El Gobierno mete quinta en su plan de extender los peajes por las carreteras estatales de España. Tras meses de vaivenes, aparentes pasos atrás, un intenso debate político, en las calles y el propio seno del Ejecutivo y, sobre todo, mucho, muchísimo ruido mediático, el equipo de la ministra Raquel Sánchez avanza en su meta de que “pague más quien más usa y contamina” en los viales.
No cambia tampoco el horizonte, que apunta a 2024.
¿Cuál es la novedad? Que hay pasos adelante. A nivel preliminar y de planificación, aún; pero pasos al fin y al cabo. En junio la Dirección General de Carreteras encargó la elaboración de varios informes sobre un nuevo sistema de financiación de las carreteras a Ineco, que, a su vez, acaba de contratar los servicios de asesoría y consultoría a KPMG Abogados por 89.000 euros.
Avances, en definitiva, en sintonía con lo que ya dejaba entrever antes del verano la ministra. A principios de junio Raquel Sánchez descartaba iniciar por el momento el debate con los profesionales del transporte, pero ya dejaba claro que España cumpliría con lo comprometido ante Bruselas y la medida acabaría aplicándose. Para sentarse con el sector, eso sí, apostaba por un “momento más propicio” que el que dejaba, ya por entonces, el alza brutal de los precios del carburante.
¿Qué deja ver el Gobierno? Si bien las novedades se limitan a la esfera administrativa, dejan algunas claves de los planes del Gobierno. Como precisa El Confindencial, que ha avanzado los últimos pasos adelante, el Gobierno demanda información sobre la situación fiscal de la red general de carreteras, el transporte de mercancías y un análisis del impuesto especial a los hidrocarburos. En resumen, hacerse con una imagen “global de la implantación del pago por uso en España”.
Consciente de lo delicada que será la implantación, el Gobierno quiere curarse en salud, dejarlo todo bien atado ya en la fase de estudio y evitar futuros problemas con casos de evasión, fraudes o incluso posibles denuncias. La misión está clara: “garantizar la viabilidad” del sistema.
¿Peajes en qué viales y desde cuándo? Otra de las claves y otro de los puntos sobre los que la nueva documentación del Gobierno arroja algo de luz. En cuanto a fechas, el Gobierno analiza “la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que podría implantarse a partir de 2024”. Los diferentes documentos apuntan a ese horizonte, el mismo que se maneja desde hace meses. Interesante es también lo que se apunta sobre qué tipo de viales se incluirán.
El estudio que acaba de encargar Transportes —precisa El Confindecial— quiere tantear “las implicaciones que podría tener la posible extensión del nuevo modelo de gestión y financiación a otras redes viales gestionadas por distintas administraciones públicas a la Administración General del Estado, tales como comunidades autónomas, provincias y municipios”. No es una idea nueva, sino una declaración que incide en algo que lleva más de un año sobre la mesa: la posibilidad de que la medida no se limite a autovías estatales u otras vías dependientes de la administración central.
¿Cuánto costará y cómo se aplicará? Sobre esos detalles nada nuevo se sabe, aunque desde 2021 sí se han ido desgranando pistas que indican por dónde podrían ir los tiros. En un principio se apuntó a un coste de entre 3 y 5 céntimos por kilómetro recorrido, dato que después descendía a 1. El cómo es casi igual de relevante que el cuánto. Se ha planteado iniciar el cambio con un modelo de viñeta y un pago fijo para pasar más tarde a otro mecanismo que gravaría los kilómetros.
Ejemplos no le faltan a España. Para bien y para mal. Países como Italia o Austria dejan buenas muestras de sistemas de pago. También Portugal, que a finales de 2020 estrenó un polémico modelo de telepeaje en sus autovías, con pórticos, que generó un profundo malestar entre los usuarios y serios problemas en el tráfico transfronterizo, lo que afectó a las regiones limítrofes.
Y la pregunta del millón: ¿Por qué? Como recordaba Raquel Sánchez en junio, durante un foro público, la implementación de peajes se recoge en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, lo que equivale a una apuesta del Ejecutivo. Lo cierto es que el Gobierno se comprometió con Bruselas a adoptar un mecanismo de pago por el uso de la red de carreteras para recibir la valiosa inyección de los fondos de recuperación Next Generation: más de 70.000 millones de euros.
Habría otro argumento mucho más práctico para arropar la medida, el deseo de aplicar la filosofía del “que pague más, quien más lo usa”. El mantenimiento de las carreteras estatales supone un gasto considerable para las arcas públicas: los Presupuestos de 2022 reservan 1.371 millones de euros.
¿Es este el mejor momento? Esa es la otra gran pregunta. Con el telón de fondo de la inflación, el encarecimiento de los combustibles y una crisis profunda y reciente con el sector del transporte, ¿es el mejor momento para aplicar nuevos peajes? En junio Sánchez descartaba empezar el debate con las empresas precisamente por lo complicado del contexto. “Lo plantearemos en el momento más propicio y siempre con consenso, pero ahora no se dan las bases para facilitarlo”, deslizaba.
Habría otros dos ingredientes igual de relevantes. El primero, el escenario electoral, con una cita general con las urnas a finales de 2023, supuestamente la antesala de la aplicación de los nuevos peajes. La segunda, que no deja de ser curioso que se estrenen gravámenes poco después de que algunas autopistas hayan pasado a ser gratuitas y de que el propio Gobierno se haya visto obligado a adoptar medidas de bonificación para evitar, precisamente, el impacto económico de las tasas.
Imagen de portada | Calafellvalo (Flickr)
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