España está dando una lección de procrastinación en una política impuesta por Europa: los peajes

España está dando una lección de procrastinación en una política impuesta por Europa: los peajes
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Instalar peajes en las carreteras españolas. Una medida a la que el Gobierno se comprometió con Bruselas en 2021 y con la que han corrido ríos de tinta (digital y de la que mancha). Casi un año después de ir conociendo los primeros detalles, sólo tenemos una cosa segura: tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas.

Pagar por circular. De una u otra manera, como ya veremos. Pero, al menos, esto es a lo que se comprometió el Gobierno con la Unión Europea como una de las contrapartidas para poder acceder a los 70.000 millones de euros de ayuda de los fondos Next Generation. Es la concreción de una posibilidad que lleva una década encima de la mesa.

A falta de la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, la partida dedicada a la conservación y mantenimiento de las carreteras españoles en 2022 fue de 1.371 millones de euros. Una cantidad que el Estado quiere suplir o, al menos, atenuar con el pago por uso.

¿Cuándo? Si nos atenemos al Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno presentado ante la Unión Europea, los ingresos por el uso de las carreteras españolas deberían engrosas las arcas del Estado a finales de 2023. El objetivo primero era que éstos peajes funcionen a pleno rendimiento en 2024.

Pero la fecha está en duda. En primer lugar, el proyecto de los PGE 2023 no parece tener referencias a estos nuevos pagos. En segundo lugar, a finales del próximo año habrá elecciones, de agotar toda la legislatura, con la carga política sobre las decisiones tomadas que ello tiene. Y, además, el Gobierno se había marcado el mes de marzo de este año como una cita ineludible para hablar con los sectores afectados, como sindicatos o transportistas. Estas reuniones, sin embargo, no se han llevado a cabo.

¿Cómo y de qué tipo? Es una de las grandes dudas y a la que, de momento, no podemos dar respuesta. En octubre de 2021, El Español recogía que el Estado podría empezar este nuevo sistema de peaje con una viñeta que sirva de tarifa plana. Es una pegatina que se pega en el parabrisas y con la que tenemos acceso a las carreteras de pago. Las tarifas pueden variar en función de los días que se utilice o el tipo de vehículos, como sucede en Suiza, Austria o Hungría.

Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, en las declaraciones de los miembros del Gobierno se ha instalado la idea de que pagará más el que más contamine. Es decir, que se ha ido lanzando un globo sonda de que se pagará por uso y no mediante una tarifa plana. De ser así, se buscaría un sistema similar al de Portugal, cuyos pórticos recogen los kilómetros recorridos por cada vehículo y la cifra que deben abonar.

¿Cuánto y quiénes? La gran pregunta. Desde que se confirmó la noticia, los rumores se han ido sucediendo. En un primer momento, El Economista apuntó a que se pagarían 80 euros anuales por el uso de una viñeta. Con el paso de los meses y el giro hacia un "pago por uso", los rumores han ido desde los cinco céntimos a un céntimo por kilómetro recorrido.

Otra duda por despejar es si los vehículos pesados pagarán lo mismo. En el País Vasco están por llegar nuevos peajes que sólo afectarán a este tipo de vehículos. Además, unas declaraciones de Pere Navarro en mayo de 2021 apuntó a que no pagarían los que fueran a trabajar, a estudiar o al médico. Desde entonces, ningún miembro del Gobierno ha vuelto a hacer referencia a esto.

Últimos movimientos. En resumidas cuentas, no hay nada firme ni aprobado que nos permita saber cuándo se empezará a pagar por el uso de las carreteras españolas, cuál será la cantidad ni quiénes serán los conductores afectados.

El último movimiento conocido es que, en junio, la Dirección General de Carreteras encargó la elaboración de varios informes sobre un nuevo sistema de financiación de las carreteras a Ineco, quien ha su vez ha contratado lo servicios de asesoría de KPMG Abogados.

La gran novedad es que en esta ocasión se habla de “las implicaciones que podría tener la posible extensión del nuevo modelo de gestión y financiación a otras redes viales gestionadas por distintas administraciones públicas a la Administración General del Estado, tales como comunidades autónomas, provincias y municipios”, según El Confidencial. Es decir, que el peaje se aplicara en todas las vías rápidas españolas y no sólo en las dependientes del Estado.

Foto | Emilio

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