No es inquilino quien quiere, sino quien puede. Firmar un contrato de arrendamiento requiere hoy en España algo más que dinero: con la demanda disparada y decenas de aspirantes por cada piso, los caseros intentan cubrirse las espaldas buscando al alquilado ideal. Y lo de ideal no es una forma hablar. Cada vez son más los que vetan a las familias con mascotas o niños pequeños, exigen avales extra y seguros de impago e incluso organizan castings para encontrar el mejor perfil. Todo esto, por supuesto, además de reclamar una solvencia debidamente acreditada con nóminas, contratos o extractos del banco.
Ante semejante panorama y la imposibilidad de cumplir con ese nivel de exigencia hay quien está optando por la vía más fácil (e ilícita): falsificar documentación para mostrársela al casero. Y eso está generando a su vez un lucrativo negocio que crece al calor de un mercado inmobiliario cada vez más complicado y competitivo.
Solo inquilinos solventes. Alquilar un apartamento en España requiere, cada vez más, cumplir dos requisitos. El primero, tener recursos suficientes para hacer frente a unos alquileres al alza, que se han mostrado sorprendentemente difíciles de controlar y que en algunas regiones están subiendo un 17% en cuestión de un año. El segundo requisito es ser económicamente solvente. Cuanto más, mejor.
Con una oferta de vivienda incapaz de asumir la demanda, anuncios que llegan a despertar el interés de más de cien aspirantes y apartamentos que se alquilan a los pocos días de anunciarse, los caseros se han vuelto más exigentes cuando les toca escoger a sus inquilinos. Y eso pasa a menudo por poner toda clase de exigencias para prevenir impagos, incluidos seguros, avales y reclamar a los candidatos que muestren nóminas y contratos de trabajo. La idea: acreditar estabilidad.
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Pero... ¿Y si no puedo? Esos requisitos se lo ponen fácil a los aspirantes con economías más desahogadas, pero puede suponer una desafío para quienes no los cumplen. Ya no se trata de una cuestión de renta o ganar más o menos dinero a fin de mes, sino de estabilidad demostrable. Y eso en un país con un peso destacado de la economía sumergida y millones de autónomos —perfil que suele encontrarse aún con mayores dificultades a la hora de alquilar— no es una cuestión menor.
De ahí que el sector asegure que hay un número significativo de inquilinos que optan por "maquillar" su situación laboral para resultar más atractivos a ojos de sus potenciales caseros. ¿Cómo? Modificando o directamente falsificando nóminas y contratos laborales. La práctica no es nueva, pero parece estar consolidándose y alienta un negocio creciente de gente que se dedica a preparar documentación a demanda. Todo para que los inquilinos puedan pasar el filtro y lograr una casa.
Ni nuevo, ni desconocido. No es fácil aportar datos que den una medida precisa de hasta qué punto se recurre a tretas así, pero hay indicadores que dejan dos ideas claras: la primera, que el sector inmobiliario es consciente; la segunda, que no responde a casos puntuales. En 2020 la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) aseguraba que el 10% de la documentación aportada por los inquilinos para demostrar su solvencia acababa siendo "falsa" o estaba "alterada".
El mismo porcentaje replicaba hace poco Housfy. ANA se presenta como "líder en seguridad en alquileres en Madrid", con lo que es parte interesada; pero hay otros indicadores que revelan que las falsificaciones no se dan solo en casos aislados.
El País publicaba ayer un reportaje en el que cita a varias agencias del sector que aprecian un aumento de las nóminas y vidas laborales "maquilladas". "La razón es que los inquilinos saben que hay pocas viviendas disponibles y muchos candidatos, por eso quieren presentar el perfil económico más sobresaliente para ser elegidos", comenta Mercedes Robles, de la correduría Arrenta. Según los datos que maneja, prácticas así alcanzan ya al 10% de las operaciones, el doble que en años pasados, cuando, recuerda la experta, ese porcentaje "nunca superaba el 5%".
"Podrás tener tu piso alquilado". Hay otra pista, igual o incluso más relevadora. Llega una búsqueda en Milanuncios para encontrar publicaciones de gente que ofrece sus servicios para preparar documentación con la que superar el filtro de los caseros. "Se hacen contratos y nóminas para poder obtener piso de alquiler, con esta documentación podrás tener tu piso ya alquilado, aunque no llegue con tu antigüedad y salario", recoge un anuncio publicado hace solo unas semanas. No es ni mucho menos el único colgado en esa plataforma.
El País cita una persona que pide a través del chat 180 euros por retocar tres nóminas. Si además se quiere manipular contratos cobra 50 euros extra. Algunos despachos de abogados ya constatan "un aumento preocupante" de casos.
Subirse el sueldo con un clic. Que la práctica esté extendiéndose no es sorprendente. Se han endurecido las condiciones aplicadas por los caseros, que en las provincias con mercados más saturados llegan a tener más de cien aspirantes entre los que escoger cuando buscan inquilino. Y modificar una nómina o contrato tampoco requiere demasiada logística. "Es muy sencillo", asume el propio sector.
"Es suficiente con un programa con funciones de copiar, manipular y editar imágenes. Subirse el sueldo a golpe de clic para llegar a la nómina mínima para alquilar un piso, cambiar el nombre por el de un conocido, pasar del tipo temporal a indefinido o simplemente crear un contrato ficticio son algunas de las tácticas que se han usado para demostrar solvencia y cumplir requisitos", explica Housfy.
Atentas al engaño. "Normalmente cogen una nómina de un amigo y le cambian el nombre. Otras veces, sobre todo en empresas pequeñas, les dicen a sus jefes que les hagan nóminas para un alquiler", advertía ya en 2020 a Antena3 ANA. Que la falsificación y retoque de documentos se haya extendido explica también que las agencias se hayan dotado de recursos para detectar este tipo de engaños. Housfy anima también a solicitar más documentación, como las tres últimas nóminas, o con el visto bueno del inquilino, consultar a la compañía en la que trabaja.
Una práctica con riesgos. Falsificador o retocar documentación para superar los filtros de los caseros tiene riesgos. Y graves. "Esta práctica, que puede parecer una simple picaresca, constituye un delito y puede acarrear penas de prisión según el artículo 395 del Código Penal", añaden desde Lexperta Abogados. La legislación es muy clara al respecto: establece que los particulares que "alteren” o "simulen" un "documento público, oficial o mercantil", se arriesgan a condenas que van de los seis meses a tres años de prisión y multas que llegan a los 12 meses.
Es más, el despacho apunta que si el propietario o la compañía aseguradora aceptan un contrato de alquiler basándose en documentos falsos "corren el riesgo de firmar un contrato nulo". "La decisión se habría tomado bajo engaño", inciden.
Hay casos ya de inquilinos pillados in fraganti, como una mujer de 32 años detenida en 2022 por falsificar su nómina, contrato y currículo, entre otra documentación, para alquilar un apartamento en Palma. El Periódico de Ibiza aseguraba por entonces que acabó detenida por falsedad documental y estafa y tenía antecedentes similares. Otros caseros han denunciado también de forma pública haber sufrido ya varios intentos similares por parte de inquilinos.
Imagen | Ján Jakub Naništa (Unsplash)
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