De forma algo súbita, pues nadie esperaba que el anuncio llegase hasta el pasado lunes, el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC acaban de sentar las bases para poner fin definitivamente a un conflicto que, pese a sus cambios y evoluciones, se ha extendido durante más de cinco décadas dejando a más de 200.000 muertos y la friolera de 6 millones de víctimas entre asesinados, heridos, secuestrados, extorsionados y desplazados.
Las negociaciones arrancaron en 2012 como apuesta personal del actual presidente, Juan Manuel Santos, quien jugó la carta de la paz para lograr ser reelegido en 2014. Hasta ese momento se habían logrado avances, pero también traspiés. El éxito del cónclave realizado en La Habana ha desdicho a quienes intentaron torpedear el acuerdo desde la oposición, instituciones como la Procuraduría General o desde unos medios que han dejado una sociedad confundida entre la ilusión por una estabilidad cercana y un rencor al que se aferran figuras como las del expresidente Álvaro Uribe.
"Plebiscito o fusilamiento" pic.twitter.com/Bpxkklveu4
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 15 de febrero de 2016
El alcance de lo acordado (texto íntegro del acuerdo) es tal que, de llevarse a cabo, transformará a Colombia en un país diferente. Uno desconocido para aquellos que aún viven del odio que desembocó en la masacre del partido Unión Patriótica o para quienes enmarañan el debate desde el puritanismo radical. Todos estos sectores aún viven resguardados en un régimen constitucional débil que necesita ser reconfigurado tanto para dotar de sentido común a la estructura social y política del país como para poder hacer realidad el deseo de un país mejor.
Precisamente una de las críticas más importantes a los mismos es que son una reforma constitucional encubierta. Y el problema es que para que lo acordado pueda hacerse realidad, se va a necesitar que la manoseada constitución de 1991 sea de nuevo pervertida más veces. De modo que hagamos un breve análisis de los cuatro puntos acordado en la negociación.
Narcotráfico: hacia un cambio de paradigma
"El enemigo ya no es el cultivo, es la organización criminal". Este es probablemente el lema de la nueva política antidrogas surgida de los acuerdos de La Habana, y que pone de manifiesto el cambio de roles que se va a llevar a cabo en los próximos meses entre los actores en el conflicto y el cambio de estrategias a utilizar frente a una actividad que ha convertido a Colombia en uno de los países más violentos del mundo en las últimas décadas.
La clave va a ser el cambio desde la perspectiva militarista hacia otro ligado a la salud pública, en el que se combatirá al narcotráfico desde la erradicación de cultivos. Para ello, se buscará la participación de las comunidades campesinas y su integración en los planes de desarrollo estatales, además de estrategias de prevención que se alejarán de la actuación represiva que ha atentado contra la integridad y derechos de los consumidores desde hace años.
Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia.
En lo que respecta al narcotráfico, los esfuerzos se centrarán en la desarticulación de las bandas criminales que tomaron el testigo de los grandes carteles junto a las FARC. El fortalecimiento del estado y la colaboración de la guerrilla, vía la información que deberán compartir con los agentes estatales, deberá permitir conocer rutas de distribución, estrategias de lavado de activos y posibles aliados políticos con el narcotráfico. Una información que permitirá hacer frente a estas organizaciones hasta desmantelarlas y "olvidarse" de los intentos de limitar la oferta en las calles luchando contra el incontenible microtráfico.
A nivel rural, la fumigación de campos se convertirá en la última opción, en respuesta a la oposición de las comunidades locales. Las FARC tendrán que desminar los campos ilícitos. Todo esto también implica que, al fin, la guerrilla reconoce haberse financiado con el narcotráfico (la Fiscalía también les ha presionado), y pone de manifiesto su intención de "salirse del negocio". Esta no es una cuestión baladí, ya que la cocaína y toda la violencia anexa han sido el combustible de esta guerra desde la caída de los carteles. La salida de las FARC puede ser clave para frenar un consumo en ascenso.
Políticas agrarias: una transformación básica
La primera de las etapas superadas en esta negociación puede no ser la más llamativa, pero sí es la que probablemente tenga mayor poder transformador para la sociedad colombiana.
Nacida tras una serie de revueltas durante los años 60 en el interior y este del país, las FARC se ha apropiado de la representación de los intereses de los campesinos, el sector de población más azotado por la desigualdad. La lenta pero continua transformación industrial, junto a políticas que han alejado la propiedad de aquel que debería ostentarla, ha sido el principal motor ideológico de la guerrilla y el principal caladero de apoyos. Esto se ve reflejado en el peso que el campo va a tener dentro de la nueva Colombia que va a surgir de estos acuerdos.
La oposición a las FARC en la mayor parte del país es alta.
La principal de las acciones dotará de legitmidad y seguridad jurídica a la actividad laboral de los millones de campesinos que han vivido durante décadas sin protección. La propiedad de la tierra, como uno de los mayores temas de disputa durante el conflicto, va a ser eje de estrategias que buscarán devolver los campos arrebatados por la violencia. Un nuevo catastro rural servirá de solución a este problema, apoyado por una nueva Jurisdicción Agraria basada en la Ley de Restitución de Tierras.
El objetivo de los acuerdos es que los campesinos también puedan acceder a la propiedad de la tierra, además de asegurar su protección laboral y económica
Su objetivo va a ser tanto permitir que los habitantes del campo puedan acceder a la propiedad de la tierra a través del Fondo de Tierras para la Paz, como proteger los grandes latifundios frente a la amenaza que siempre ha representado para ellos la presencia de la guerrilla. Latifundios improductivos, tierras baldías, otras apropiadas mediante el uso de la violencia y tierras incautadas al narcotráfico compondrán este fondo.
Otro ejemplo de lo anterior van a ser los Programas de Desarrollo Rural y Planes Nacionales Sectoriales que van a tener a los derechos los trabajadores del campo como ejes centrales. Asociacionismo y reconocimiento de derechos laborales va a ser uno de los factores más revolucionarios de los acuerdos, con el objetivo de dar protección social en forma de salud, pensión, vacaciones y educación a un sector poblacional que nunca ha tenido acceso a ello y que ha vivido durante décadas condenado a la pobreza.
Timoleón Jiménez, actual líder principal de las FARC.
Junto a lo anterior, los acuerdos van a ser ambiciosos en lo que respecta al medioambiente para poner freno a la deforestación. Ahí van a jugar un papel importante las Zonas de Reserva Campesina y su coexistencia con las Reservas Indígenas. En esencia, de la negociación debe emanar un campo más inclusivo y protector, en el que la propiedad de la tierra debe dejar de estar en disputa y que debe ser el motor de una pacificación del país gracias a planes tengan el combate de la desigualdad como el mayor de sus objetivos.
Las FARC en política: dinero e instituciones sólidas
Como en la mayoría de los procesos de negociación análogos, el principal objetivo por parte del gobierno de turno es que la agrupación terrorista cambie armas por política. Esta situación conlleva los puntos más polémitos del acuerdo, pero también los más coherentes y fáciles de desarrollar.
Las FARC han centrado su actividad en el mundo agrícola y su legitimidad política siempre ha procedido de ese mundo, un sector invisibilizado al que ahora pretenden representar en las instituciones. La herramienta será el partido político que fundará la guerrilla y que dependerá de financiación pública (7.000 millones de pesos al año, el que más dinero recibirá). Y aunque las exigencias de las FARC buscaban recuperar el nivel de representación que tuvo Unión Patriótica, no se puede decir que lo logrado en la negociación sea desdeñable.
Cinco senadores y cinco representantes en la Cámara obtendrán las FARC al margen de sus resultados conseguidos en las elecciones entre 2018 y 2026, un compromiso del estado para dotar de visibilidad al discurso de la guerrilla, y como garantía de que las FARC lucharán en favor de los acuerdos. A esto hay que unir la creación de Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz, que servirán de garantía a los ex-guerrilleros en su regreso a la vida civil, donde la guerrillá dotará a las instituciones de legitimidad, representación y representatividad.
Durante ocho años, la nueva organización política surgida de las FARC contará con cinco senadores y cinco representantes en la cámara baja colombiana
Junto a lo anterior van a ser fundamentales tanto el Estatuto de la Oposición como la Ley de Garantías, los cuales aún están por conformar y diseñar, y cuyo objetivo será garantizar el acceso a medios de comunicación y asociacionismo político a grupos sociales y minorías que antes estaban aislados por el ordenamiento jurídico.
Todo esto vendrá acompañado de una reforma de la Ley Electoral y programas de ayudas a los desmovilizados análogos a los ya existentes hasta el momento (con beneficios en forma de capital semilla para emprendedores o subsidios que garanticen el mínimo vital de los ex-guerrilleros). Del cumplimiento de esto último y los anteriores puntos se encargará la Comisión de Implementación y Verificación de los Acuerdos, la cual estará conformada por tres miembros de las FARC y tres miembros del gobierno (con una vida de 10 años).
Víctimas y Justicia Transicional: verdad y reparación
Uno de los puntos más difíciles. Las FARC fueron firmes en su posición: sus hombres habían sido las principales víctimas del conflicto, según su versión, y toda acción desarrollada por ellos había ido encaminada a liberar a los campesinos. El acuerdo se centra así en la búsqueda de la verdad, la reparación y la justicia como garantía de no repetición.
El conflicto armado con las FARC se ha prolongado durante cincuenta años.
Encargada de sacar adelante un relato de lo sucedido (referencia para el posterior Sistema de Justicia Transicional) será la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, órgano extrajudicial con representación de todos los agentes que tratará de identificar los atroces actos desarrollados tanto por la guerrilla como por el ejército y los paramilitares. Se crearán espacios de discusión locales, regionales y nacionales donde se buscará el reconocimiento y el arrepentimiento.
La mayor parte de los guerrilleros serán amnistiados, con penas reducidas para quienes hayan cometidos delitos de lesa humanidad
Ya hay certeza de que la mayoría de los guerrilleros serán amnistiados: el sistema ofrecerá beneficios a quienes reconozcan los hechos dictados por la Comisión de la Verdad y desarrollen actos de reparación. Aquellos que hayan cometido delitos de Lesa Humanidad podrán beneficiarse de penas de entre 5 y 8 años si se someten también al sistema, y en ningún caso obtendrán penas de inhabilitación política y podrán beneficiarse de penas alternativas si los agentes del sistema así lo consideran oportuno.
En este punto ha sido fundamental la generosidad de las víctimas directas, quienes han centrado sus exigencias en el reconocimiento de su condición y en que se conozca la verdad de lo sucedido, sobre todo cuando aún hoy hay miles de personas en paradero desconocido. Se hará lo posible por encontrarles y enterrarles si es necesario.
El fin: desarme, concentración y plebiscito
El primer paso para el fin del conflicto, y quizás el más importante y simbólico, se ha dado hoy 29 de agosto con el cese al fuego definitivo por parte del Estado. A continuación llegará el llamado Plebiscito el próximo 2 de octubre, y de su resultado dependerá la continuidad del cronograma, decretado esto recientemente por la Corte Constitucional ( se pretende que lo acordado se incorpore al bloque de constitucionalidad en el ordenamiento colombiano junto a los Tratados Internacionales).
La oposición uribista (en la imagen, Álvaro Uribe) se ha mostrado muy crítica con el proceso.
Si gana el No (las encuestas no lo indican), Santos ha defendido el regreso de la guerra y ha dejado entrever su dimisión. La oposición, por su parte, renegociará los acuerdos aunque gane el Sí, algo complicado dado el carácter de reforma constitucional de los mismos (en caso de que obtengan una victoria en las elecciones de 2018, claro). Finalmente, las FARC prometen no levantarse de la mesa de negociación pase lo que pase, algo más complicado si el candidato del uribismo ganas los próximos comicios electorales.
El proceso también tiene riesgo de fracasar, especialmente si sale el "No" en el plebiscito o si la oposición llega al poder en 2018
Otra posibilidad es que las partes sigan negociando pase lo que pase y que todo acabe desembocando en un gran pacto político, convirtiendo la negociación en una Asamblea Constituyente como ya sucedió en el año 1991. De hecho ésta fue la posición primigenia de la guerrilla, y la oposición se pronunció a favor momentáneamente, pero habría que ver cómo estarían los ánimos negociadores y la opinión pública de fracasar el plebiscito.
En lo que respecta al desarme, las FARC se comprometen a entregar las armas mediante un proceso verificado por observadores de las Naciones Unidas (lo harán una vez acabe el proceso de concentración en las 23 zonas veredales transitorias más 8 campamentos). Alcaldes y policía estarán presentes en estas zonas como representación del estado, pero no se permitirá el acceso de la fuerza pública sin permiso y vigilancia de los observadores de la ONU, quienes se ubicarán en un cordón de un kilómetro alrededor de estas zonas. En ellas se permitirá y promoverá la convivencia de guerrilleros y civiles, y será donde las FARC inicien su actividad política.
Celebración en las calles del acuerdo. La sociedad colombiana anhelaba un fin del conflicto violento, aunque el desarme de las FARC no asegure en absoluto el fin de la violencia.
Durante estos seis meses, 60 miembros de las FARC podrán moverse por todo el país para realizar pedagogía por la paz y construir los cimientos de su proyecto político. Para protegerles frente a posibles ataques o atentados, se firmará un Pacto Nacional y se les asignarán escoltas. Las armas entregadas serán destruidas y fundidas para hacer tres monumentos, uno a ubicar en la sede de la ONU, otro en La Habana y otro en Colombia.
Los problemas y los riesgos del acuerdo
Partiendo de la base de que hablamos de un conflicto que ha durado 52 años y en el que uno de los bandos ha carecido de apoyo por parte de la opinión pública, uno de los problemas será el posible rechazo al que se enfrenten los ex-guerrilleros una vez comiencen con su actividad política y difusión ideológica. Colombia es un país en el que la izquierda ha sido diezmada y deslegitimada socialmente, y esto va a requerir una importante labor didáctica.
A esto debemos añadir que la mayoría de la población no confía en las FARC, pues la propia guerrilla se ha encargado de hacer poco creíbles sus palabras. De esto se ha aprovechado la oposición para mermar la confianza ciudadana frente al proceso de paz, utilizando eventos como el del secuestro del general Rubén Darío Alzate para desarrollar discursos sobre un posible sometimiento del gobierno a las FARC y una posible laxitud negociadora. La experiencia de anteriores negociaciones está siendo utilizada por parte del uribismo, y la actuación del Procurador General de la Nación no hace sino echar leña al fuego.
Otro problema importante es que el gobierno ha vendido este proceso como la llegada de la paz al estado colombiano, y todos los expertos están de acuerdo en la importancia del primer paso pero en la lejanía del definitivo. La presencia de otros grupos como el ELN o el EPL, la creciente pujanza de las bacrim como herederas de los carteles o de los grupos paramilitares hacen poco creíbles las palabras del presidente Juan Manuel Santos.
El último problema y quizás el más importante es la ausencia de memoria económica de los mismos en un contexto de crisis. No es una cuestión menor: los expertos son insistentes en reconocer que la implementación de los acuerdos van a costar mucho dinero. De hecho el gobierno tiene otro gran proyecto legislativo a punto de ver la luz y de cuya aprobación va a depender en gran medida la dotación económica de los acuerdos. Veremos qué pasa con la Reforma Tributaria y la esperadísima subida de impuestos a una población ya asfixiada por los mismos.
En cualquiera de los casos, por muy alto que sea el precio a pagar por la paz, es evidente que siempre acabará compensando. Colombia no se merece otra cosa, y la alegría manifestada por todo el país estos últimos días debe servir de prueba de que el compromiso por la paz y la convivencia es un hecho para poner fin a una pesadilla que ya dura medio siglo.
Imagen | Ramón Espinosa/AP Photo, Fernando Vergara/AP Photo, Alejandro Cortés, Bixentro, Kozumel Fuente | Mesa de Conversaciones
