Uno de los objetivos del actual ejecutivo es reducir la jornada laboral. Así lo consignaron ambos socios de gobierno en el pacto previo a la investidura, y se confirma con la convocatoria de los agentes sociales a la mesa de negociación para estudiar la forma en la que se va a aplicar la reducción a 38,5 horas semanales prevista para 2024.
De forma paralela, el Ministerio de Industria diseñó un plan de jornada semanal de cuatro días independiente al programa piloto que se llevó a cabo en Valencia a principios de 2023.
En abril de 2023, el Ministerio asignó una dotación de 9,6 millones de euros destinados a ayudas para empresas que se acogieran a la reducción de jornada a cuatro días con un total de 32 horas semanales. 41 empresas se acogieron a este plan solicitando una subvención del Ministerio. Desde la Administración se comprometieron a resolverlas antes de octubre de 2023. Sin embargo, se ha superado ampliamente ese plazo y las empresas que se habían comprometido con la reducción de jornada siguen a la espera de que el Ministerio resuelva sus expedientes.
Fuentes del Ministerio confirman el retraso en loa tramitación a El País, y lo achacan a los cambios producidos en la cúpula ministerial tras las elecciones de generales de julio. Las mismas fuentes confirman que en las próximas semanas pueden resolverse esos expedientes y se notificará a las empresas beneficiarias.
Poco interés de las pymes por la semana laboral de cuatro días
Más allá de los retrasos en la asignación de las ayudas prometidas, lo que llama la atención es el poco interés de las empresas por acogerse a este modelo de jornada reducida. Dado que solo han pedido incorporarse 41 empresas al programa, se han asignado 2,83 millones de euros en ayudas, lo que representa el 29% del total de lo previsto, y beneficiará a 503 trabajadores.
El objetivo de este programa es servir de laboratorio de cara a la futura implantación de este modelo de jornada más allá de 2025 utilizando un modelo de pymes con menos de 250 empleados preferentemente de producción industrial para obtener unos datos lo más cercanos posible al tejido empresarial en España.
“Este experimento busca recopilar datos que permitan una evaluación fiable y extrapolable al conjunto de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial”, se indicaba en la nota de prensa del Ministerio de Industria en mayo de 2023. “La diversidad y la calidad de las propuestas presentadas evidencian el talento y la creatividad de las pymes industriales interesadas, abarcando una amplia gama de sectores, como ingeniería, arquitectura, material y equipo eléctrico, caucho, farmacéuticos, textil y distribución y alimentación”.
Este segmento es que más acusa el estancamiento de la productividad. Según los resultados de la prueba llevada a cabo en Valencia, la productividad se incrementa con la semana laboral de cuatro días, por lo que el el cambio podría suponer una mejora en su competitividad. Pymes y autónomos son los que se han mostrado más reticentes con la semana laboral de cuatro días, viendo como inasumibles los costes derivados de la reducción de horas ante la falta de recursos y músculo financiero.
Según se especificaba en la convocatoria del proyecto, las empresas se comprometían a mantener el modelo de jornada laboral durante un mínimo de dos años para poder obtener datos consolidados en el tiempo, y no solo a corto plazo como los obtenidos por la prueba de Valencia, Portugal y otros pilotos que se han realizado por todo el mundo.
En la convocatoria se especificaba que la reducción de jornada debía afectar tanto a empleados a tiempo completo, como a tiempo parcial cubriendo a no menos del 30% de la plantilla para empresas con menos de 20 empleados, y del 25% para las que tienen más. De ese modo, la prueba pretende obtener datos del impacto de la jornada laboral de cuatro días no solo en los departamentos administrativos, sino que también afecte a puestos de producción.
De las 41 solicitudes presentadas, 11 provienen de Cataluña, siendo la provincia con más solicitudes, seguido por Andalucía, Galicia, País Vasco, Asturias, Navarra y Canarias. A la cola se sitúan Madrid, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Baleares y Castilla- La Mancha con dos solicitudes cada una. La Región de Murcia, Aragón, La Rioja o la Comunidad Valenciana no han presentado ninguna candidatura.
Imagen | Pexels (Anamul Rezwan)
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