sector”.
¿De cuánto? Concretamente, estas subvenciones ascienden a 39,8 euros por hectárea para las explotaciones de cultivo de secano ubicadas en las áreas declaradas como zonas de afectación alta por la sequía (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Murcia y Navarra, además de las provincias de Álava, Ávila, Salamanca y Segovia y el enclave de Treviño) Y de 19,9 euros para aquellas situadas en zonas de afectación media (Baleares y Canarias y las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora)
Los productores de arroz recibirán, por su lado, 186,1 euros por hectárea subvencionable y los de tomate de industria dispondrán de 407,6 euros por hectárea. Eso sí, el Ministerio ha aclarado que no se concederán ayudas a los beneficiarios cuyo importe total a percibir sea inferior a 200 euros. "Queríamos trasladar el compromiso del Gobierno con el sector primario de nuestro país. Estamos al lado de los agricultores, de los ganaderos y de los pescadores de nuestro país y vamos a estar siempre protegiéndolos, acompañándolos y respaldándolos", ha explicado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
La Ley de la Cadena Alimentaria. Entre otras medidas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha comprometido a "fortalecer" la Ley de la Cadena Alimentaria en plenas protestas, que es otro de los principales reclamos de las asociaciones agrarias. Esta norma lleva casi dos años en vigor y consiste en proteger a los productores para que no puedan vender productos por menos dinero de lo que les cuesta producirlos.
Además, el Ejecutivo defiende la idea de simplificar la Política Agraria Común (PAC) y establecer cláusulas espejo en los acuerdos internacionales de comercio. Es decir, que el producto que se importe a un país de la Unión Europea lo haga "en las mismas condiciones que aquello que hemos impuesto en la producción a nuestros agricultores y ganaderos".
El cambio de rumbo de la UE. Las protestas masivas de los agricultores en toda Europa y, sobre todo, el miedo a los populismos que avivan estas movilizaciones, ha empujado también a la UE hasta un punto impensable hace unos meses: eliminar la normativa con la que la UE pretendía reducir en un 50% el uso de pesticidas químicos. A cuatro meses de las elecciones europeas y seis días después de que los agricultores desplazaran sus tractores a los edificios gubernamentales en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado marcha atrás en una de las medidas clave del pacto verde.
Pero no es el único. La Comisión ha publicado también sus nuevos objetivos climáticos hasta 2040 y estos se quedan un poco por debajo de lo que pedían los asesores científicos. Ya se habla también de dar “incentivos” a los agricultores para la transición verde a la par que se rebajan las políticas ambientales: "Se requiere un incentivo real que vaya más allá de la mera pérdida de rendimiento. Los subsidios públicos pueden proporcionar tales incentivos. Los agricultores necesitan un argumento comercial que valga la pena para adoptar medidas que mejoren la naturaleza", ha concluido la mandataria.
Imagen: GTRES
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