El Salvador hizo historia en septiembre de 2021, cuando empezó a aceptar Bitcoin como moneda de curso legal. El gobierno presidido por Nayib Bukele hizo una gran apuesta por la criptomoneda reina: lanzó Chivo Wallet, su propia billetera electrónica; y empezó a acumular bitcoins como reserva de valor y para ofrecer bonos a sus ciudadanos. El equivalente a 30 dólares en el momento de la entrega.
Tras esta medida había varias motivaciones: dejar de depender del dólar, corregir su alto porcentaje de población no bancarizada, convertirse en un centro de innovación tecnológica y facilitar que sus emigrantes envíen dinero a su familia desde el extranjero, las llamadas "remesas", que suponen entre un 20% y un 25% del PIB del país.
Casi dos años después de este movimiento, esta apuesta ha tenido turbulencias, ha sufrido una considerable caída del valor de Bitcoin, ha dibujado más incertidumbre en el futuro del país y ha afrontado continuas dudas.
¿La respuesta del gobierno? Subir su apuesta.
Un bitcoin al día
El anuncio se hizo a finales del verano de 2021, justo antes de que comenzase una caída en barrena de casi toda la industria tecnológica, tanto a nivel bursátil como de capital-riesgo, algo que salpicó a las criptomonedas. El día del anuncio, un bitcoin valía unos 47.000 dólares, que poco después eran casi 65.000. Ahora vale 30.000 dólares.
El Salvador no solo compró Bitcoin en el momento del anuncio, cuando se había hecho con 2.381 bitcoins comprados a un precio medio de 43.300 dólares cada uno. En junio de 2022 se hizo con otros 80 bitcoins a un precio medio de 19.000 dólares cada uno. Y en octubre de 2022, Bukele anunció que empezaría a comprar un bitcoin al día, sin importar cuál fuese su valor en cada momento.
Pese a estas cifras publicadas es complicado trazar con precisión la cantidad de bitcoins que tiene el país por la opacidad del gobierno sobre el uso de fondos públicos. No hay un registro oficial que liste estas cantidades ni una institución independiente que las audite o verifique.
La escasa información compartida desde entonces llega por declaraciones a medios, como cuando Alejandro Zelaya, ministro de finanzas, admitió en junio de 2022 que habían vendido una parte de las reservas para financiar Chivo Pets, un hospital veterinario.
En aquel entonces, casi un año después de la entrada en vigor de Bitcoin en el país, algo más de dos millones de salvadoreños instalaron y configuraron su Chivo Wallet, pero solo el 20% de ellos la continuaron utilizando más allá de aprovechar los 30 dólares que entregaba el gobierno, el equivalente a casi cuatro días de salario mínimo.
Escaso respaldo ciudadano
Ese b0no era el gran reclamo de una propuesta que con el paso de los meses alcanzó los cuatro millones de usuarios. Una simple multiplicación saca el coste de esta medida: 120 millones de dólares. El presupuesto inicial era de 30 millones, cuatro veces menos.
Según su Instituto Universitario de Opinión Pública, a finales de 2022 solo el 24% de la población había usado Bitcoin para comprar o hacer pagos, el 77% consideraba que el gobierno no debía seguir gastando dinero público en Bitcoin y el 66% consideraba un fracaso su aprobación. Solo el 3% de la población consideró que su situación económica había mejorado desde entonces, y para la inmensa mayoría seguía igual.
La segunda pregunta tiene que ver con planes como los mencionados 30 millones de dólares en bitcoin bonificados (fueron el cuádruple), otros 23 millones para el programa 'Criptofriendly' u otros 150 millones para el fondo fiduciario del gobierno de cara a ayudar a la adopción de Bitcoin, según explicó el periódico local El Faro.
En su momento se dijo que este movimiento iba a ser la mecha que prendiera iniciativas similares en otros países. Casi dos años después, solo República Centroafricana ha seguido la idea de adoptar Bitcoin como moneda oficial... para desterrarla unos meses después.
Hace unas semanas tomó forma el proyecto Volcano Energy, una asociación público-privada con un presupuesto inicial de 250 millones de dólares (la inyección de capital llegará a 1.000 millones) para la creación de esta infraestructura.
La granja minera, ubicada en el municipio de Metapan, usará energía eólica y solar para lograr cifras superiores a los 240 MW. El gobierno salvadorense tendrá una participación sobre los ingresos del 23%, con otro 27% para sus inversores privados, entre quienes se encuentra Tether; y el 50% restante para ser reinvertido en infraestructura. No se aclaró la estructura general de la propiedad.
En este tiempo, el gobierno salvadoreño encontró motivos para presumir de su apuesta. Por ejemplo, cuando el ministro Zelaya sacó pecho por haber pagado a tiempo uno de los bonos pendientes, una deuda de 800 millones de dólares, más intereses.
Estos 800 millones de dólares no pueden ser únicamente atribuibles a la apuesta por Bitcoin. Incluso con un redondeo muy generoso que atribuya 3.000 bitcoins al país, las plusvalías de cada moneda tendrían que ser superiores a los 260.000 dólares, cifra que ni siquiera está cerca de su valor unitario. Pese a que en las declaraciones a medios vincularon su apuesta con esta capacidad para pagar la deuda, es complicado ver la correlación entre ellas.
Si bien el gobierno si deslizó esta correlación como una forma de contraatacar las advertencias anteriores sobre el peligro de esta apuesta, el FMI se reiteró en su opinión en febrero de 2023, cuando sugirió a las autoridades salvadoreñas que "deberían reconsiderar sus planes para ampliar las exposiciones del gobierno a Bitcoin", explicando que los riesgos no se habían materializado hasta entonces por el "uso limitado" de Bitcoin hasta la fecha, pero que el uso de la criptomoneda podía crecer dada su condición de divisa legal, y en ese caso sí requerirían ser abordados.
El FMI, no obstante, también destacó que la economía salvadoreña ya logró recuperarse a niveles prepandemia, con un crecimiento del PIB real del 2,4%, cifra superior a su promedio histórico; pero advirtió que seguía siendo esencial una mayor transparencia sobre las transacciones del gobierno en Bitcoin y sobre la situación financiera de Chivo Wallet.
Un mes después, el FMI hizo una evaluación de las políticas económicas, financieras y cambiarias de El Salvador, pero en abril anunció que las autoridades no dieron su consentimiento para que el informe fuese publicado.
Hostos Rizik Lugo, director ejecutivo por República Dominicana del Banco Centroamericano de Integración Económica, felicitó a Zelaya por el hito de haber podido pagar su deuda. La respuesta del ministro fue "Saludos bro".
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