Las entregas a domicilio tuvieron su gran expansión durante la pandemia, ante la limitación de movimientos y la imposibilidad de los negocios de atender a sus clientes directamente en sus locales. En ese escenario, empresas como Glovo dispararon su valor basándose en lagunas legislativas en su relación con los repartidores que entregaban los pedidos de la plataforma.
Ese vacío legal quedó cubierto en 2021 con la Ley Rider,que con más pena que gloria buscaba dar carpetazo a las denuncias de abuso y acusaciones de convertir a los repartidores en falsos autónomos. Lo cierto es tras dos años de la aprobación de la Ley Rider, ni plataformas ni repartidores están satisfechos con el resultado.
Tras años de idas y venidas a los tribunales, varias sentencias marcaron las normas de las relaciones laborales entre la plataforma y sus repartidores: o se les contrata o se les da más libertad en la fijación de precios y horarios. Glovo parece no haber aplicado correctamente esas directrices porque la Inspección de Trabajo ha impuesta la primera propuesta provisional de multa a Glovo por incumplir la Ley Rider en 49 repartidores de la multinacional en Asturias.
Según fuentes de El Periódico de Cataluña, la Inspección de Trabajo considera que el modelo “flex” que ha utilizado Glovo para regularizar la relación laboral con estos 49 repartidores, no cumple con la normativa. La Inspección considera que, dado que siguen dependiendo del algoritmo de la plataforma, se resta autonomía a los repartidores. Por ello, su relación laboral no cumpliría con las garantías de libertad de fijación de precios y horarios que se establecen en la Ley Rider para contratar a repartidores autónomos.
En este caso, la Administración considera que la plataforma estaría haciendo uso de falsos autónomos cuando tendrían que ser asalariados. "Se trata de una propuesta provisional de la Inspección Laboral para el caso concreto de estos 49 repartidores, de un total de 19.000 que operan a través de Glovo. Se basa, además, únicamente en el testimonio de dichos repartidores y no en un análisis de las características operativas actuales de la app de Glovo en España. Seguimos defendiendo la legalidad de nuestro modelo", declaran fuentes de Glovo a El Periódico.
Según el informe sobre la Ley Rider del Foro de Humanismo Tecnológico de Esade, en 2022 el número de repartidores con contrato casi se duplicó pasando de 5.464 en mayo de 2021 a 10.980 empleados en agosto de 2022. Muchos de ellos pasaron a formar parte de la plantilla de Glovo para ceñirse a la normativa de la Ley Rider. Sin embargo, las nuevas diligencias abiertas por la Inspección ponen en tela de juicio la legalidad de las regularizaciones que la empresa realizó a partir de la Ley Rider.
Pese a esa regularización, la matriz alemana de Glovo ha hecho una provisión 400 millones de euros para hacer frente a las multas que todavía quedan pendientes de ratificación judicial previas a la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a la implantación de la Ley Rider. Si la nueva denuncia de Trabajo llega a término, la empresa incurriría en un fraude de autónomos cuya pena se ha incrementado tras la modificación del artículo 311 del Código Penal registrado en la Ley Orgánica 14/2022.
Un ERE en sus supermercados fantasma agrava el futuro de Glovo
Paralelamente a la denuncia presentada por la Inspección de Trabajo, Glovo ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo para los 105 empleados que gestión de seis “supermercados fantasma” de Bilbao, Pamplona, las Palmas de G.C, Tenerife, Granada y Alicante que echarán el cierre.
Los establecimientos servían de soporte al servicio SuperGlovo Quick Commerce de Glovo, que ofrece repartos a domicilio para pedidos de supermercado en un máximo de 10 minutos. Estos supermercados no están abiertos al público, y solo operan desde la plataforma de Glovo.
Al contrario que sucede con los repartidores de la plataforma, los empleados que gestionan estos locales son asalariados. El sindicato UGT denuncia en un comunicado que las 600 personas empleadas que seguirán trabajando en el resto de locales del servicio se enfrentarán a un recorte salarial eliminando complementos como el plus del transporte, el de trabajo en festivo o de vestuario.
La plataforma alega una mala situación económica para justificar el cierre de los seis centros de trabajo y el expediente de regulación de sus trabajadores. “El nuevo ERE en su división de supermercados y el endurecimiento de las condiciones laborales vuelve a constatar las prácticas de una empresa, que busca el beneficio rápido, lejos de un modelo de relaciones laborales justo”, ha denunciado UGT en su comunicado.
Desde el sindicato señalan que “frente a las prácticas laborales de empresas como Glovo o modelos como la llamada ‘Economía de Plataformas o Gig Economy’ hay que poner en valor la necesidad de construir empresas solventes que garanticen ingresos y condiciones dignas a sus trabajadores y que no practiquen la competencia desleal en base a desregular las condiciones de sus trabajadores”.
Imagen | Glovo
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