En un giro que hasta hace poco parecía una opción remota, Telefónica volverá a tener al Estado entre sus accionistas. Con la luz verde para que la SEPI, el brazo inversor estatal, adquiera hasta un 10% de su accionariado, la principal teleco nacional vuelve a tener participación pública tras su privatización a finales de los noventa.
Más allá de ser una transacción puramente financiera, este movimiento abre el telón de una nueva era en la que el juego del poder no se limita a las fronteras nacionales, sino que se expande a un tablero global.
Ya no se trata de alentar la competencia o de controlar al menos una parte de una empresa crítica para la seguridad nacional (es quien provee al Gobierno o al ejército), sino de evitar influencias estatales extranjeras.
De no ser por la entrada sorpresa de STC (Saudi Telecom Company) a finales de verano en el accionariado de Telefónica, cuyo anuncio pilló a Pallete en Los Angeles, esto difícilmente habría ocurrido. Ahora, en cambio, puede ser el inicio de una tendencia a medida que China reclama el rol que amerita y los petrodólares quieren comprar influencia global.
Uno de los primeros casos que hicieron saltar algunas alarmas fue la venta del puerto griego El Pireo a Cosco, un gigante estatal chino, en 2016. Cosco pagó 281 millones de euros por el 51% de la empresa portuaria y se comprometió a aboanr otros 88 millones por un 16% adicional un lustro después, además de acometer inversiones en su infraestructura. También se incluyó un dividendo a abonar al Estado y una comisión anual por la concesión.
Antes, el país heleno ya tuvo que deshacerse de otro activo como fue la gestión aeroportuaria, aunque cayó en manos europeas, concretamente las de la alemana Fraport. Unas operaciones enmarcadas por las exigencias impuestas a Grecia en su tercer rescate.
Desde el capital saudí controlando infraestructura de telecomunicaciones hasta la guerra de los chips entre EEUU y China
Aquello solo fue una gran puerta de entrada para los productos asiáticos a Europa y la antesala de una red estratégica de puertos por todo el mundo. El Pireo, por su ubicación, en el cruce entre Europa, Asia y África, fue considerado estratégico.
Shanghai International Port Group, otro gigante chino, se hizo después con el control del puerto israelí de Haifa. Sri Lanka, por su parte, estaba tan endeudada con China que le arrendó el puerto de Hambantota en 2017 por 99 años a cambio de reducir esa deuda. Según datos publicados por BBC en 2021, distintas empresas chinas ya controlan unos cien puertos en más de sesenta países.
En el caso de los países árabes, la relación con las telecos se ha hecho fuerte en los últimos años. El ejemplo de STC y Telefónica no es un caso aislado. Arabia Saudí es el segundo mayor inversor no europeo entre las grandes telecos.
A finales de 2022, Etisalat, el gigante de las telecos de Abu Dabi, elevó su participación en Vodafone hasta el 11% del capital consolidándose como su máximo accionista. Y deslizó que estudiaba una inversión en Vodacom, la división de la teleco británica que agrupa sus negocios en países africanos como Tanzania, Sudáfrica y la República Democrática del Congo.
Hay más casos: Mubadala, el brazo inversor de Abu Dabi, hizo una inversión significativa en el operador británico Cityfibre. Y una filial de STC, Tawal, hizo una inversión significativa en infraestructuras de telecomunicaciones en Bulgaria, Eslovenia y Croacia.
El Gobierno español ha querido evitar que se repita un caso así en Telefónica, que en palabras de Nadia Calviño es "la empresa más estratégica de España", y ha aprobado una inversión de unos 2.000 millones de euros en la teleco por una cuestión de seguridad nacional, para retener la soberanía en las telecomunicaciones.
Según las explicaciones del propio Gobierno, ha tomado esta decisión para dar "estabilidad a la empresa" y para "defender el interés nacional". También mencionó su voluntad de formar un "núcleo español" dentro de su Consejo de administración aliándose con BBVA y Caixabank, que entre ambas suman en torno a un 10% de su accionariado.
Aunque el PP, principal partido de la oposición, ha criticado este movimiento del Gobierno y lo ha tachado de "populista", otras voces conservadoras lo han defendido, como José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura durante el Gobierno de Rajoy, quien ha defendido esta decisión mientras criticaba la privatización de los noventa.
También aprovechó Lassalle para recordar que incluso un país liberal como Estados Unidos está cambiando para controlar ciertos sectores estratégicos. Biden firmó este verano una orden ejecutiva para restringir las inversiones estadounidenses en áreas estratégicas de China, como la IA o la computación cuántica. Una medida que complementa otras medidas orientadas a limitar el acceso del gigante asiático a la tecnología estadounidense, como los controles a las exportaciones de semiconductores avanzados hacia China.
Otro país europeo, Alemania, también ha tomado medidas similares para limitar las inversiones extranjeras en sectores estratégicos. Por ejemplo, con la limitación a Cosco, antes mencionada, en su participación en una terminal del puerto de Hamburgo. El objetivo, dejarla por debajo del 25% del accionariado para evitar que pudiera tomar decisiones relevantes.
Hace un año, Alemania también prohibió la venta de dos de sus empresas de chips a otras empresas de capital chino. Una preocupación que venía arrastrándose desde que en 2016 la empresa china Midea compró Kuka, una empresa de robótica, pese a los esfuerzos del gobierno germano por evitar la operación, que fueron en vano.
Hace unos años, en plena tendencia de desregulación y privatización para que el Estado se abstuviera de participar en las grandes empresas nacionales, esta cuestión seguramente era tabú. Hoy, con los bloques chino y árabe, este último desagregado en varios países que quieren convertir sus petrodólares en influencia global, la historia empieza a cambiar.
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Imagen destacada | Andrés García en Unsplash.
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