Los funcionarios que trabajan en las oficinas rurales de la Xunta de Galicia se han encontrado a lo largo de las últimas semanas con una peculiar carga de trabajo extra. Peculiar por su volumen. Y peculiar sobre todo por cuál es su propósito. Lo que solicitan quienes acuden con sus formularios bajo el brazo a las delegaciones autonómicas o directamente los envían por Internet es legalizar sus gallinas.
Exacto: sacar los gallos, pitas, pavos, gansos, palomas y demás fauna avícola que picotea en sus fincas de la inexistencia administrativa en la que llevan décadas inmersos y dar de alta sus corrales de forma oficial. En ello les va el poder conservarlos en el futuro… y una multa bastante cuantiosa.
De momento ya se han legalizado unos 40.000.
Gallinas con papeles. Eso es lo que están exigiendo no pocos gallegos en las oficinas de la Xunta. Quieren registrar los corrales que tienen en casa con unas cuantas gallinas o pollos, unas decenas a lo sumo, y que de esa forma figuren de forma oficial como "explotaciones de autoconsumo" a ojos del Estado.
El miércoles La Voz de Galicia hablaba de una "avalancha de peticiones" dirigidas a la administración autonómica, bien por parte de vecinos que acuden en persona, con el formulario ya cubierto bajo el brazo, o bien enviándolo a través de Internet. El diario regional incluso asegura que en algunas oficinas hay funcionarios consagrados casi en exclusiva a esa curiosa encomienda: legalizar corrales.
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Pero… ¿Tantos hay? De momento se han legado casi 40.700 gallineros, según los datos facilitados por Medio Rural. Y todos son corrales de autoconsumo cuyos dueños han decidido inscribirlos desde que se fijó el registro obligatorio en base a una medida del Gobierno central que entró en vigor en 2021. La cifra no está nada mal si se tiene en cuenta que hace unos meses, en noviembre, la Xunta contaba con un censo de apenas 16.600 corrales domésticos y a comienzos de marzo se hablaba de unos 35.100, buena parte de ellos repartidos por la provincia de A Coruña.
Pueden parecer muchos, pero el dato tampoco sorprende dado lo extendidas que están en la comunidad estas granjas caseras con unas cuantas gallinas.
Legalización con ayuda. Otro indicador de que los gallegos están lanzándose a inscribir sus pitas, pollos y gansos es que hay tiendas de venta de animales que se están dedicando a hacer la gestión para sus clientes de mayor edad.
Entre ellos, aclaran, se cuentan personas que no se manejan con desenvoltura con los trámites online. Entregan los datos necesarios en la tienda de confianza, que se encarga de todo el papeleo con la Xunta, y luego pasan por el negocio para recoger la documentación de su corral que les permite seguir dedicándose a la cría.
¿Y por qué? Porque así se lo indica la administración. Como recoge la propia Xunta en su web oficial, los corrales avícolas dedicados al autoconsumo familiar están obligados a registrarse. El organismo incluso precisa qué engloba bajo esa etiqueta, la de "autoconsumo": una pequeña granja con unas cuantas decenas de gallinas, pavos, patos, pintadas, gansos, codornices, perdices, faisanes o palomas.
Para ser precisos, la Xunta de Galicia habla de un máximo de 30 gallinas ponedoras, 50 pollos de engorde o sus equivalentes en otras especies. Para que pueda tener la etiqueta de "autoconsumo" es esencial que la carne, huevos y demás productos que generen no se comercialicen. De lo contrario entrarían en una categoría distinta a ojos de la administración: "Explotación reducida".
Objetivo: mayor control. Así lo aclara también la Xunta. A los corrales domésticos no se les exige ningún otro requisito adicional. Solo que se registren de forma adecuada. Y es así, apostilla la administración liderada por Alfonso Rueda, para que las autoridades sanitarias tengan constancia de su existencia y dónde están localizados. "Información necesaria en situación de riesgos sanitarios por enfermedades de las aves en las que se precise su control por la autoridad competente", aclaran. El mismo mensaje traslada el Gobierno central.
"Estas explotaciones, excepto su registro, no tienen que cumplir ningún requisito extra —señala el Ejecutivo—. La única finalidad es el conocimiento de su existencia y localización por parte de la autoridad competente en materia de sanidad animal, información necesaria en situación de riesgos sanitarios por enfermedades de las aves en las que se precise su control por la autoridad competente".
Cuestión de leyes… La iniciativa se apoya en realidad en una amplia legislación con tres patas, todas leyes estatales: La Ley de Sanidad Animal de 2003, una orden de 2006 en la que se establecen medidas contra la gripe aviar y el Real Decreto de 2021 que fija las normas básicas para las granjas avícolas, recoge de forma clara qué se entiende por "explotación de autoconsumo" y, entre otras cosas, aclara que todas deben identificar un veterinario de referencia para casos de emergencia.
…Y consecuencias. Hacer caso omiso de la norma acarrea consecuencias. La primera, que los corrales que sigan fuera del radar de la administración no durarán demasiado. Sin registro, no hay nuevos pollos, ni gallinas, ni ninguna otra ave con la que mantener activa la granja doméstica. Cuando una familia quiera comprarlos en una tienda tendrá que presentar el código de explotación que se le asigna al inscribir su gallinero. Si no lo tiene no le resultará fácil comprar crías.
Hay sin embargo una motivación aún mayor para hacerlo: las sanciones a las que se arriesgan quienes no respeten la ley van de los 600 a los 3.000 euros, precisa La Voz de Galicia, que recuerda que el decreto remite a la Ley de Sanidad Animal. El diario aclara que esa perspectiva ha provocado inquietud en más de una casa. "Hay miedo en la gente, pánico. Bajó un 70% la venta de gallinas", confesaba al diario el dueño de un negocio que se dedica a su venta en el municipio de Santa Comba.
Gallinas y algo más. La norma centra el foco en los corrales, pero sus consecuencias se han dejado sentir más allá de los gallineros de la comunidad. En algunas oficinas encargadas de tramitar los registros se ha traducido en una carga de trabajo extra considerable, con personal dedicado básicamente a esa labor.
El fenómeno es totalmente distinto en las tiendas que se dedican a la venta de animales, donde han notado una caída de ventas en una época del año en la que la gente suele comprar nuevos pollos. "Creo que la gente va a dejar de tener gallinas", confiesa una vecina de Abadín que ya dio de alta su corral, aunque reconoce tener dudas de la utilidad real de la medida: "No sé para qué será".
La iniciativa incluso tiene su deriva política. Las tiendas agrarias de Galicia, que acaban de conformar una asociación, Atiga, reclaman a la administración claridad sobre la norma, acabar con la incertidumbre entre los duelos de gallineros y aclarar si en el futuro habrá inspecciones para controlarlos. Su propósito: "Que se le quite el miedo a la gente". En la arena política, la Xunta también presentó decenas de alegaciones al decreto planteado por el Ministerio de Agricultura, si bien, precisa La Voz, el organismo autonómico se encontró con que todas se rechazaron.
Imagen | Nighthawk Shoots (Unsplash)
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