San Francisco, cuna de las desarrolladoras tecnológicas, se acaba de convertir en la primera ciudad de los Estados Unidos en prohibir el uso del reconocimiento facial. La junta de supervisores de la ciudad (una figura legal similar al ayuntamiento) aprobó la ordenanza “Parar la vigilancia secreta” por un voto casi unánime. La medida pone el foco en uno de los debates que ya está llegando a las ciudades: cuál es el límite de las administraciones a la supervisión de nuestros datos biométricos.
Una norma con limitaciones. Lo aprobado no sirve para evitar esa invasión a la privacidad en todos los campos. Funciona para distintos estamentos municipales y policiales, pero queda fuera de ordenación lo que hagan individuos, negocios privados, agencias federales y el aeropuerto de la ciudad. Pese a todo, es una medida ambiciosa.
Contra las minorías. Anteriormente se ha visto que por cómo funciona el desarrollo de muchas tecnologías es habitual que las herramientas presenten más problemas con grupos sociales minoritarios y/o desfavorecidos. En lo referente al uso de la policía de San Francisco del reconocimiento, hasta ahora se hacía sin que la tecnología estuviese regulada, y su uso era bajo su propia discreción. Un reciente estudio del Centro de Georgetown para la Privacidad y la Tecnología detectó que sus herramientas de reconocimiento facial tenían mucho más margen de error con los afroamericanos.
Los primeros, pero no los últimos: en este mismo mayo Oakland, California, tendrá que debatir si incorporar su propia prohibición. También los estados de Washington y Massachusetts están considerando medidas similares. Por ejemplo, la propuesta que hay en Washington insta a las administraciones a no incorporar estos mecanismos hasta que se certifique que son igual de fiables en su reconocimiento de diferentes razas, tonos de piel, etnias, géneros o edad, con la idea de no hacer una “discriminación por algoritmo”.
¿Nadie piensa en los niños? Microsoft, cuyo discurso público defiende que es una tecnología que debe ser “regulada” pero no “prohibida”, está luchando para que esta norma no se apruebe. Su argumento, así como el del resto de sus defensores, es que no puede desecharse una buena idea por algunos problemas iniciales de aplicación. Para ellos, prohibir la recogida de estos datos también puede impedir, por ejemplo, la búsqueda de niños y ancianos perdidos, por no hablar de sus efectos directos y disuasorios ante la criminalidad.
Un debate aún temprano en Europa. De hecho, la Unión Europea acaba de mostrar un gesto totalmente inverso. Se ha aprobado la creación de una base de datos con huellas dactilares y reconocimiento facial de las personas que entran en el espacio Schengen. Buena parte del pretexto viene por la eficiencia a la hora de combatir amenazas terroristas y perseguir a los criminales que crucen nuestras fronteras internas.
¿Y España? De momento ninguna legislación específica, y eso que el reconocimiento facial ya ha llegado a nuestras calles, aunque esto de momento está limitado a algunos cajeros de la banca y a ciertos establecimientos hoteleros.
