El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan de Hacienda para ahorrar energía en la Administración General del Estado (AGE). Entre las medidas que contempla el documento está la de conceder hasta tres días de teletrabajo a todos aquellos funcionarios cuyos puestos sean susceptibles de desempeñarse en remoto, como ya adelantamos en Xataka.
Según lo dispuesto en este plan, a partir de ahora cada ministerio o entidad estatal deberá aprobar un plan de trabajo que incorpore una declaración de puestos susceptibles de teletrabajar, los cuales podrán desempeñar sus labores a distancia hasta tres días a la semana. Hasta el momento sólo se les permitía uno.
Disgusto de los sindicatos. El plan no ha sentado demasiado bien a los sindicatos, a pesar de que estos llevan meses persiguiendo que el Gobierno conceda a los empleados públicos la posibilidad de trabajar a distancia más días a la semana. ¿El motivo? Que la modalidad de trabajo remoto se incluya como una medida más dentro de un proyecto de ahorro y no tenga una regulación propia, como el propio Ministerio de Hacienda prometió a los representantes de los trabajadores hace más de un año.
A las organizaciones sindicales les ha molestado que el Gobierno haya creado un plan de ahorro energético y lo haya aprobado a marchas forzadas a raíz de la guerra de Ucrania y que, sin embargo, haya ido retrasando sucesivamente la norma que regula el teletrabajo de los funcionarios desde finales de 2021. Una norma que daría mayor protección y garantías a los empleados públicos en relación con el teletrabajo que las medidas aprobadas este martes.
Sucesivos retrasos. Gobierno y sindicatos ya pactaron en abril de 2021 una regulación propia, que debía entrar en vigor vía real decreto y recogía los derechos y obligaciones de los funcionarios en relación con el teletrabajo. El Ejecutivo dijo entonces a los representantes de los trabajadores que la norma se aprobaría para finales de 2021, fecha que luego retrasó a febrero, marzo y octubre de 2022, sucesivamente. Motivo por el que las organizaciones sindicales consideran la medida aprobada este martes un “parche” que perjudica a los empleados públicos.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que la medida organizativa del plan de ahorro referente al trabajo a distancia “se aplicará independientemente del decreto que regulará de manera específica el teletrabajo, cuya elaboración se está ultimando y que el Gobierno espera aprobar en breve”.
Mismas condiciones… En principio. El Gobierno ha comunicado a los sindicatos que el teletrabajo que plantea mediante el plan de ahorro energético se regirá por las mismas condiciones que ya pactaron en abril de 2021: tres días a la semana (salvo algunas excepciones), voluntario y reversible, sólo para aquellos puestos susceptibles de desempeñarse a distancia y con dotación de equipos informáticos y conexión a internet por parte de la AGE.
No obstante, aquel acuerdo inicial ha sufrido algunas variaciones en este tiempo. Como ya explicamos en Xataka, Hacienda introdujo una disposición adicional en el borrador del real decreto del teletrabajo de los funcionarios por la que daba margen a la Administración del Estado hasta el 31 de diciembre de 2023 para proporcionar los equipos y conexiones necesarias para el trabajo a distancia de sus empleados.
Equipos personales. Esto supondría que muchos empleados públicos se verían obligados usar recursos personales (equipos y conexiones) para poder teletrabajar, como lleva sucediendo durante buena parte de la pandemia, según explicaron a Xataka tanto sindicatos como varios empleados públicos, quienes aseguraron que era la única alternativa que ofrecía la Administración si querían trabajar desde casa ante la falta de recursos para dotar a todos ellos de ordenadores y conexión a internet por el momento.
Las condiciones definitivas del teletrabajo que ahora plantea Hacienda todavía no se han publicado, por lo que habrá que esperar hasta que estén disponibles para saber si la Administración vuelve a las condiciones pactadas en abril de 2021 y dota a todos los funcionarios que trabajen a distancia de equipos y conexiones, o si, por el contrario, mantiene la disposición adicional introducida más tarde, que obligaría a algunos empleados públicos a usar sus propios recursos para desempeñar sus labores.
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