Dos datos para contextualizar la ralentización de la epidemia. El 8 de marzo, un días antes de que el gobierno anunciara medidas más restrictivas ante el agravamiento de los contagios, España registró 244 nuevos casos. No volvería a notificar una cifra tan escueta hasta el 25 de mayo (132). Cinco días más tarde, registraba su último gran pico, con 271 casos. Hoy ha registrado su número de casos más alto desde entonces, pese a lo confuso de las cifras ofrecidas por Sanidad: 257.
El problema. Hoy el Ministerio de Sanidad cuenta 73 brotes, el 80% de ellos localizados en Galicia, Aragón y Cataluña. Al menos quince comunidades autónomas, la práctica totalidad de todas ellas, cuentan con focos activos. Dadas las circunstancias y finalizado el Estado de Alarma, el gobierno ha solicitado a las autonomías una actuación tan "contundente" como les sea posible. Sólo en Aragón se ha traducido en un regreso a la fase 2.
Tendencia. España afronta un problema similar al de otros países. El coronavirus no ha remitido. La relajación de las restricciones y el regreso de la vida social, como los ejemplos israelíes y australiano evidencia, conllevan un riesgo real. España registraba 3,09 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes el día previo a la derogación del Estado de Alarma. Desde entonces la cifra ha crecido. Hoy se ubica en los 4,99.
El acumulado de casos durante los últimos siete días muy ilustrativo del problema: de los 1.450 contagios semanales a 20 de junio, cifra mínima desde el inicio de la pandemia, hemos pasado a los 2.347 de los últimos días. Ahora mismo y desde el final del Estado de Alarma, la tendencia es al alza semana a semana.
¿Confinar? Como ya sucediera en marzo, la incidencia es muy desigual en función de las comunidades. Provincias como Lleida (202 casos/millón de habitantes), Lugo (49,2), Madrid (33,9) o Huesca (89,2) centran las alarmas. ¿Les toca regresar al confinamiento? Sólo tres comarcas oscenses han dado un paso atrás. Al margen de la imposibilidad de cercenar movimientos, hay otros problemas. En Galicia, por ejemplo, un regreso al confinamiento similar al de marzo o abril impediría celebrar las elecciones.
Aviso. El runrún de un confinamiento general de toda España ha llegado a los medios y a la arena política. Hace unos días, Salvador Illa, ministro de Sanidad, sólo contemplaba un regreso a la cuarentena más estricta si "se diera el caso de una transmisión descontrolada que afectara a más de una comunidad autónoma". Cosa que sucedió en marzo. Montero, portavoz del gobierno, ha sido algo más rotunda: si fuera necesario en algún momento, el ejecutivo plantearía el Estado de Alarma "sin ninguna duda".
Dilema. Es el mismo que a principios de marzo. Sabemos que el confinamiento es la medida más efectiva contra el virus. Pero también que, para maximizar sus beneficios, se debe declarar cuando la epidemia no parece tan urgente. Fue la clave del éxito de Dinamarca o Portugal, y allí donde Italia o España fracasaron. Sucede que esto obliga a decisiones políticas muy difíciles: cerrar el país cuando la situación no parece tan grave, causando un enorme daño a la economía.
Es el dilema al que España se aboca de nuevo si los contagios crecen. Uno especialmente difícil en un contexto de vital reapertura y salvación de la temporada de turismo, tan crucial.
Situación real. Por el momento y pese a los rebrotes, la situación sí parece más controlada y estable. Las autoridades sanitarias están más alertas. Algunos municipios y bloques de edificios se han confinado. La trazabilidad, aunque exigua, existe. Pero es ahora y no más tarde cuando España debe plantearse decisiones drásticas si el peor escenario se repite. De lo contrario, recaerá en un error similar al de marzo.
Imagen: Daniel González/GTRES
