El Gobierno se arrepiente de la vuelta a la presencialidad: los funcionarios podrán teletrabajar hasta tres días a la semana a partir de 2022

El Gobierno se arrepiente de la vuelta a la presencialidad: los funcionarios podrán teletrabajar hasta tres días a la semana a partir de 2022
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El Gobierno se ha arrepentido rápido de la vuelta a la presencialidad que impuso a sus trabajadores el pasado octubre, cuando estableció que los funcionarios que habían venido trabajando en remoto durante la pandemia hasta un 80% de su jornada sólo podrían teletrabajar un día a la semana. Ahora, la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que a partir de enero los empleados de la Administración General del Estado podrán desarrollar sus labores desde casa hasta tres días a la semana.

La ministra ha informado de que regularán esta opción a través de un real decreto en el que llevan trabajando varios meses y que actualmente están negociando con los sindicatos, por lo que aún no está cerrado pero sí avanzado.

Montero no ofreció muchos más detalles al respecto en su comparecencia en la Cámara Baja, pero según ha adelantado el diario El Mundo, el teletrabajo será voluntario y reversible, y su adopción estará condicionada a que el servicio que presta el funcionario esté garantizado en remoto, para lo que cada organismo público tendrá que hacer un estudio en el que analicen los puestos que efectivamente son susceptibles de hacerse a distancia sin problemas.

Asimismo, la administración a la que pertenezca tendrá que proporcionar al empleado un equipo informático con tarjeta de datos y las herramientas y aplicaciones necesarias para realizar su actividad, así como la formación que sea precisa para que pueda desempeñar sus funciones correctamente a distancia.

Hasta el pasado 1 de octubre, los funcionarios cuyo puesto se podía realizar sin problemas en remoto podían teletrabajar hasta el 80% de la jornada semanal, pero a partir de esa fecha el Gobierno estableció unilateralmente la vuelta a la oficina al menos cuatro días a la semana de forma obligatoria. La medida fue recibida con rechazo por los empleados públicos y los sindicatos, que entendieron que era un “recorte drástico” de los acuerdos que habían firmado apenas unos meses atrás.

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