Que las comunidades de vecinos eran un poco inagotable de anécdotas e historias increíbles que harían retorcerse de la risa al maestro Berlanga ya lo descubrieron los guionistas de Aquí no hay quien viva. En este caso no se trata de si el vecino del décimo puede o no convertir su casa en una granja, aquí de lo que se trata es de evitar que una comunidad de vecinos pague un sueldo de ministro a su presidente.
El medio local para expatriados ingleses The Olive Press ha desvelado una historia que bien podría servir de guión para un episodio de la televisiva comunidad vecinal liderada por Juan Cuesta, su presidente.
Stephen Hills lleva 21 años siendo el presidente de la Comunidad de propietarios de Torre Bermeja, una urbanización de lujo situada a medio camino entre Estepona y Marbella (Málaga). El complejo está formado en su mayoría por segundas residencias que solo están habitadas durante los meses de verano y por residentes extranjeros que disfrutan una jubilación dorada al calor de la Costa del Sol.
Durante todos estos años su tarea al frente de la administración vecinal ha sido elogiada por los 109 vecinos de esta exclusiva urbanización que, año tras año, delegaban en él su voto en las juntas anuales de la comunidad de vecinos.
Todo cambió cuando en la última reunión anual de la Junta General Ordinaria de la comunidad de propietarios, su presidente incluyó la aprobación de los presupuestos para 2024 con una abultada dotación económica que llamaba la atención. Bajo la denominación de Administración Gerente de la Urbanización se asignaba una retribución a su presidente de 86.700 euros al año.
Según publica El País tras el último incremento salarial, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía tiene un salario oficial de 87.333 euros. En Newtral aseguran que el salario de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social es de 84.600 euros. Eso deja a este presidente de la comunidad de vecinos con un salario de 2.100 euros más que la vicepresidenta del Gobierno.
No contento con la generosa bonificación, el presidente también incluyó una cláusula en el acta vecinal en el que se le eximía de pagar la cuota que le corresponde como propietario de un inmueble en la urbanización. Según fuentes consultadas por El Mundo, estas cuotas podrían superar los 6.000 euros anuales.
Un presidente con suelto de ministro. Los vecinos se oponen, claro
Dado que Stephen Hills contaba con el voto delegado de muchos de los vecinos que no acudieron a la junta vecinal, el actual presidente hizo valer su voto mayoritario para aprobar los presupuestos presentados y, con ellos, el salario de 86.700 euros y la exención en el pago de las cuotas de mantenimiento de la urbanización. Todo ello pese a las protestas de los presentes que sí se dieron cuenta del ardid.
Como los votos delegados daban la potestad al presidente para aprobarlos presupuestos de forma totalmente legal, a los vecinos solo le quedó la vía judicial para que un juez impugne el acta aprobada y revoque el acuerdo que había impuesto el representante.
La defensa de los vecinos argumenta su denuncia apelando a los estatutos de Torre Bermeja y a la Ley de Propiedad Horizontal. Según fuentes consultadas por El Español, el acuerdo debía declararse nulo porque en los estatutos se especifica que la figura del presidente es un cargo gratuito, asegura el abogado defensor, y la creación de la figura del Administrador Gerente de la Urbanización no se ha sometido a votación por la comunidad.
Por otro lado, en los propios presupuestos aprobados en la junta, ya se contemplan partidas presupuestarias destinadas a cubrir los gastos de un gestor administrador de fincas con un importe anual de 17.250 euros al año. Además, se añaden 45.000 euros más en concepto de salarios para los dos empleados que integran la administración de la propiedad. Por lo que el cargo de presidente de la comunidad es un cargo de carácter representativo y no ejecutivo, y por eso no percibía retribución alguna.
Por otro lado, la exención del pago de cuotas al presidente no se contempla en los estatutos de la comunidad, en la que sí se especifica que cada propietario debe contribuir, con arreglo a la cuota establecida, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble. Por lo que el abogado de la defensa de los vecinos que presentaron la denuncia cree que lesiona gravemente los intereses de los propietarios de la comunidad.
Imagen | Aquí no hay quien viva (Antena 3 Televisión, Miramon Mendi)
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