Casi todas las semanas, la prensa amanece con una alerta alimentaria nueva. En esta ocasión ha sido un lote de latas de atún en aceite de girasol en las se han encontrado histaminas (un producto de la degradación de la histidina) que puede provocar vómitos, dolores de cabeza, diarreas y urticaria en lo que llamamos 'histaminosis tóxica'.
No es nada excepcional, ni especialmente llamativo: de hecho, es un signo de que (a diferencia de países como EEUU) el sistema de trazabilidad funciona relativamente bien. Sin embargo, no deja de ser sorprendente que, en 2022, no solo situamos teniendo un reguero constante de estos casos, sino el hecho de que sea tan difícil retirar esos productos cuando ya están en casa de los consumidores.
En busca del riesgo cero. En las últimas décadas, las industrias alimentarias han evolucionado de una forma realmente notable. Hace unos años, Moya y Ferrer (del área de toxicología de la Universidad de Valencia) decidieron ponerle cifras a ese majeora y realizaron un estudio sobre la evolución de las alertas alimentarias del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Sus datos permitían ser optimistas: pese al aumento de los riesgos derivados de la libre circulación de productos por toda la Unión Europea, las alertas disminuían a un ritmo de casi un 5% anual.
Un riesgo cero que no existe. No obstante, como hemos visto en los últimos años, el riesgo sigue ahí. Los casos de malas prácticas de manipulación (falta de higiene, problemas de formación, etc...), las limitaciones en los sistemas de control (mala evaluación de riesgos y peligros de los procesos industriales), las contaminaciones (por falta de mecanismos de 'food defense') y los fraudes siguen generando numerosos problemas alimentarios.
¿Cómo nos enteramos? Porque ese es el verdadero problema. Aunque las noticias de productos retirados suelen ser habituales, a día de hoy es muy difícil saber si una lata de atún que tenemos en la despensa se ha retirado del mercado. Los sistemas de retirada funcionan como un reloj hasta el supermercado: más allá faltan mecanismos que faciliten que los consumidores puedan acceder a la información de forma fácil.
La FDA norteamericana, de hecho, reconoció en 2019 que este era uno de los grandes problemas que tenía pendientes. Y es que en EEUU en torno a 48 millones de personas (1 de cada 6 estadounidenses) enferman de intoxicaciones alimentarias prevenibles cada año. 128.000 llegan a ser hospitalizados y unas 3.000 acaban falleciendo. Comparativamente, en Europa la situación es sustantivamente mejor, pero más de 500 personas fallecen en el continente por intoxicaciones que son evitables.
Tecnología frente a las alarmas sanitarias. En los últimos años, cada vez es más fácil acceder a las alertas sanitarias porque internet ha facilitado a las autoridades la creación de bases de datos públicas. No obstante, consultar en esas bases de datos el lote de las latas de atún que tenemos en la despensa no es una práctica habitual en las cocinas españolas.
Por eso, aunque no faltan iniciativas como la instalación de códigos QR en los envases que permitan de forma sencilla revisar con el teléfono móvil el status de cada producto en cada momento, lo cierto es que el esfuerzo por parte de las autoridades por reducir los riesgos por este lado no es todo lo efectivo que nos gustaría.
Una tarea pendiente. Aún queda mucho por hacer y siendo, como somos, una potencia agroalimentaria (es decir, un gigante industrial de los productos que más alertas alimentarias generan) es razonable esperar el liderazgo español en este campo. falta ver si somos capaces de asumirlo.
Imagen: Openfoodfacts
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