El pasado mes de febrero, la llamada Ley Rider Europea, destinada a regular la relación laboral entre las plataformas digitales y sus empleados, parecía condenada a permanecer dentro de un cajón hasta pasadas de las elecciones europeas en junio.
Alemania y Francia se negaban a aceptar una normativa que ya había renunciado a buena parte de sus exigencias para contentar a ambos países y que contaba con la abstención de buena parte de los 27 países de la Unión.
Sin embargo, ayer se produjo un giro inesperado de los acontecimientos cuando Grecia y Estonia cambiaron el sentido de su voto y mostraron su apoyo al texto que se había negociado en febrero.
Nuevas herramientas europeas para definir las relaciones laborales
Este cambio de opinión conseguía sumar los apoyos necesarios para lograr la mayoría cualificada necesaria para contrarrestar los votos en contra de Alemania y Francia. De ese modo, y contra todo pronóstico, la Ley Rider europea consigue salir adelante pendiente de la ratificación del Parlamento Europeo.
“Gracias por las sorpresas de última hora. Tengo el placer de concluir que el Consejo ha aceptado el texto de compromiso final sobre la directiva relativa a la mejora de condiciones de trabajo en las plataformas",”, ha celebrado el ministro de trabajo belga Pierre-Yves Demargne, responsable de la presidencia de la mesa de negociación.
“Agradezco el trabajo de modificar el texto. Teniendo en cuenta ese trabajo, queremos dar muestra en nuestro espíritu de compromiso, la solidaridad en Europa, vamos a apoyar la directiva”, declaró en rueda de prensa la representante griega durante la reunión de los ministros de Trabajo de la Unión Europea. “Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y adoptar un acuerdo defendiendo el interés de los trabajadores”, declaró su homólogo estonio, quien recibió el aplauso de sus colegas europeos.
El comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado desde su perfil de X. “Este es un día trascendental para los trabajadores de las plataformas. Las nuevas normas de la UE darán a los trabajadores de plataformas más derechos y protecciones sin obstaculizar la capacidad de desarrollo de las plataformas. La UE ha cumplido hoy”.
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La llamada Ley Rider europea se propuso en 2021 basándose en el espíritu de la Ley Rider aprobada en España, pero no fue hasta diciembre de 2022 cuando, bajo la presidencia española del Consejo, se alcanzó un acuerdo interinstitucional con el gobierno comunitario y el Parlamento Europeo. Pese a los grandes recortes en su contenido y protección, España mantuvo su apoyo al texto.
La normativa busca ofrecer una mayor protección a los empleados europeos de las más de 500 plataformas digitales, dando así cobertura a unos 5,5 millones de profesionales que podrían estar erróneamente considerados como falsos autónomos cuando en realidad deberían se asalariados por su relación laboral.
Uno de los puntos más discutidos fue precisamente el relativo al uso de los algoritmos en la toma decisiones sobre la carga trabajo de estos empleados, coartando de ese modo la garantía de libertad de fijación de horarios y precios de los servicios inherente a la consideración como trabajador autónomo.
Con el texto aprobado por Grecia y Estonia, los trabajadores permanecen informados sobre el uso de los algoritmos y se prohíbe el tratamiento de determinados datos, así como se garantiza la supervisión humana de las decisiones y su revisión. Dicho de otro modo, se prohíbe que el algoritmo penalice a los repartidores que no trabajen en los turnos de máxima afluencia, impongan sus propios precios o que se les discrimine por género.
Tras la ratificación del preacuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo, los países miembros disponen de dos años para adaptar las legislaciones nacionales a la normativa comunitaria.
Uno de los cambios que deberán implementar la mayoría de países será el de la presunción legal de los empleados, que ayudará a determinar la correcta clasificación laboral de los empleados que trabajan en las plataformas digitales, siendo obligación de la plataforma demostrar que no hay relación laboral con los empleados autónomos para no ser considerados falsos autónomos.
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