Se acercan las elecciones. Llega la hora de votar y los candidatos a presidente del Gobierno afilan sus cuchillas políticas. Entre las armas arrojadizas, un tema recurrente de alto coste político vuelve a estar sobre la mesa: los peajes en las principales carreteras españolas.
El tema no es nuevo, ni mucho menos. El encargado de agitar el avispero ha sido Juan Bravo, portavoz económico del Partido Popular, quien ha asegurado lo siguiente en una conferencia organizada por Estudio de Comunicación.
Que todos sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el Partido Popular, sino porque el Gobierno ya lo ha comprometido aunque ni lo cuente ni lo diga. Está en el Plan de Recuperación, en la página dos, donde se dice que en el año 2024 se pagará por el uso de autovías, para que luego no se diga (si gobierna el PP) que lo ha hecho el Partido Popular. No. Ya está comprometido, lo que pasa es que se ha llevado al año 2024 para que se hiciera después de las elecciones y si les toca a ellos ya verán como lo justifican y si lo hacemos otros pues dirán que hemos subido los impuestos
Como con cualquier otro mensaje en campaña electoral (aunque la campaña electoral es ya el estado natural de las cosas), hay que prestar atención al mensaje, cómo se ha dicho y quién lo ha dicho. Porque de la implantación de peajes en las vías españolas hace años que se viene hablando.
El eterno aviso de los peajes españoles
Lo cierto es que en los últimos años hemos hablado en multitud de ocasiones sobre los supuestos peajes que tendrán que adoptar las carreteras españolas como medio para financiar sus carreteras.
De hecho, hace años que se habla de que es irremediable el pago por uso en las autovías y autovías españolas. Como sucede en Portugal, el caso más cercano al español, Europa lleva muchísimo tiempo reclamando a nuestro país que siente las bases de una nueva vía de financiación para las carreteras.
El último paso, al que se refiere Bravo, es la inclusión de esta contrapartida en el Plan de Recuperación y Resiliencia diseñado por el Gobierno actual, como medida de garantía para recibir los 70.000 millones de euros de fondos Next Generation que, entre otras cosas, permitirá financiar las inversiones del PERTE VEC, con el impulso del coche eléctrico y su industria como gran objetivo.
Entonces, los medios de comunicación empezaron a inundarse de posibles tarifas y vehículos que estarán libres de pagar. ¿Lo cierto? Lo único cierto es que no se ha decidido nada de manera oficial. Ni tarifas planas de 80 euros, ni viñetas anuales, ni tarifas kilómetro a kilómetro y céntimo a céntimo.
Las palabras desde el Gobierno y las instituciones afectadas han sido mínimas y, en general, muy vagas sobre el plan a llevar a cabo. Se ha hablado de que quien contamine más sea el que más pague y también se han lanzado al aire posibles excepciones, como a las que apuntaba Pere Navarro en 2021.
El viaje diario, el cotidiano por tema laboral, el tío que tiene que coger la autovía cada día para ir y volver del trabajo, éste queda exento del pago, si no lo crujiríamos. El viaje obligado por razones de estudio también. Perfectamente, se podría poner que la abuelita cuando va al médico también quede excluido... Es decir, que hay un cierto margen de maniobra
Y a todo lo anterior se suma una última información de El Confidencial del pasado año, en la que se informaba que no sólo se planteaba instalar peajes en las carreteras de titularidad estatal y que también podían llevarse a cabo en las autonómicas y las municipales. De hecho, la posibilidad de pagar por entrar a las zonas de bajas emisiones de las ciudades también ha sido un tema recurrente en los últimos tiempos.
Pero todo esta polémica medida viene de mucho antes. Las reuniones para decidir cómo debían ser estos peajes se han ido dilatando hasta dejarse completamente de lado. España está dando un ejemplo de procrastinación pues la polémica de los peajes lleva sobre la mesa de los Ejecutivos españoles desde 2012, con Mariano Rajoy al mando del Gobierno.
Entonces, los informes imponían la obligación de establecer peajes de tres céntimos/kilómetro si se quería que la inversión en la nueva infraestructura fuera viable y, además, sirviera para posicionarse como una nueva línea de financiación. Entonces los informes apuntaban a ingresos para el Estado de entre 2.700 y 3.000 millones de euros anuales.
En 2018, también el Partido Popular, estuvo estudiando la instalación de peajes en las carreteras españolas. En los informes se volvía a situar el beneficio para el Estado en unas cifras muy similares y apuntaban a 2021 como el año en el que tendrían que comenzar a funcionar para cumplir con las cifras esperadas.
Desde 2012, hemos vivido en España cuatro elecciones generales y caminamos a la quinta, una moción de censura, dos presidentes del Gobierno y, efectivamente, un consenso no explícito para seguir estirando las exigencias europeas respecto a los peajes en las carreteras españolas.
En Xataka | El Gobierno no se ha olvidado de extender los peajes por las autovías de España. Estos son sus últimos pasos
Foto | Xataka con Mid Journey
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