A comienzos de septiembre, el grupo saudí STC anunció la compra del 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros. Esa operación le convertía directamente en el principal accionista de la teleco española, por delante de BBVA, BlackRock y CaixaBank.
Aunque de momento sólo ha llevado a cabo la compra del 4,9% del capital social de Telefónica, el Gobierno anunció a finales de octubre que estaba explorando la posibilidad de comprar una participación en la teleco. La justificación: es una empresa estratégica para España en el ámbito de las telecomunicaciones y de la defensa.
Esa posibilidad se ha hecho realidad y, esta misma semana, la SEPI ha recibido luz verde en el Consejo de Ministros para comprar hasta un 10% por unos 2.000 millones de euros. El Estado vuelve a Telefónica 26 años después de su privatización y eso puede abrir una nueva era en la compañía.
2.000 millones de euros para ¿proteger? Telefónica
La noticia nos pilló por sorpresa el pasado martes por la tarde: el Gobierno ha autorizado la compra de hasta un 10% de Telefónica en lo que parece un movimiento para protegerse de ese 9,9% que pretende el grupo saudí STC.
Imagen: Eduardo Rodríguez en Unsplash
Sabíamos que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) estaba estudiando la forma de adquirir una participación accionarial en la teleco, pero no esperábamos que sería tan amplia. La opción inicial que se barajaba era comprar un 5%, pero finalmente será el doble. Y el dinero destinado para ello, nada menos que 2.000 millones de euros.
Recordemos que la privatización de Telefónica se inició a mediados de los 90 con el PSOE de Felipe González y se completó en 1997, durante el Gobierno de José María Aznar. Por tanto, la irrupción de la SEPI en el accionariado, cuando se lleve a cabo, supondrá un renacionalización parcial de la compañía.
Saudi Telecom Company (STC), por el momento, sólo ha adquirido el 4,9% del capital social de Telefónica, pero sus intenciones pasan por ejecutar otros instrumentos financieros (derivados) que representan el 5% restante hasta alcanzar el 9,9% anunciado inicialmente.
Ese 9,9% está justo por debajo del conocido como 'escudo antiopas', pero el Gobierno debe autorizar la compra del 5% debido al carácter estratégico de Telefónica en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional. STC no ha solicitado aún la autorización, pero todo apunta que lo hará finalmente.
José María Álvarez-Pallete, Presidente de Telefónica (Imagen: Telefónica)
¿Qué opciones le quedan al Gobierno? Negar la autorización, lo que podría acarrear un conflicto geopolítico, o intentar contrarrestar la entrada de STC. Y ha optado por lo segundo justificándolo así:
"La participación de Sepi permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. Sepi procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario".
Baile de sillones en el Consejo de Administración
Precisamente esa intención de minimizar el impacto en la cotización es lo que puede provocar que el proceso que ha puesto en marcha la SEPI se demore hasta cuatro meses. Podría comprar grandes bloques de acciones, pero ninguno de los principales accionistas (BBVA, BlackRock, CaixaBank y la propia STC) están dispuestos a vender. Y el endeudamiento de la SEPI ya es considerable.
Imagen: Telefónica
La opción que queda es ir adquiriendo acciones progresivamente hasta alcanzar ese límite del 10% que ha marcado el Gobierno. Eso significa que las consecuencias de la entrada de la SEPI en Telefónica no serán inmediatas, sino que empezaremos a verlas en unos meses.
Tampoco sabemos cuáles son las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez con esta operación: si simplemente quiere tomar precauciones y equilibrar la entrada del grupo saudí, o si, por el contrario, pretende controlar una de las empresas más importantes del país.
Tenemos el precedente de otras compañías como Indra o Hispasat donde también ha entrado el Gobierno y ha ejecutado cambios importantes en puestos relevantes. Pero Telefónica tiene una dimensión que le hace ser una empresa completamente diferente al resto, así que las consecuencias pueden no ser las mismas.
Fuentes del sector hablan de una posible sustitución de que José María Álvarez Pallete a medio plazo y de la entrada del Gobierno en el Consejo de Administración de la empresa. Esto último es lo que parece más viable, pues cinco consejeros tienen que renovar su cargo en junio de 2024.
Como el Consejo está formado actualmente por 15 miembros, para reclamar un vocal, un accionista debe acreditar una participación del 6,66% del capital. Eso significa que tanto STC como la SEPI, teóricamente, sólo podrían tener un vocal, pero el Gobierno podría forzar la entrada de un segundo consejero.
Las renovaciones de esos cuatro vocales marcarán en buena parte el nivel de influencia que el Gobierno en Telefónica. Recordemos que, actualmente, la compañía se encuentra inmersa en la negociación del convenio colectivo y acaba de alcanzar un principio de acuerdo con los sindicatos para llevar a cabo un ERE.
Es un momento delicado para la compañía a las puertas de un año muy importante en su Historia: el del Centenario.
Imagen de portada | Xataka
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